Cancún, QR. Bajo la justificación de que el Tren Maya funcionará como corredor humanitario para comunidades indígenas del sureste mexicano y al mismo tiempo como medio para salvaguardar las costas y la frontera con Centroamérica, el gobierno federal ordenó la ocupación inmediata de ocho predios en los municipios de Tulum y Solidaridad.

Este nuevo componente de protección fronteriza se agrega apenas unos días después de que el gobierno federal asignó al tren la condición de proyecto de seguridad nacional para reanudar los trabajos del Tramo 5 sur, aún a pesar de que existe una suspensión definitiva concedida por un juez de Yucatán.

En las cuatro declaratorias previas mediante el cual se enumeran las causales del gobierno federal para comprar o, en su caso, expropiar la tierra de propiedad privada que será empleada en el Tren Maya, no se había mencionado este carácter humanitario y de salvaguarda de las fronteras que ahora sí se la asigna al proyecto.

Según el decreto de ocupación de terrenos publicado, el tren será el único medio a través del cual “se entregarán apoyos alimentarios, médicos, etc. para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano, pues tendrá un flujo constante y solo por su conducto se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz”.  

Respecto al componente de seguridad fronteriza, sólo refiere que “la ubicación del tren es fundamental” para proteger la zona limítrofe con los países centroamericanos.

Los terrenos a ocupar de manera inmediata son los que se declararon de utilidad pública el pasado 12 de julio. En su conjunto suman 165,250.25 metros cuadrados, es decir, 16.2 hectáreas, que pertenecen a ocho inmuebles de propiedad privada, tres en Solidaridad y cinco en Tulum.

“Derivado de la importancia que representa el Proyecto Tren Maya, y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario público, es procedente decretar la ocupación temporal inmediata de dichos polígonos, en términos de los artículos 2 Bis, 4o. y 7o. de la Ley de Expropiación, con base en el artículo 8 Bis de la misma ley”, se lee en el decreto.

“Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe proceder al pago de la indemnización a quien corresponda, en términos de la normativa aplicable”, añade.

Vocaciones

El Aeropuerto de Tulum y la Base Aérea Militar que lo complementará ya tenía asignado este componente de seguridad fronteriza.

En las solicitudes de recursos que la Secretaría de la Defensa Nacional hizo ante la Secretaría de Hacienda para este proyecto se menciona que la nueva terminal aérea tendrá “como principal objetivo el contribuir a la mejora de las operaciones de vigilancia en la frontera sur del país, además será un referente importante en la atención de eventualidades meteorológicas como huracanes y tormentas tropicales”.

Se menciona además que dichas instalaciones contarán con la infraestructura correspondiente al Aeropuerto Internacional de Tulum, el cual “permitirá impulsar el crecimiento económico y la competitividad antes otros mercados internacionales”, sin embargo, la mayor de las actividades descritas y relacionadas con el proyecto tienen que ver con “vigilancia en el espacio aéreo en la frontera sureste, así como atención oportuna y estratégica ante las afectaciones por desastres naturales”.

Se especifican las acciones que se desarrollarán en la base militar como transporte de personal, evacuación de heridos y damnificados, transporte de carga, despensas, artículos de primera necesidad, así como acciones de búsqueda y rescate; todo esto derivado de que “no existe infraestructura aeroportuaria en la Riviera Maya capaz de soportar eventos hidrometeorológicos graves que permitan la atención prioritaria de la población…”, se lee en el documento.

(Con información de El Economista)