Washington intensifica su guerra contra los cárteles mexicanos. El Gobierno de Joe Biden ha tomado este miércoles dos nuevas medidas para tratar de frenar la cadena de suministro y las redes financieras de las mafias de narcotraficantes que operan al otro lado de la frontera. El Departamento de Estado ofrece desde hoy una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información relevante que lleve a la detención o a la condena de cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, sanguinario fundador del cartel de Sinaloa sentenciado en 2019 a cadena perpetua tras su extradición a Estados Unidos. El presidente ha firmado además una orden ejecutiva que actualiza las sanciones contra sus herederos y otros cabecillas de esa organización criminal, además del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas y los grupos que controlan el tráfico ilegal en el norte de México.
En el blanco de la Administración estadounidense se encuentran especialmente Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Además de hijos de El Chapo, señala un comunicado del Departamento de Estado, “los cuatro son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa y cada uno está vinculado a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”. Tres de ellos han sido incluidos también en la nueva lista del Departamento del Tesoro para evitar que sorteen las sanciones ya impuestas a largo de la última década. El propósito de la orden, según ha informado esa dependencia, es proporcionar “nuevas herramientas para abordar los cambios en el comercio mundial de drogas ilícitas” que entre 2020 y 2021 ha dejado más de 100.000 muertos por sobredosis en Estados Unidos.
“Cuando las organizaciones criminales transnacionales se involucran en el tráfico de drogas y armas de fuego, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el ciberdelito y el lavado de dinero […] amenazan la salud pública mundial, su seguridad y la seguridad nacional de Estados Unidos y al mismo tiempo facilitan la corrupción que socava la estabilidad y la seguridad de las naciones amigas”, se lee en el Comunicado del Departamento de Estado. Con estas premisas, el Gobierno de Biden pretende dar “pasos importantes” en su lucha contra el narcotráfico y “la peor epidemia de drogas” de su historia reciente, sobre todo por el aumento del consumo de heroína y opioides sintéticos como el fentanilo.
Otro decreto firmado por Biden este miércoles crea un organismo bautizado como Consejo contra el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés). Esta entidad podrá pedir apoyo al Departamento de Estado y otros cinco departamentos y agencias federales “para combatir el crimen organizado transnacional de manera más efectiva”. Estas medidas de la Administración estadounidense llegan justo un día después de que Washington y México formalizaran en Ciudad de México el comienzo del llamado Entendimiento Bicentenario, un acuerdo que busca hacer frente a la última crisis de seguridad alentada por una nueva guerra entre cárteles.
El programa, que sustituye la llamada Iniciativa Mérida, un plan que contemplaba inversiones millonarias en México y se remontaba al Gobierno de George W. Bush, plantea un giro en la lucha contra el consumo de drogas y hace hincapié en el desarrollo de las comunidades como premisa fundamental. El documento consta de tres objetivos y 10 medidas, aún no cuenta con un presupuesto claro y el propósito central es el de reducir la violencia y los asesinatos, lo que en definitiva significa combatir a los cárteles de narcotraficantes que operan a ambos lados de la frontera. Con especial énfasis en el Cartel de Sinaloa.
Las medidas adoptadas recientemente buscan, en cualquier caso, acorralar a ese grupo criminal. Hace un mes el Departamento de Estado también ofreció otra recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de un hermano de El Chapo, Aureliano Guzmán. A finales de noviembre, su esposa, Emma Coronel, fue condenada a tres años de cárcel por lo delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. La batalla judicial contra sus hijos es el último capítulo de la guerra contra el narco.
(Con información de El País)