El 1 de septiembre iniciaron actividades formales en el Congreso de la Unión. Por primera vez en la historia de la democracia mexicana tenemos el mayor número de mujeres legisladoras: más del 48%. Dicha cifra es resultado de la aplicación estricta de la ley y de medidas adoptadas por el INE para garantizar el acceso a los órganos de representación.
Hasta hace unos días, existía un reconocimiento público a los partidos políticos por haber dado cumplimiento a las reglas de postulación de mujeres impuestas por la autoridad electoral. Sin embargo, la actitud cambió cuando hubo noticias que en Chiapas se habían presentado renuncias masivas de mujeres candidatas que tenían altas posibilidades de integrar el Congreso del Estado y algunos ayuntamientos.
Antes del 15 de septiembre, fecha en que la autoridad local debía realizar la asignación de representación proporcional para integrar debidamente el Congreso del Estado y los ayuntamientos de Chiapas, había información que después de la jornada electoral, 43 mujeres habían presentado su “renuncia voluntaria” a la candidatura.
La razón principal que señalaban las mujeres para renunciar es que se les habían dicho que no era necesario continuar con su registro como candidatas, ya que habían perdido en la elección del primero de julio. Evidentemente dicha situación era un engaño. Si se cuenta con un registro en las listas de representación proporcional y todavía la autoridad no realiza la asignación correspondiente, sí existen posibilidades de acceder al cargo.
Pero el problema fue creciendo y adquirió mayor complejidad, pues con dichas renuncias algunos partidos políticos ya no contaban con mujeres para participar en la asignación de diputaciones o regidurías de representación proporcional. Así, el efecto de dicha conducta es que el lugar que le correspondería a las mujeres sería ocupado por hombres.
De esta forma se revivía el caso de las “juanitas” de 2009 (mujeres que ganaban sus elecciones y renunciaban para que hombres asumieran el cargo), lo cual es inaceptable, pues pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de las reglas constitucionales de paridad y que fueron creadas precisamente para evitar dichas conductas.
Ante ese escenario y ejerciendo una de las facultades que le otorga la ley, el INE estableció que la entrega de constancias de asignación de representación proporcional siempre debe observar las reglas de alternancia de género.
La decisión del INE fue tajante: Bajo ninguna circunstancia las autoridades electorales locales pueden asignar una diputación o una regiduría por el principio de representación proporcional a un hombre, si este lugar corresponde originalmente a una mujer.
Ante la falta de mujeres candidatas, el INE decidió que el derecho a integrar el órgano, ya sea legislativo o municipal, corresponde a la fórmula de mujeres que haya obtenido el mayor porcentaje de votación en su distrito o municipio el día de la elección. En caso de que no sea posible realizar lo anterior, las diputaciones o regidurías deberán reasignarse, siguiendo las reglas establecidas en la ley, entre los demás partidos que sí cuenten con fórmulas de mujeres.
Hoy parece evidente que las “renuncias voluntarias” de mujeres candidatas en Chiapas tenía un objetivo claro: impedir su derecho a integrar el Congreso local o algún Ayuntamiento. Por ello, si las renuncias en Chiapas se generaron por presión, es necesario investigar y sancionar severamente a quien resulte responsable.
Si las renuncias se generaron a través de engaños, no solo es necesaria una capacitación institucional vigorosa sobre los derechos que tienen las mujeres que deciden incursionar en política, sino también que se vigile con más rigidez la forma en que los partidos políticos ejercen el gasto que por ley corresponde a la capacitación, empoderamiento y desarrollo del liderazgo de las mujeres.
Hace una semana el INE aprobó un protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de dichos recursos. Su objetivo es establecer criterios de orientación y pautas de actuación a los partidos políticos nacionales y locales para que cumplan eficientemente con dichas obligaciones. Ya no hay pretextos para su incumplimiento.
Lo ocurrido en Chiapas genera señales de alerta sobre la violencia política que sufren las mujeres en esa entidad y obliga a las autoridades a estar atentas sobre conductas que buscan vulnerar el cumplimiento a las reglas de paridad entre los géneros y lesionar el derecho de mujeres.
Hoy debemos recordar a quienes realizan ese tipo de acciones lo siguiente: 1) así no funciona la democracia y 2) las reglas de paridad entre hombres y mujeres no están sujetas a concesiones. Por ello, las “renuncias voluntarias” que no son auténticas, al tratarse de acciones que entrañan violencia política contra las mujeres por razones de género, no deben pasarse por alto y merecen ser sancionadas con severidad.