Es una “bomba de tiempo” para miles de familias de San Fernando. De acuerdo con información extraoficial, Juan Carlos Gómez Aranda, exsecretario general de Gobierno, estaría detrás del “ecocidio” a una reserva y del daño a la salud de miles de pobladores

Christian González/Ultimátum
TGZ
Desde que comenzó a operar la empresa “Logística de Transportación y Comercialización, JB, SA de CV”, la salud de miles de habitantes de comunidades y colonias del municipio de San Fernando se ha deteriorado de manera preocupante. El ecocidio se percibe desde que una chimenea a orilla de carretera “exhala” humo todas las madrugadas.
Medicinas caducadas, restos humanos y otras sustancias tóxicas son “tratadas” para destino final, sin embargo las instalaciones no son las adecuadas y además carecen del permiso correspondiente que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Dicha planta, que maneja de manera irregular un horno de residuos peligrosos biológico-infecciosos y una bodega, empezó a funcionar desde el año 2010, pero con el paso del tiempo modificó sus permisos para incinerar esas sustancias de alto riesgo. Álvaro Obregón, Viva Cárdenas, 16 de Septiembre y Don Ventura, son algunas de las colonias afectadas de forma directa.
Manuel Balcázar, poblador de Don Ventura desde hace tres décadas y quien ha interpuesto dos denuncias (expediente: PFPA/14.7/2C.28.1/00006-18) ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños a la reserva “Villa de Allende”, recuerda que la preocupación se agudizó en febrero pretérito, cuando observaron un camión de la empresa arrojar residuos en el contenedor de ese fraccionamiento.
En junio de este mismo 2018, dice, los olores desagradables se percibían aún más, “no se disipaban tan fácil, un aroma entre plástico, tejido, lo que duraba varias horas, sobre todo por las noches”.
No obstante que interpusieron una denuncia ante la mencionada dependencia, aclara que ésta la desestimó en marzo con el argumento de que no detectó elementos que contravinieran la normatividad ambiental, oficio que firmó su propio delegado, José Ever Espinosa Chirino.

EVIDENTE VIOLACIÓN A LAS LEYES Y NORMAS

En un recorrido por esa zona, situada a menos de cinco minutos de la capital chiapaneca, una de las vecinas afectadas cuenta cómo la salud de su mamá, enferma de cáncer desde hace tiempo, se agravó aún más en los últimos meses, al igual que la de sus dos nietos, una de 5 años y otro de 2, quienes desde hace pocos tiempo empezaron a presentar dificultades respiratorias.
Con base en información, la compañía viola de forma flagrante la Norma Oficial Mexicana (NOM) 055-Semarnat-2003, la cual establece que en un área natural protegida (ANP) no puede operar una planta de ese tipo. Además, contraviene a lo establecido en el artículo 65 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, mismo que deja en claro que esas instalaciones deberían estar situadas a no menos de 5 kilómetros de poblaciones que superen los mil habitantes.
Solo la colonia 16 de Septiembre, ubicada como a un kilómetro de la planta, cuenta con alrededor de dos mil habitantes, quienes prácticamente peligran a diario al respirar lo que emana de esas quemas constantes.
Según el entrevistado, en el mismo Senado del país se emitió un punto de acuerdo en el que se le solicita a la Profepa y a la Semarnat investigar el asunto. “La primera contestó que esta instalación no era de disposición final y que, por lo tanto no le aplican las normas anteriores”, cuando es todo lo contrario, refiere.
De acuerdo con una fuente extraoficial, quien estaría detrás de “estos permisos” es Juan Carlos Gómez Aranda, exsecretario general de Gobierno en la actual administración. De hecho, uno de los nombres que surgió antes fue el de Enoc Hernández Cruz, actual coordinador de gabinete del gobierno estatal pero, según los afectados, éste lo desmintió en una reunión que sostuvieron hace unos días.
Además, no solo Balcázar, sino otros vecinos afectados, creen que la clausura efectuada la semana pasada por parte del alcalde saliente de este municipio, Raúl Martínez Paniagua, solo fue simulación.
Jorge Caralampio Figueroa Macal es el representante de la empresa, además de que aparece como asesor Jorge Guillermo Solís Nieto, cuya profesión es la de químico farmacobiólogo; “pero si revisas los padrones de la Semarnat de empresas autorizadas para el manejo de esa clase de residuos, ‘Logística de Transportación y Comercialización, JB, SA de CV’ no cuenta con la misma”, insiste.
Solo aparece un manifiesto de impacto ambiental de la Semarnat emitido en mayo de 2017, condicionado a que se solventaran las irregularidades; “porque ese manifiesto no sirve, no cumple con los requisitos”, lamenta el declarante.
Diario Ultimátum, en su recorrido por el lugar, se percató de que hay trabajadores en la planta, cuya entrada permanece cerrada. Además, se observan varias camionetas con góndola blanca en donde se presume que transportan los desechos tóxicos: sangre, tejidos, órganos contaminados o no, medicinas caducas sólidas y líquidas; orina, excremento, y el tratamiento de “aguas cansadas” para la revelación de placas de rayos X y de mastografías, entre otros materiales radioactivos. Para operar el horno, la empresa tiene un tanque de gas de 5 mil litros.
Para algunos habitantes de Don Ventura y de la 16 de Septiembre, el problema es más grave de lo que parece, debido a que el mal tratamiento de los “químicos” afectaría los mantos freáticos del lugar, e incluso la flora y fauna de la reserva. De hecho también temen que se contamine el agua que obtienen de sus pozos.

MÁS ANOMALÍAS

La situación “no para ahí”, asevera Balcázar, quien ya visitó la planta y se percató de que carece de la infraestructura necesaria para garantizar el manejo final de esos residuos. De hecho, evidencia que los trabajadores ni siquiera poseen protección, a pesar de que su labor es de alto riesgo; “ni siquiera usan guantes”, ataja.
A 5 minutos de la planta, sentada en la cochera de su vivienda en la colonia Álvaro Obregón, Gloria Elizabeth Villarreal Sánchez cuenta cómo un familiar que trabajó en esa empresa comenzó a presentar síntomas como dolor abdominal y sangrado por la boca y el recto, lo que lo llevó a la muerte hace tres años.
Para ella y sus padres, el deceso de Wilmer Eduardo Sánchez Muñoa (de 42 años de edad), originario de Honduras, fue extraño, debido a que ni los médicos del IMSS en Tuxtla sabían el diagnóstico exacto, “creo que le pusieron cáncer de colon nada más porque sí… pero creemos que fue otra cosa, porque él era chofer, llevaba todos esos desechos tóxicos de laboratorios y hospitales a otras localidades de Chiapas, como San Cristóbal de Las Casas”.
De hecho, advierte que ni siquiera le otorgaban el equipo adecuado para no contagiarse de algún mal, “laboró ahí muchos años, un día empezó con dolores, pero se lo controlaba con tomar un medicamento, y lo más triste es que la compañía no respondió por él, ni menos por sus cuatro hijos y su esposa”.
Si las autoridades no actúan de forma contundente, es decir con el cierre definitivo de ese inmueble, los entrevistados advierten que comenzarán con las movilizaciones, pues están cansados de esperar. Aunque les preocupa y ocupa una situación: que la corrupción sea más grande que velar por el bienestar del medio ambiente y de miles de familias.