En marzo de 2014 fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). En esas fechas imperaba la incertidumbre de muchos sobre la implementación de un sistema de justicia penal que, en esos momentos, corría el riesgo de no llegar su puesta en marcha en el término constitucional del 18 de junio del 2016.
Cabe resaltar que, con ello se hacia realidad el gran sueño de muchos académicos y técnicos que siempre propugnaron la necesidad de un ordenamiento nacional en esta materia para que la justicia penal fuera igual en cualquier rincón del país. Aunque todo parecía un gran éxito legislativo a la luz de una visión de derechos humanos, se generaba la duda certera de que algunos preceptos no cumplían con los estándares constitucionales e internacionales, y por tanto, era indispensable plantear su revisión ante nuestro más alto Tribunal de la nación, misma que fue presentada en aquel entonces por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de una acción de inconstitucionalidad.
Ha de señalarse desde siempre la falta de impulso y fortalecimiento del sistema de justicia penal desde las instituciones responsables de su operación, pero también es importante recibir este respaldo en los cuerpos normativos que brinden un marco legal al propio procedimiento penal, pues sin él tampoco este sistema pudiera funcionar adecuadamente. De ahí la trascendencia de que el respeto de derechos humanos emane desde la norma hasta su debida aplicación, pues sólo así se lograr un verdadero Estado de Derecho.
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no advirtió motivo de improcedencia o sobreseimiento sobre la acción de inconstitucionalidad referida y procedió a realizar el estudio de los siguientes temas: 1) Inspección de personas y de vehículos; 2) Detención en flagrancia por delitos que requieran querella; 3) Aseguramiento de activos financieros; 4) Embargo precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente; 5) Geolocalización en tiempo real; 6) Resguardo domiciliario como medida cautelar; 7) Duración de las medidas cautelares; 8) Arresto hasta por quince días como medida de apremio y 9) Asistencia jurídica internacional a petición del imputado. En los debates legislativos y consultas a expertos, recuerdo perfectamente que estos temas fueron generados por requerimientos expresos de los operadores para buscar mecanismos que generarán eficacia en sus actuaciones vs. el debido respeto a los derechos humanos y garantías de seguridad.
Cuatro años después, en el mes de junio de este 2018, se dictó sentencia en esta acción de inconstitucionalidad. Concretamente se estableció que es necesaria la autorización judicial para el aseguramiento de activos financieros; que para llevar a cabo el embargo precautorio o aseguramiento de bienes por valor equivalente también se requiere autorización judicial; con ello se dejó sin facultades al Ministerio Público para que por sí mismo pudiera ordenar o decretar estas acciones. En el tema de geolocalización en tiempo real, también fue invalidado al considerar que es contrario al derecho a la privacidad, la protección de datos personales y al principio de legalidad; así mismo, se declaró la invalidez de estimar que el arresto hasta por quince días es violatorio del artículo 21 nuestra Ley Suprema, debido a que establece que el arresto -tanto el de carácter administrativo como el decretado como medida de apremio- no puede exceder de treinta y seis horas.
Esta sentencia sin duda marca un antes y después para las acciones que policías y ministerios públicos pueden realizar para el esclarecimiento de hechos delictivos o para el procesamiento o sanción de los delitos. En consecuencia, lo que se requiere ahora es fortalecer la capacitación de nuestros ministerios públicos y policías de investigación, estructurar nuevas formas dentro del marco jurídico para que estas exigencias legales no sean un impedimento para lograr la eficacia y se logre de forma correcta las autorizaciones judiciales en este tipo de actividades, salvaguardando los derechos humanos.
Amén de impulsar una oficina de acompañamiento para el seguimiento del sistema de justicia penal vigente, pues entre otras tareas, tendrá la misión de continuar con la armonización legal aun faltante, así como la implementación de la que se encuentra vigente como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la legislación para adolescentes y robustecer el marco e insumos para que la aplicación de medidas cautelares sean una realidad.