De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Chiapas suman entre 25 mil y 30 mil personas que no pueden retornar a sus lugares de origen por diversos conflictos y falta de atención
Héctor Estrada/Ultimátum
TGZ
La intolerancia religiosa, la violencia, la inexistencia de autoridades locales eficientes y los conflictos postelectorales, siguen sumando a miles de familias de comunidades indígenas en Chiapas en la lista de desplazados que, según las últimas cifras emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suman entre 25 mil y 30 mil personas en la entidad chiapaneca, quienes hoy simplemente no pueden regresar a casa.
Continúa siendo un fenómeno que transcurre frente a la mirada de las autoridades locales, nacionales e internacionales, como si se tratase de simples cifras con las que se han acostumbrado a vivir; familias enteras a las que no les ha quedado otra alternativa que huir de sus hogares por la simple falta de gobiernos que garanticen seguridad en sus comunidades.
Aunque muchos atribuyen este abultado número de desplazados al añejo conflicto armado de 1994, la verdad es que las condiciones de riesgo, inestabilidad social y segregación, siguen lacerando a cuantiosos municipios indígenas de Chiapas.
En caso más reciente tuvo lugar en 2016 como resultado de los conflictos post electorales provocados tras la irrupción de Partido Verde Ecologista de México en alcaldías indígenas antes gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunado a la enraizada misoginia que persiste dentro de estas zonas estatales.
Son un total de 241 tzotziles, del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, quienes desde el 26 de mayo del año pasado tuvieron que abandonar sus casas, en el contexto del conflicto poselectoral por la disputa de la alcaldía entre la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez y el síndico del ayuntamiento, Miguel Sántiz Álvarez.
En el caso de Chenalhó (como en otros tantos), las familias, con embarazadas e hijos en brazos, fueron obligadas a escapar por el miedo. No importó salir sin haber comido o dejar atrás sus pertenencias. Simplemente era indispensable huir de un sitio sin ley, polígonos comunales anárquicos que en pleno siglo XXI la violencia y la fuerza es la que manda.
Sin embargo, también existes casos de importantes desplazamientos de indígenas en comunidades como Chinil, del municipio de San Cristóbal de las Casas; Venustiano Carranza, cabecera municipal de Huixtán, y en las comunidades de Satajalá y Los Llanos, del municipio de Teopisca, cuyas problemáticas se mantienen vivas.
De las miles de personas desplazadas que se estiman en territorio chiapaneco, alrededor de cinco mil se atribuyen a conflictos agrarios o religiosos; aunque el propio el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) argumenta que esta cifra sólo podría significar el 70 por ciento del total de personas que realmente viven dicha condición social.
Apenas a inicios de 2014 el PNUD catalogó el asunto de los desplazados en Chiapas como un “problema grave”; una situación que ni siquiera la recién creada Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas ha podido mermar o incidir de manera directa en abatir este grave rezago de atención social.
De acuerdo a la investigación “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, de la autora Laura Rubio, bajo la coordinación del ITAM y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDHD), de 2006 a la fecha se tienen contabilizadas 30 mil personas desplazadas por la violencia en Chiapas.
Según este mismo trabajo documental, la entidad chiapaneca es el segundo estado con la mayor cantidad de personas desplazadas, sólo por detrás del Valle de Juárez, Chihuahua, que contabiliza más de 110 mil personas en dicha condición. Además de Veracruz y Sinaloa, que siguen a Chiapas con 15 mil y 6 mil desplazados, respectivamente.
La cifra habla de una realidad que ha querido ser ignorada o, por lo menos, minimizada durante los últimos años. Es un dato duro que deja ver los niveles de violencia a la que hoy se enfrentan miles de familias chapanecas, principalmente en zona indígenas.
Tan sólo durante los últimos cinco años se han registrado desplazamientos poblacionales forzosos que han afectado a alrededor de nueve mil personas en Chiapas, dio a conocer la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Con base al reporte de este prestigiado organismo nacional, los desplazamientos forzosos en México se han mantenido como una constante durante las últimas décadas, teniendo sus mayores repercusiones en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa y Chiapas.
La cifra de desplazados forzosos en México asciende a 89 mil 859 personas, de los cuales el 10 por ciento son de Chiapas, lo que significó un total de ocho mil 895 personas afectadas en la entidad chiapaneca.
Junto al 10 por ciento de Chiapas, el 21 por ciento de los casos se presentaron en el estado de Guerrero, 14 por ciento en Oaxaca, otro 14 por ciento en Michoacán y el 12 % restante en el estado de Sinaloa.
En total, por desplazamientos voluntarios y forzados, durante los últimos cuatro años, 281 mil 418 personas tuvieron que salir de sus lugares de origen debido al recrudecimiento de los actos violentos, con 141 casos en los que se presentaron desplazamientos masivos.
En referencia a las cifras registradas durante 2014 y los dos pri
meros meses de 2015, la organización informó que se presentaron 9 mil 89 nuevos casos del fenómeno de desplazamientos forzosos, de los cuales 23 fueron de movimientos masivos.
La Comisión aclaró que las cifras difundidas representan una aproximación, ya que, explicó, en la mayoría de los desplazamientos se ven involucrados núcleos familiares pequeños, quienes abandonan sus comunidades sin que el hecho sea registrado.
Como parte de este reporte, la CMDPDH pidió al Gobierno Federal solicitar la intervención del relator de la ONU en materia de desplazamientos forzosos, pues ya que, la visita de este representante podrá ayudar a la mejor comprensión y atención del problema por parte de las autoridades del país.
A diferencia de entidades como Michoacán, Guerrero y Sinaloa, donde la violencia se encuentra principalmente ligada al crimen organizado y los enfrentamientos armados, en Chiapas y Oaxaca los desplazamientos tienen mayormente su origen en problemas agrarios y religiosos, donde la falta de autoridades eficientes es el combustible idóneo para avivar el fuego.
En Chiapas, los linchamientos, enfrentamientos comunales, expulsiones religiosas, quemas de alcaldías, tomas de caminos y despojos ejidales, siguen siendo tema de año con año, con autoridades municipales inoperantes que terminan sumándose a los violentos grupos de control o amedrentados por los mismos.
Son localidades donde el estado de derecho brilla por su ausencia y las autoridades judiciales han perdido el control. Esa es la realidad para los miles de desplazados en Chiapas, para las miles de familias, en su mayoría indígenas, que seguirán engrosando las listas extraoficiales de las víctimas de la violencia, mientras la ingobernabilidad impere en sus pueblos.
