Gaspar Romero/Ultimátum
El Trabajo Infantil
Mientras el secretario del Trabajo, Francisco Zorrilla Ravelo, presume un premio “patito” porque asegura que Chiapas es uno de los estados donde los niños no son explotados, en los cruceros de cualquier ciudad que vaya en el estado de Chiapas, se observan menores realizando una actividad laboral.
Además Zorrilla Ravelo gasta sus buenos quinquirines en lujosos restaurantes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, pero en su escritorio hay más de 20 mil expedientes laborales rezagados en Chiapas, donde la Junta de Conciliación y Arbitraje hace función de espía a favor de los patrones, y no de defensa para los trabajadores despedidos injustificadamente, ello los hace estar a la espera sin hacerles justicia, demostrando entonces que no hay un plan de trabajo.
Así se la pasa el actual secretario del Trabajo del estado de Chiapas, que es sin duda la entidad donde más se violentan las garantías laborales. Hay empleados como los que quieren los panistas, con salarios de miseria, sin prestaciones laborales y los que tienen, las prestaciones son mínimas.
Lo peor es que en complicidad con el Tribunal Civil, ve pasar en sus ojos el despido masivo de burócratas y despidos de las empresas, y ni se inmuta y tampoco se acongoja, es obvio, su familia está más que bien. Tan bien que por ejemplo su hijo goza de la libertad incondicional pese a la presunta responsabilidad durante un accidente con consecuencias fatales.
Muy mal anda el secretario del Trabajo de Chiapas, sorprende que no ven la explotación infantil en los cruceros de la capital, pese a que su vehículo en el que se desplaza todos los días con combustible pagado por las arcas del gobierno, tiene los cristales transparentes.
En el marco del día en que se celebra la Erradicación del Trabajo Infantil, Zorrilla recibió a nombre del gobierno de Chiapas un reconocimiento por parte del Gobierno Federal, por la disminución de la tasa del trabajo infantil.
Se hizo acreedor del reconocimiento debido a las políticas públicas aplicadas durante el año 2016, mediante las cuales se ha disminuido la tasa de ocupación laboral infantil, ya que un total de 32 mil 754 niñas, niños y adolescentes han dejado de trabajar.
Sin embargo, las cifras del Inegi, son alarmantes. En el estado 10.6 por cientos de los infantes trabajan y de ellos nueve de cada 10 están empleados en actividades no permitidas, es decir están en constante peligro.
Se cálcula que en Chiapas 156 mil 363 de los infantes que están ocupados efectúan actividades económicas no permitidas, igual a 96.6 por ciento del conjunto.
El Inegi estimó que en la entidad, en general, 41.5 por ciento de los menores que estaban desempeñándose económicamente estaba en esa condición por aprender un oficio, 12.5 por ciento porque necesitaba costear sus gastos educativos o personales; 11.1 por ciento porque su hogar necesitaba dinero; y 24.2 por ciento porque su hogar requería su labor. El 74.3 por ciento estaba contratado por un familiar y 3.9 por ciento trabajaba solo o por cuenta propia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. La conmemoración tiene como propósito promover el combate a ese flagelo, sin embargo, en Chiapas lo que promueven es la manipulación de las cifras, es por eso que el estado no avanza.
Lo que debe hacer Zorrilla Ravelo es renunciar a su cargo por tan nefasto resultado, porque no solo en el combate en el trabajo infantil, sino por la nula garantía laboral que hay en Chiapas, donde todas las empresas que vienen y se instalan aparte de llevarse el circulante a otro lugar, los empleados sólo cobran sus respectivas quincenas, pero no tienen derecho a la salud, vivienda, aguinaldo proporcional, vacaciones; y ya no se diga al derecho a contar con un reparto de utilidades.
El principal cliente de la mayoría de las empresas en Chiapas es el gobierno, sin embargo, nunca reportan utilidades y las juntas “especiales” están de lujo y engrosando la nomina de la burocracia del gobierno estatal.
El Cañón del Sumidero
El calvario que viven los turistas cada vez que viajan y visitan el Cañón del Sumidero, es de todos conocidos, sin embargo, es una falta de respeto de los 15 alcaldes -cuyos municipios están alrededor del río Grijalva- para ese sector debido a la falta de interés por generar programas preventivos que eviten el daño que se generan por la acumulación de basura.
Todos pierden, desde el turista que invierte su dinero para visitar esa maravilla natural, así como el hotelero, lanchero e incluso el gobierno, por no percibir los ingresos que desea y pierde más el lanchero que está al día, día. Sobrevive con el paseo de las personas. Después de ahogado el niño se busca tapar el pozo, ya que Protección Civil se acordó que tiene una ley que sanciona a las personas que arrojan basura al río Grijalva. Pero no se acordó que los ayuntamientos no hacen nada para prevenir ese tipo de afectaciones.
Mientras Luis Manuel García Moreno siga haciendo comparsa y politizando la Protección Civil de Chiapas, los daños al Cañón del Sumidero van a continuar.
Las autoridades deben ver el asunto, porque no es menor. Deben atenderlo, ya dejen a un lado la política y proceder con acciones es un grito a tiempo.
En tiempos de emergencia, deben implementar estrategias que funcionen y se conviertan en resultados, no tomarse la foto y listo. Es grave la actitud de desdén que asumen las autoridades, y me refiero a los presidentes municipales y al propio Sistema Estatal de Protección Civil, que asumen como asunto urgente la basura del Cañón del Sumidero. Son irresponsables.
