La rendición de cuentas aún sigue siendo un discurso trillado donde los responsables de aplicar la ley no lo hacen y los responsables de cumplirla tampoco. Las leyes actuales en materia de fiscalización son letra muerta.
La evolución de las reformas del servicio público ha sido constante, pero a la fecha ninguna promueve sanciones ejemplares y severas contra los servidores públicos “tentones” por no cumplir con las comprobación de gastos.
¿Será la falta de operatividad de los Órganos de Fiscalización que no permite tener las cuentas claras? O ¿La corrupción galopante le impide encarcelar a los que se llevan los dineros del pueblo?
La falta de rendición de cuentas se refleja en el ejercicio de los presidentes municipales que poco les importa cumplir la ley y que, por tanto, no contribuyen a la gobernabilidad democrática que se requiere en el pueblo.
La mala práctica en la rendición de cuentas provoca que los gobiernos tengan limitados el potencial de transparencia y por lo tanto no permite contar con un mecanismo evaluador y regulador de las acciones de gobierno y, en consecuencia, no funcione como un mecanismo de rendición de cuentas.
Aún más preocupante es que algunos funcionarios la utilicen como bandera para descarar el mal uso de los recursos públicos, sobre todo con el afán de legitimarse en el poder. Situación que sólo promueve enojo social y, en algunas ocasiones, es una especie de defensa por parte del ciudadano para justificar sus propias conductas deshonestas y actos de corrupción y no pagar sus impuestos.
Es por ello que muchos ciudadanos, por ejemplo, prefieren no pagar el predial, por el simple hecho de no ver una calle pavimentada, por no contar con alumbrado público o en su caso, agua potable.
Si la rendición de cuentas fuera una moda política, todos los servidores públicos se sujetarían a la misma sin pensar en lo que les espera una vez culminando el periodo de gobierno o el cargo público. Sin embargo, no se sujetan a la ley.
Hoy en día el Órgano Superior de Fiscalización cuenta con tecnología de punta para que los alcaldes puedan comprobar sus gastos cada mes o cada trimestre. Pero es obvio que los ediles no se preocupan en rendir cuentas, sino en el futurismo político y en el proteccionismo o complicidad para que no vayan y pisen la cárcel.
Pero también lo que se observa es la falta de personal o auditores que no permiten llevar a cabo la revisión de las finanzas en los 122 ayuntamientos de Chiapas, mucho menos para efectuar una auditoria a las dependencias de gobierno y organismos descentralizados. Lo anterior les provoca rezagos y cuando revisan un ejercicio los tiempos legales ya terminaron; los alcaldes lo saben y de eso se aprovechan para no cumplir en tiempo y forma.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la rendición de cuentas no es pareja por el simple hecho de abrir ventanas de la ilegalidad, por ejemplo, menciona que hay tres tipos de rendición de cuentas: la diagonal, horizontal y vertical.
La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participan en actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos.
La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles, o a un “sistema de contrapesos”, por parte de organismos gubernamentales con facultades para cuestionar, e incluso sancionar, a los funcionarios en casos de conducta indebida.
La rendición de cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones, la libertad de prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares.
Pero no vemos en Chiapas que los tres puntos se apliquen para mantener el orden en los gastos del erario.
