El presidente concejal del municipio de Pantelhó, Pedro Cortés López y el primer regidor concejal, Diego Mendoza Cruz, fueron detenidos la tarde del martes por elementos de la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE), como probables partícipes en la desaparición de 19 personas, ocurrida el 26 de julio de 2021. La detención de estos sujetos se realizó una semana después de que el pasado martes 15 de junio hubo un enfrentamiento entre los Motonetos y otro grupo armado que disputan el control del Mercado Norte y del comercio ambulante en San Cristóbal, violencia que se “rompió el oasis de Chiapas”, como lo tituló el periódico español El País y que al día siguiente fue tema obligado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ojalá que la captura de los desaforados políticos de Pantelhó conduzcan al rescate con vida de las 19 personas que están en calidad de “desaparecidas”, pero sólo puede ser una acción emergente de la FGE para desviar la atención y bajar la presión mediática al caso San Cristóbal, en donde a nadie sorprendió que el alcalde, Mariano Díaz Ochoa, haya admitido su incapacidad para garantizar la seguridad de la ciudad colonial, pero también prendió las luces de alarma de que la violencia tenga repercusiones negativas en la balanza turística de la entidad.
En un desesperado intento de que la percepción de ineptitud de Díaz Ochoa no se extienda al fiscal Olaf Gómez Hernández, se procedió a la detención de los integrantes del concejo municipal de Pantelhó después de que éstos dieron una conferencia de prensa frente al Congreso local, en la que aseguraron que “con armas” el grupo de Autodefensa del Pueblo El Machete, los obligó a renunciar al cargo en días pasados. Antes de ser detenido, Pedro Cortés López acusó a los comandantes del grupo El Machete de ser los principales responsables de la desaparición de personas, efectuada el 26 de julio del año pasado. Dijo que por órdenes de Daniel López Méndez, Javier Méndez Velasco, Juan Méndez Gómez (extesorero), Reynaldo Pérez Ruiz, Juan Ricardo Luna López, Abraham González y Yoni Hernández llevaron a las personas a la comunidad de San José Tercero. Los 21 hombres que están desaparecidos formaban parte o estaban vinculados de forma directa o indirecta, al grupo político fundado por Austreberto Herrera, que gobernaba el municipio de Pantelhó, y que se apoyaba en un grupo civil armado que dirigían Daily de los Santos y Rubén Herrera. Hasta la fecha, han sido los familiares de las personas desaparecidas quienes se han movilizado y emitido comunicados para exigir que estas personas aparezcan con vida.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio y la única evidencia que hay de estos hombres con vida es un video en donde un grupo de encapuchados, miembros de El Machete, los tienen amarrados en el kiosco del parque central de Pantelhó. Desde entonces, nada se sabe de ellos y las autoridades estatales y federales nada han hecho para el investigar este secuestro, liberarlos y castigar a los responsables. “La secretaria de Gobierno Cecilia Flores Pérez nos ha atendido solo en una ocasión, después de cuatro meses de solicitar a sus operadores una reunión”, expresaron los preocupados familiares de los desaparecidos a principios de este año.
La FGE dio a conocer el pasado 9 de diciembre el hallazgo de dos osamentas en el interior de una cueva en los límites de Pantelhó y San Juan Cancuc, pero de inmediato descartó que esos restos estuvieran relacionados con las 21 personas desaparecidas. La rápida aclaración de la FGE se debió a que la noticia se había filtrado de forma extraoficial a la prensa y se temía que las osamentas fueran la evidencia del fatal destino de los 21 desaparecidos de Pantelhó. Esto fue descartado por la FGE pero tampoco se informó sobre el avance de las investigaciones en torno a este caso. Y posteriormente, el Machete, el grupo que ha sido identificado como secuestrador, dijo desconocer el paradero de estas personas. En todo este tiempo ha sido evidente la pasividad de la Secretaría de Gobierno y de la FGE, ante un caso que nada tiene que ver con el respeto a la autonomía de los municipios indígenas. Se trata de una desaparición forzada y se debe aplicar la ley. RDM
