Javier Duarte y la Corrupción
Carlos Hiram Culebro Sosa/Ultimatum
Sin duda alguna, Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, es el símbolo y ejemplo de la infamia política, por su desmedida corrupción y por ello todos piden para él la condena más severa posible, por lo daños que causó a su Estado y a su pueblo. Suena como si detenerlo y procesarlo fuera el inicio de un cambio en la vida política de México y un primer golpe a la terrible impunidad que ampara a los poderosos.
Sin embargo dos reflexiones sobre: a) la importancia del proceso y b) las consecuencias que tendrá en la vida política de México.
a) la trascendencia del proceso es relativa, porque pareciera que se ha armado en complicidad con los responsables de detenerlo, para lograr dos objetivos:
1.- Que se le encarcele dejando huecos para que al final del sexenio pueda ser liberado. El haber sido entregado por las autoridades guatemaltecas le garantiza –por una norma elemental de derecho internacional- que sólo podrán procesarlo por los cargos señalados en la solicitud de extradición y consecuentemente le da impunidad en el resto de sus demás delitos. ¿Sería por ello esa sonrisa en su detención que se hizo viral en las redes sociales? Se comenta que fue detenido en México pero llevado a Guatemala para lograr limitar el ámbito de sus responsabilidades.
Con el propósito antes mencionado ahora se alega en su defensa que padece de cleptomanía, lo que lleva a preguntarse ¿cuántos procesados son habitualmente liberados bajo este criterio, o acaso es una nueva norma jurídica? Cuando el autor de estas líneas estuvo a cargo del sistema penitenciario en Chiapas, no recuerda un solo caso en que se haya argumentado ese motivo psicológico para excarcelar a un inculpado.
2.- Que se le procese por una cuantía tan pequeña frente al desfalco de casi 40 mil millones de pesos, porque así, al ser puesto en libertad, le sea posible disfrutar de su fortuna y de paso se cubren los beneficiarios de los dineros que –dice la vox populi- fueron a parar a funcionarios del Gobierno Federal. Esta segunda consecuencia garantiza que todo siga igual, porque es justicia selectiva y es evidente que el sistema subsistirá con la impunidad como garante de la mafia del poder, aconsejando a los funcionarios corruptos que si la ven difícil se salgan del país y se dejen aprehender para limitar los cargos que les puedan formular.
Veamos, como es posible que se procese al ex gobernador veracruzano y no a otros de quienes se asegura fueron -o lo siguen siendo- de mayor inmoralidad que el propio Duarte?
Lo que es corrupto es el sistema, el que no haya generalidad en la aplicación de las leyes y que cuando hay que tocar a un delincuente de la cúspide gubernamental se haga tocándolo con los pétalos de una rosa y no con la firmeza de la ley.
En todo el país se ve la corrupción gubernamental a nivel federal, estatal y municipal y nada pasa. Los ciudadanos vemos como pobres diablos surgen al poder y en menos de un sexenio tienen ranchos, grandes edificios y todo lo que sea posible ostentar. En este mismo sentido, nos asombramos del socavón de Cuernavaca, de la grave responsabilidad en ese suceso del Secretario de Comunicaciones (quien es abogado y no ingeniero como corresponde a ese encargo), y el Presidente lo sostiene en esa Dependencia mientras inventan dictámenes que acrediten que la culpa fue de la lluvia o del arroyo que no supo cambiar su curso, entre otros argumentos infantiles.
Pero todos son iguales, porque Andrés Manuel López Obrador –para precisar sólo un ejemplo- nos asombra llamando a Esteban Moctezuma, el que robó en Chiapas con los pueblos mágicos que se derrumbaron y están desiertos; a Lino Korrodi, cómplice de Fox y recaudador de fondos de origen desconocido; a Marcelo Ebrard, quien hurtó una casa clasificada en la Ciudad de México y construyó una línea del Metro, la Dorada, que costó el doble de lo programado, que tienen trenes que se alquilaron sin concurso y que no le corresponden a las vías, entre otras fallas no menos importante.
En Chiapas no cantamos mal las rancheras con aquellos ex gobernadores, seriamente cuestionados en cuanto a su honorabilidad, que desempeñan cargos públicos o aspiran a ser electos en el Poder Legislativo; y de otros que estuvieron o siguen estando en la administración pública.
Nada ha cambiado, el nuevo sistema de combate a la corrupción es un laberinto que en cada paso tapa alguna prueba y como remate ahora impondrán fiscal a modo, para que cubra otras más.
