Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de mayo de 2016.- Tras conocer distintas experiencias de los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la entidad, se reconoció la necesidad de contar con todos los instrumentos jurídicos que perfeccionen este modelo, entre los que destaca la aplicación de medidas cautelares que permite seguir los procesos penales en libertad, siempre y cuando se trate de un delito no grave, afirmó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Ante medios de comunicación, Rutilio Escandón precisó que en este nuevo modelo de justicia, las Unidades de Medidas Cautelares son las instancias encargadas de informar a las partes que intervienen en un proceso cuál es la condición social de la persona imputada, ya que esto determinará la poca probabilidad de evadir el proceso.
Es decir, las medidas cautelares ayudan a los jueces a tomar la decisión de qué medida emplear para, en lo posible, evitar la prisión preventiva a través del pago de una fianza económica, embargo de bienes, presentación constante del imputado ante el juez, prohibir su salida de territorio mexicano, entre otros.
“El NSJP garantiza que toda persona imputada de algún delito tiene derecho a ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario, y es aquí donde radica la importancia de este criterio, porque menos personas llevarán su proceso en prisión, lo que les permitirá continuar con sus actividades habituales”, señaló el magistrado presidente.
Acompañado de los consejeros de la Judicatura, Salvatore Constanzo, Gilberto Bátiz, Alberto Cal y Mayor y el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez, Iván Martínez Villatoro; el titular del Poder Judicial recalcó que para los delitos de homicidio, secuestro o violación, forzosamente se debe aplicar la prisión preventiva.
Concluyó diciendo que todos los esfuerzos institucionales realizados hasta la fecha en el marco de la implementación del sistema penal acusatorio, van orientados a recomponer el tejido social y garantizar el acceso a la justicia respetando los derechos humanos del imputado en el proceso penal y la reparación del daño a las víctimas de un delito.