Condenamos la violación de las garantías individuales de los trabajadores del gobierno de Chiapas que exigen el pago íntegro de sueldos. Demandamos el desistimiento de las medidas intimidatorias del gobierno de Manuel Velasco.
Exhortamos al gobierno del estado de Chiapas a respetar los derechos humanos de los trabajadores al servicio del gobierno estatal que se están manifestando para pedir el pago íntegro de sus sueldos. El pasado 9 de octubre, la Fiscalía General del estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación en contra de tres de los trabajadores que se han manifestado pacíficamente para exigir el pago completo de dichos sueldos.
Lo anterior representa, a todas luces, una medida de intimidación para que los trabajadores desistan de sus demandas. Desde el 1 de enero de 2018 se autorizó el incremento a los sueldos de los miles de trabajadores del gobierno del estado. Sin embargo, los trabajadores han seguido percibiendo el mismo sueldo de 2017, por lo que el pago retroactivo del aumento salarial es una deuda a los trabajadores que aumenta a cada quincena.
En lugar de recurrir a la amenaza, así sea disfrazada de legalidad como en el caso de estas carpetas de investigación, el gobierno del estado de Chiapas debería asumir su responsabilidad laboral.Estas medidas son intimidatorias, desproporcionadas, asimétricas y rompen además con lo acordado en las minutas de la mesa de negociación que se tiene entre gobierno y trabajadores para este tema, cuyos acuerdos incluyen que no habría represalias contra ninguno de los trabajadores. Evidentemente, la parte gubernamental está incumpliendo, pues la Fiscalía del estado abrió la carpeta de investigación 0461-101-0201-2018 contra Amanda Zorrilla Martínez, Margarita Zepeda López e Ismael Julián Palacios Bueno, en la cual le piden a un juez que les gire orden de aprehensión, acusándolas de los delitos de motín, atentados contra la paz y la seguridad del estado y ataques a las vías de comunicación, los cuales son los típicos delitos que el viejo régimen construye para reprimir la protesta social.
Desde esta Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos de morena condenamos el uso abusivo de las instituciones gubernamentales para violar las garantías individuales de libre manifestación y de reunión, consagradas en los Artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se está cometiendo en contra de las personas Amanda Zorrilla Martínez y Margarita Zepeda López e Ismael Julián Palacios Bueno y exhortamos a todas las partes involucradas a la pronta solución pacífica, legal y respetuosa de este conflicto.
Via Alerta Chiapas