Héctor Estrada/Ultimátum
TGZ
Al cumplirse ocho años de la “Declaración Ministerial, Prevenir con Educación” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y consumarse el primer plazo de resultados sobre este acuerdo firmado en la Ciudad de México por 30 países, las cifras actuales demuestran que México no ha cumplido con las metas fijadas en lo que respecta a la educación sexual integral, específicamente en materia de orientación sexual e identidad de género.
Aunque se han hecho esfuerzos por parte de la Secretaría de Educación federal y las dependencias estatales para la inclusión de contenidos sobre educación sexual en las instituciones de nivel primaria y secundaria, el objetivo de garantizar una educación “sexual integral” en dichos niveles escolares aún está muy lejos de las metas trazadas por la UNESCO.
Compromiso sobre sexualidad integral
En el año 2008 México, junto a otros 29 países de América Latina y el Caribe, firmó la Declaración Ministerial, “Prevenir con Educación” en la que se definieron diversas metas donde la orientación sexual e identidad de género se abordaron por primera vez como temas prioritarios para los contenidos escolares.
Como muestra fehaciente de lo anterior, el segundo acuerdo de dicha declaración ministerial estableció que: “Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales”.
Lo anterior se desprende no sólo de los compromisos pactados por México ante la UNESCO, sino de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por la República Mexicana, y plasmada ya en Constitución federal que como parte de la reforma aplicada en junio de 2011 otorga ya protección y reconocimiento jurídico a toda preferencia sexual como parte de la pluriculturalidad nacional, estableciendo como principio rector el respeto a la dignidad.
Entre los documentos ratificados por México ante la ONU destacan también los Principios de Yogyakarta (2006) donde se establecen una serie de recomendaciones en torno a la inclusión de los temas de diversidad sexual dentro de los modelos educativos nacionales. Aunque no es un instrumento vinculante, se pretende sea en principio un instrumento rector para todos los Estados suscribientes.
En el año 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación presentó un informe sobre el derecho humano a la educación sexual integral, en el cual se expone la interdependencia entre la sexualidad, la salud y la educación, y su vinculación con otros derechos, resaltando la importancia de la perspectiva de género y del enfoque de la diversidad sexual.
En el mismo se plantea que: “la educación sexual debe prestar particular atención a la diversidad, pues todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad sin ser discriminadas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género” y que la educación sexual “es una herramienta fundamental para acabar con la discriminación contra quienes viven una sexualidad diversa”.
En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género (2011) en el que se enfatizan algunas de las violaciones de derechos humanos más relevantes a las que se ven expuestas las personas por este motivo: asesinatos, violaciones, agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias, denegación de los derechos de reunión, expresión e información, discriminación en el empleo, la salud y la educación.
Este informe aborda la discriminación por orientación sexual o expresión de género en la educación, señalando entre sus consecuencias, la denegación de ingreso o la expulsión, la violencia y el hostigamiento, incluido el acoso escolar, mencionando que el aislamiento y el estigma generan depresión y otros problemas de salud y contribuyen al ausentismo escolar, el abandono de la escuela y, en casos extremos, el intento de suicidio o el suicidio, como forma de escape.
Realidad contrastante
Sin embargo, la realidad en México sobre los temas de orientación sexual e identidad de género es distinta. Son contenidos de educación vistos aún con estigma y censura por los propios docentes o personal responsable de impartir dichas asignaturas.
Así lo demuestra el estudio comparativo realizado por la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad, integrada por la Internacional Planned Parenthood Federetion (IPPF) y la Red Democracia y Sexualidad, entre otras de prestigio internacional.
El documento hecho público este mismo año se basó fundamentalmente en un análisis detallado realizado a la aplicación de los programas de salud y educación en 17 de los 30 países de América Latina que firmaron la declaración en 2008, durante la XVII Conferencia Internacional sobre SIDA.
Como parte de los resultados comparativos México se ubicó en el lugar número nueve al reportar un avance del 75 por ciento en os ámbitos señalados. No obstante los avances en entre las
denominadas salud sexual integral y educación sexual integrales se presentaron evidentes diferencias.
De esta manera, mientras la aplicación de salud sexual integral México registró un avance sustancial del 90 por ciento, en lo que respecta a educación sexual integral dentro de las escuelas mexicanas el avance apenas alcanzó el 45 por ciento, muy por debajo del 75 por ciento fijado por la UNESCO durante la firma de la Declaración Ministerial, “Prevenir con Educación”.
Sin embargo, los temas específicos sobre orientación sexual e identidad de género siguen siendo relegados de las asignaturas sobre sexualidad. En este caso, aunque no existen cifras sobre dichos tópicos, se estima que menos del 15 por ciento de los estudiantes mexicanos en nivel primaria o secundaria reciben educación al respecto.
Los estudios demuestran que las asignaturas de educación sexual siguen abordando el tema desde un enfoque estrictamente biológico y médico, privilegiando los contenidos sobre las características y la función de los aparatos reproductivos, así como los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, con total ausencia del tema.
Y es que, la educación parece tener influencia directa sobre los índices de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Así lo señala la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 que demuestra que a menor escolaridad se incrementa la intolerancia hacia las personas homosexuales.
De los encuestados, seis de cada diez personas sin escolaridad no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Esta proporción va disminuyendo a medida que aumenta la escolaridad, como se advierte en la gráfica. Con nivel primaria, son cinco de cada diez personas; con secundaria, cuatro de cada diez; con bachillerato y licenciatura, tres de cada diez, y con posgrado únicamente dos de cada diez. La actitud más tolerante se incrementa conforme el nivel de escolaridad.
Cuatro de cada diez personas sin escolaridad consideran negativo que la sociedad esté compuesta por personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales. Con nivel primaria, tres de cada diez personas opinan lo mismo, y con niveles de secundaria y hasta posgrado son dos de cada diez personas quienes lo consideran negativo. En particular, a nivel licenciatura cuatro de cada diez personas opinan que es positivo que la sociedad esté compuesta por personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales.
Dentro de los planes de atención al problema en México destaca el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018), entre sus líneas de acción se encuentran: crear entornos de aprendizaje libres de violencia que favorezcan la participación, el goce de los derechos humanos y la inclusión; adecuar las disposiciones que regulan los centros educativos para eliminar los obstáculos que inhiben el derecho a la educación; fortalecer la educación sexual; impulsar una cultura de respe-to de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales.
Lamentablemente es hasta el momento la única adecuación a los programas federales para incluir temas sobre diversidad sexual, sin que hasta el momento se haya visto reflejado en la práctica pedagógica al interior de las escuelas.