Tras una audiencia que se ha alargado más de 24 horas, la jueza ha vinculado finalmente a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo y a otros siete personas por delitos de contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido este jueves un comunicado en el que informa de que los datos y pruebas recogidos durante la investigación fueron suficientes para hacer la acusación formal ante la Justicia contra el político panista y el resto de presuntos integrantes de su red por introducir combustible a México sin pagar los impuestos correspondientes. Por el momento, Ruffo y los coacusados se encuentran detenidos en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano.
El resto de la banda que señala la FGR también tiene sobre sí las mismas acusaciones. El principal socio en Ingemar, Ricardo Thompson Navarro, junto al accionista José Merino Váldez Cuervo, enfrentan los mismos cargos que Ruffo. Por su lado, Juan “N” y Luis “N” solo están acusados de delincuencia organizada y contrabando, mientras que para José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N”, es por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La FGR ha indicado que el juez ha ratificado la prisión preventiva para los tres principales socios de Ingemar: Ruffo, Thompson y Merino, junto a Adriana, la única mujer. Solo Guillermo y José María han conseguido prisión domiciliaria. La empresa aduanal en la que participaban gestionó la entrada de varios cargamentos de combustible. Los investigadores aseguran que declaraban que los ferrotanques que movían iban semivacíos, cuando en realidad transportaban los 110.000 litros que permitía su límite de capacidad. Un operativo el año pasado del Gabinete de Seguridad en el municipio de Ramos Arizpe y en Saltillo, en Coahuila, inspeccionó los cargotanques y encontró 15 millones de litros de combustible. “La localización y resguardo de los 129 carrotanques es el aseguramiento de mayor magnitud que se ha logrado en la presente administración”, dijeron las autoridades en un comunicado. Ese fue el hilo del que empezó a tirar la FGR para elaborar su investigación contra Ruffo, quien insiste en que Ingemar se encargaba únicamente de los trámites aduanales.
Una investigación de EL PAÍS, realizada con registros públicos de comercio y aduanal de las empresas involucradas, revela que esta red movió más de 800 millones de litros de combustible como contrabando desde Estados Unidos en 15 meses, causando un daño al fisco mexicano de al menos 5.400 millones de pesos. Sin embargo, la familia de Thompson Navarro (su padre es otro de los acusados, pero en su caso está prófugo) ha emitido un comunicado en el que acusan a Ruffo y Merino de haberles arrebatado la empresa hace años.
(Con información de El País)