Amet Samayoa Arce/Ultimátum
TGZ
La Secretaría de la Función Pública de la Federación investiga lo que podría catalogarse como el más escandaloso “megafraude” en la historia de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Chiapas. Danza la insólita cantidad de 485 millones 155 mil pesos que fueron destinados para el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2016, pero que al parecer fueron a parar en las cuentas bancarias de políticos, funcionarios del campo y proveedores estatales.
Con fecha 9 de octubre de 2017, el titular del Área de Auditoría Interna de la SFP, L.C. Daniel Francisco Urrieta Medrano, remitió el oficio número 08/114/OIC/AI/1697/2017 al Ing. Cruz Alberto Uc Hernández, delegado estatal de la SAGARPA en Chiapas, en el que le da un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del documento ( 10 de octubre de 2017), para proporcionar información comprobatoria de la aplicación de los recursos del PIMAF-2016.
Los requerimientos de la información solicitada con motivo de la auditoría número 15/2017, según oficio 127/793/2017, de fecha 30 de agosto de este año, son: la totalidad de los 124, 201 expedientes de los beneficiarios que fueron apoyados por un monto total de $ 485’ 155,000.00 que contengan: solicitud de apoyo, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, comprobante de la posesión legal del predio, anexo 3 “carta de selección de proveedor”, cotización, anexo 4 “acta de cesión de derechos”, anexo 5 “acta de entrega –recepción de apoyos”, dictamen positivo, comprobante fiscal (factura) y el finiquito.
Agrega el documento firmado por Urrieta Medrano, que “para atender la presente solicitud deberá efectuar dichos requerimientos a los distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, que se habilitaron como ventanillas de recepción de solicitudes, así como la que fue instalada en esta delegación estatal a su cargo, para que presenten los expedientes. En caso de no contar con los expedientes señalados en el presente requerimiento, deberán fundamentar y motivar las causas por las cuales no se dio cumplimiento a lo establecido en las reglas de operación de los programas de la SAGARPA 2016”
Se trata evidentemente de un caso perdido y se encuentran en la mira (dicho de otra manera a un paso de El Amate); el delegado Cruz Alberto Uc Hernández; el ex delegado Carlos Pedrero Rodríguez, que fungió como tal hasta el 3 de junio del 2016; el exdelegado interino, Jorge Ventura Aquino que cerró el 2016; el Jefe de la Unidad Jurídica, Dante Chimitzu López Amador y el subdelegado de Agricultura, Israel Gómez Torres, quienes firmaron la liberación de los recursos sin que existieran los expedientes de beneficiarios, mintiendo y estafando los recursos de la Federación. Decimos que están a un paso de la cárcel porque en el plazo que la SFP le concedió al delegado oriundo de Campeche, no pudo ni podría comprobar dicha documentación porque tendría que presentar cuando menos un millón 720 mil documentos. Léase: “cabe mencionar que toda la documentación que se sirva proporcionar sea en original o en su caso en copias que permitan la legibilidad de su contenido y deberá ser validada por el (los) servidor (es) público (s) que la generaron, especificando el nombre, cargo y firma de los responsables de su elaboración y autorización en la última hoja, así como rúbrica en todas y cada una de las fojas restantes. Para rematar la SFP le da un ultimátum al delegado Cruz Alberto Uc Hernández: “ la información solicitada es enunciativa, más no limitativa, por lo que se puede requerir documentación adicional que se considere pertinente durante el desarrollo de nuestra intervención”.
La realidad de un campo improductivo en Chiapas, se debe en gran manera a que funcionarios y proveedores esquilman los recursos destinados para su reactivación económica. Estos atracos vienen ocurriendo durante décadas pero según el documento que exhibimos en el Diario Ultimátum, la Secretaría de la Función Pública, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”; “con fuero y sin fuero”.
Fuentes extraoficiales dan cuenta que las empresas que podrían estar involucradas en este atraco a los recursos destinados para rescatar de la pobreza a los productores de maíz y frijol en Chiapas, corresponden a personajes políticos y empresarios conocidos como: “La huerta de Don Horacio” que se involucró con el manejo turbio por la cantidad de 117 millones de pesos y que al parecer son dueños, el senador del PRI, Roberto Albores Gleason o su padre el ex gobernador Roberto Albores Guillén, cuya empresa atiende el “señor de los Caballos”, Felipe García que “fabrica” fertilizante orgánico, misma que se duda cuente con certificación oficial.
También podrían aparecer en la línea de la investigación de las empresas Agroinsa y Agrofarma que representa el Ingeniero Onofre Vázquez con más de –presuntamente- 200 millones de pesos; la empresa de Oliverio Palacios y compañía con 217 millones de pesos y Pioneros con 33 millones de pesos.
El delegado de la Sagarpa, Criuz Alberto Uc Hernández, tiene la responsabilidad de cumplir con la aportación de la información que le exige la Función Pública: Dudamos que lo haya acatado, menos en 5 días como quedó citado.