Corrupción en Tapachula, por escrito
Mary Jose Diaz Flores/Ultimátum
La administración de la presidencia municipal de Tapachula, es ejemplo claro de lo que no debe hacerse en la administración pública, es más, es una muestra clara de que un alcalde pretende ser cobijado por la impunidad del poder político, lo anterior, porque Neftalí del Toro Guzmán no tiene empacho en solicitar por escrito al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, prórrogas y más prórrogas para entregar el resultado de la cuenta pública del 2016 y 2017, debido a que el 2016 apenas se está cerrando, lo cual es una vergüenza tomando en cuenta que le queda muy poco para concluir su periodo y, peor aún, “El Torito” conoce las leyes porque fue presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, y ahora que las llamadas de sus padrinos políticos ya no le funcionan, le ha dado por enviar sendos oficios al Congreso para impedir que las multas sigan llegando por no estar cumpliendo con sus obligaciones y no informar lo que hace con el dinero del pueblo.
En fin, de acuerdo a un oficio turnado al presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Mauricio Cordero y filtrado por personal cercano al edil, allá en Tapachula, Neftalí del Toro, a través del oficio PM/651/2017, confirma por escrito que es de los alcaldes morosos, que no han cumplido con la cuenta pública y que deja mucho que desear ante los electores al pedir más tiempo para transparentar los recursos del pueblo que son de suma importancia en estos momentos donde los ciudadanos estamos más informados y exigimos cuentas claras, mismas que no están, pues de lo contrario no tendría porque pedir más tiempo.
Reconstrucción
El tema de la reconstrucción en los estados que fueron afectados por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre, se han convertido en un punto que todos los días exige la atención de los gobiernos, pues tanto en la Ciudad de México, como Oaxaca y Chiapas, que fueron de los estados más afectados, existen inconsistencias y corrupción que en muchos casos pone en tela de dudas la actuación del gobierno y de los funcionarios estatales y federales que operan los programas, es decir, los funcionarios federales no son ninguna garantía de que los apoyos estén en tiempo y forma o sean desviados, suponemos están más enfocados en tomar el control político en el marco del proceso electoral del 2018 que en propiciar la transparencia y el apoyo a los ciudadanos que lo necesitan.
En el caso de Chiapas son constantes las denuncias de que no ha llegado la ayuda a algunas comunidades afectadas, otras en el sentido de que Protección Civil que dirige, ha cobrado hasta 10 mil pesos por retirar lo que quedó de viviendas severamente afectadas por el terremoto, y el caso de las escuelas ni se diga, los padres de familia iniciaron desde hace dos semanas el peregrinar con marchas, plantones y gestiones ante diversas instancias para exigir la celeridad en las obras escolares que mantienen a sus hijos sin clases, abonando con ello a que se pierda el ciclo escolar que de por sí mantienen en jaque los maestros por las constantes movilizaciones contra la Reforma Educativa.
En ese sentido, autoridades de gobierno salen a dar certeza, anunciando que todas las escuelas dañadas serán rehabilitadas y que se entregarán tarjetas con apoyos a directores de escuelas, quienes serán vigilados para que los recursos asignados no se destinen a otro fin, sin embargo a nivel nacional ha quedado demostrado que no hay ninguna garantía con esas tarjetas, con eso de que el primer censo no vale y que hacen nuevos censos con otras valoraciones donde resulta que las construcciones que en primer término se consideraron pérdida total, en segunda instancia ya no lo son y los casos reales están a la orden en televisión nacional, donde todos los días se realiza una denuncia.
En fin en Chiapas, en reunión con padres de familia y maestros de la región Soconusco, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, precisó que lo más importante para el gobierno es la seguridad de los niños y sus maestros, por lo que se trabaja intensamente con el Gobierno de la República para iniciar la rehabilitación de las dos mil 842 escuelas con daño parcial y tres con daño total por los sismos. Acompañado por el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, el director general del Instituto para la Infraestructura Educativa, Eduardo Zenteno Núñez y el delegado de la SEP en Chiapas, Mario Sánchez de Cima Bretón, el responsable de la política interna explicó que el compromiso del Gobierno del Estado es trabajar con celeridad para normalizar los servicios educativos en la entidad, y destacó que la colaboración de los padres de familia y maestros será fundamental en este proceso. Sin embargo, la desesperación ha movilizado a padres de familia que urgen priorizar en los hechos la atención para los inmuebles.
Eduardo Zenteno Núñez indicó que en apoyo a la niñez chiapaneca y a sus maestros, se gestionaron recursos para implementar aulas móviles en aquellas localidades donde no se pueden impartir clases con normalidad, sin embargo, se recibieron más de 3 mil solicitudes de municipios afectados, que no son posibles atender, porque la única empresa en el país que las fabrica no tiene la capacidad operativa, por lo que se dará prioridad a la reparación de las escuelas. Es decir, quedamos en las mismas, porque este apoyo no se dará, y no dan más esperanza que esperar hasta que se pueda construir mientras la desesperación crece por la preocupación de que se interrumpa el ciclo escolar.
Lo peor es que aunque el Secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos se adorne como que conoce mucho de cifras, la verdad es que en este encuentro donde participaron padres de familia, se expusieron diversos casos de centros educativos que no se han dictaminado por Protección Civil y requieren de una revisión por las malas condiciones en que se encuentran, pero como lo dijimos antes tanto la Secretaría de Educación como Protección Civil, priorizan altas cuotas para realizar su trabajo y sus intereses están por encima de la población, pese a que deberían medir las consecuencias por tener a miles de padres de familia inconformes supone un grave conflicto para el Estado. Esperamos que los funcionarios lo entiendan y dejen a un lado sus preocupaciones por el proceso sucesorio en el 2018 para aterrizar lo más pronto los reclamos de la sociedad.
Consejo Político
El PRI realizó su Consejo Político Estatal, donde se aprobó que el método de elección, será por convención de delegadas y delegados, tal como ya lo habría declarado el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza. Un método que será para las candidaturas a la Presidencia de la República, Gubernatura, senadurías, diputados federales, diputados locales y miembros de ayuntamientos.
En este sentido, Julián Nazar Morales dijo que las candidaturas recaerán en quienes mueven gente, políticos con compromiso social y líderes de trabajo, para responderle a la militancia que desea que en México se sigan dando los cambios y las oportunidades del desarrollo sostenido. Sin duda este mecanismo propicia que las rupturas se sigan acentuando en el Revolucionario Institucional, no solo entre los militantes que aspiran a un cargo de elección popular, sino con el eterno aliado del PRI; el PVEM que se ha pronunciado por ir solos a la contienda y en su caso por una consulta a las bases.
Aunque el mecanismo que ha decidido el tricolor indudablemente llevan en caballo de hacienda a Roberto Albores que sin duda operó con todo para tener de su lado a los delegados que habrán de levantar el dedo para decidir las candidaturas en la entidad lo que deja fuera a muchos tricolores y evidentemente al candidato natural del Verde. Por otro lado, aunque los ciudadanos seguimos viendo lo mismo y los mismos corruptos, Nazar dijo; “el PRI garantiza a la sociedad en estos tiempos la inclusión y lo que más reclama, ya no más corruptos. Inclusive, el PRI es mucho más que aquellos oportunistas que hoy se quieren hacer ver como los inmaculados”, ¿a quién dirigirá el mensaje? Porque esta frase le sienta a muchos, hasta él mismo.
CON FILO
Las sorpresas que se lleva uno con los partidos políticos, ahora resulta que Morena exige a las diputadas locales Zoila Rivera y Magdalena González, cumplir con sus cuotas, bajo el riesgo de ser expulsadas de no cubrir los más de 850 mil pesos que adeudan desde que asumieron el cargo lo cual significa una pérdida de más de un millón 700 mil pesos para la campaña del peje, así que diputadas no se hagan y paguen el privilegio de haber logrado una curul por el mejor partido.
