Emir Olivares Alonso/ La Jornada
CDMX
Hace más de un año, las autoridades de Guanajuato iniciaron las indagatorias por los casos de presuntos abusos y vejaciones contra menores en el albergue La Ciudad de los Niños, dirigido por el cura Pedro Gutiérrez Farías, y a lo largo de estos meses ‘‘no han podido armar un expediente sólido que permita presentar a este religioso y a sus cómplices ante la justicia’’.
Por ello, organizaciones de defensa de los derechos de la infancia demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las indagatorias a fin de evitar que haya impunidad –como en el caso del albergue de Mamá Rosa– ante las denuncias de violencia física y sicológica, incluidos probables abusos sexuales y trata de personas en la sede de Salamanca de las casas dirigidas por el religioso.
Ayer, en conferencia de prensa realizada en la capital del país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y NIMA Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, denunciaron que el gobierno estatal ‘‘ha brindado protección’’ al clérigo. Y dieron algunos elementos para argumentar por qué el caso debe ser atendido por las autoridades federales.
