El World Justice Project (WJP) define el Estado de derecho como “un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros”. Cuando hay baja adhesión al Estado de derecho, observamos fenómenos como la explosión en Tlahuelilpan o los bloqueos en Michoacán.
El WJP mide el nivel de adhesión de distintos países al Estado de derecho: a través de encuestas a la población, encuestas a expertos y cifras oficiales, dicho organismo construye un índice y rankea a 113 países, del mejor evaluado al peor evaluado. En el último informe del WJP (2017-2018), México ocupó el lugar 92, a sólo 21 lugares del peor evaluado (Venezuela).
En octubre de 2018, el WJP publicó un informe acerca de los 32 estados de México. El índice construido para las entidades federativas está compuesto por ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal. Así, se tienen nueve listas ordenadas de los estados: una para cada factor y una general o agregada. En cada lista, el puntaje va de cero (nula adhesión al Estado de derecho) a uno (adhesión completa).
Los resultados del informe del WJP son reveladores: ningún estado se acerca, ni remotamente, a una evaluación perfecta. El estado mejor evaluado en el agregado (Yucatán) obtuvo un puntaje de 0.45. El promedio de los 32 estados fue de 0.39. Es decir, el mejor estado se encuentra a menos de la mitad del camino para lograr una absoluta adhesión al Estado de derecho, y los 32 estados en conjunto están a dos quintos del camino de alcanzar esa misma meta.
El informe del WJP también muestra las brechas significativas existentes entre los estados. Yucatán es el mejor evaluado en el agregado (0.45) y además encabeza la lista de Orden y seguridad (0.77); Querétaro está en el quinto lugar en el agregado (0.43) y encabeza las listas de Ausencia de corrupción (0.42) y Justicia penal (0.46). En cambio, Guerrero es el peor evaluado en el agregado (0.29) y en las listas de Límites al poder gubernamental (0.28), Derechos fundamentales (0.35), Orden y seguridad (0.19), Justicia civil (0.28) y Justicia Penal (0.30). Además, ningún estado se mantiene consistentemente por encima del promedio en todas las listas, pero sí hay estados que se mantienen consistentemente por debajo del promedio.
Los resultados del WJP confirman una realidad que los mexicanos percibimos en el día a día. No somos un pueblo esencialmente bueno ni esencialmente malo. Somos un país que no ha logrado construir un marco institucional que le permita tener una alta adherencia al Estado de Derecho, y esa falta nos cuesta cada vez más en términos de crecimiento económico, bienestar de las personas y, primordialmente, vidas humanas.
