Dejan expuesta corrupción documentada en el estado
Héctor Estrada/Ultimátum
Lo denunciado este lunes por el diputado federal Guillermo Santiago se configura, sin duda, como una de las acusaciones formales más comprometedoras hechas contra la administración actual. Se trata un total de presuntos 90 casos de desvío de recursos y/o conflicto de intereses perfectamente documentados, mediante expedientes de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más grave tiene que ver con el predio de Almolonga en San Cristóbal de las Casas y la asignación de 275 millones de pesos para la construcción del Centro de Convenciones de dicha ciudad en esa misma propiedad. Es un monto de recursos federales autorizados desde 2014 para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 que hasta la fecha ni ha sido ejecutado y tampoco comprobado.
El recurso fue entregado al Gobierno de Chiapas hace dos años, sometido a proceso de licitación en febrero de 2015 y asignado a la empresa Loinsa Constructora S.A. de C.V. Las irregularidades en torno a dicha empresa también han levantado suspicacias. Se trata de la misma a la que se adjudicaron importantes proyectos como Ciudad Mujer en San Cristóbal de las Casas y la remodelación de Parque del Oriente en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, la empresa registra dos distintas direcciones fiscales en la ciudad de Tapachula.
Pese al proceso de licitación concluido, hasta la fecha la obra ni siquiera se ha iniciado. No obstante, lo más sospechoso tiene que ver justo con el terreno donde sería construido el Centro de Convenciones. Almolonga, como es conocido popularmente el predio, mantiene hoy un litigio de adjudicación.
En los años sesentas el predio fue donado por el ex gobernador Manuel Velasco Suárez al Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical A.C que mantuvo operaciones, sin problema alguno, durante varios años subsecuentes. Sin embargo, la llegada de la actual administración gubernamental también trajo consigo las intenciones de recuperar el terreno con objetivos ocultos que las investigaciones han sacado poco a poco a la luz pública.
Tan sólo seis meses después de que el gobierno actual asumirá el cargo, Leticia Coello de Velasco inició una demanda penal (el 25 de mayo de 2015) para revocar la donación del predio, adjudicárselo y donarlo posteriormente a la supuesta asociación civil “Instituto de Investigaciones y Desarrollo de los Pueblos Indígena” -con domicilio en el Estado de México- del que, se presume, ella forma parte. Como resultado del proceso judicial en 2015 se ejecutó una orden de desalojo contra las personas que aún se encontraban ocupando el predio.
Entonces, si Almolonga se encuentra en litigio; ¿por qué el Gobierno de Chiapas gestionó un recurso de 275 millones de pesos para la construcción de un complejo que bien podría terminar bajo propiedad de particulares? ¿Dónde están los 275 millones entregados al gobierno del estado desde 2015 y que hasta la fecha se desconoce su destino?
El caso es realmente muy grave porque configura delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación ya hizo las observaciones respecto al caso y hoy se encuentra a la espera de la explicación gubernamental. Y lo alarmante de la situación es que se trata únicamente de uno de los 90 casos documentados por el diputado federal; por lo que se iniciará la tramitación de un Juicio Político.
Además, Guillermo Santiago detalló que solicitará formalmente una auditoría en contra de la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) por diversos casos.
Lo hecho por el diputado federal de Morena es sin duda sobresaliente. Más allá de los intereses personales lógicos y las acusaciones en su contra por la supuesta poca productividad en la presentación de iniciativas, Guillermo ha hecho lo que el resto de los supuestos representantes legislativos ante la Cámara de Diputados han preferido ignorar. Ha denunciado (con pruebas fehacientes) ante la Federación lo que otros han callado con absoluta complicidad… así las cosas.
