Fertilizar la tierra para rescatar al campo mexicano
Emiliano Villatoro Alcázar/Ultimátum
El primero de diciembre de 2018, en su discurso de toma de protesta en la plancha del zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador presentó una relación de cien compromisos mediante los cuales delineó la columna vertebral del proyecto transformador echado a andar durante su gobierno. Entre estos puntos, que incluían temas estratégicos como la implementación de un sistema universal de becas, la cancelación de la reforma educativa peñanietista, la creación del Banco del Bienestar o la construcción del Tren Maya, se encontraba uno de vital importancia para la economía del sur mexicano, el arranque de un programa de entrega gratuita de fertilizantes agroecológicos, así como el inicio de las operaciones de una planta de producción de fertilizantes en Veracruz.
El uso de fertilizantes constituye un componente clave para la producción agrícola de nuestro país, tanto en la industria de los agronegocios, como para campesinos minifundistas. La paulatina concentración de la oferta de fertilizantes por apenas unas cuantas empresas de procedencia extranjera, entre las que destaca Sygenta y Bayer, la cual caracterizó a la política agrícola de México durante los gobiernos neoliberales se ha señalado como uno de los males más dañinos de este periodo. La baja disponibilidad de fertilizantes a precios competitivos para productores en zonas de alta marginación terminó por convertirse en un obstáculo para la sostenibilidad agrícola y, por tanto, contribuyó a la baja productividad del campo mexicano, así como los ingresos precarios de su campesinado.
Con eso en mente, el Gobierno de México, a través de una convergencia inédita de esfuerzos entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) comenzó a implementar desde 2019, un programa de entrega de fertilizantes bioquímicos con el objetivo de aumentar su disponibilidad en momentos cruciales del ciclo agrícola, favoreciendo la productividad especialmente en localidades de alta marginación, así como en comunidades indígenas. Sin embargo, la emergencia desatada con la pandemia de Covid-19 y la necesidad de concentrar recursos en la ampliación y fortaleciendo la atención médica y hospitalaria obligó a la Federación a limitar su ejecución.
Hace algunos meses, en un contexto de nuevos desafíos globales causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la urgencia de fortalecer la soberanía alimentaria de la nación, el Presidente de la República anunció el reinicio de la distribución gratuita de 352 mil toneladas de fertilizantes de producción nacional, apoyando esta ocasión a los estados de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Nayarit y Chiapas. Adicionalmente, se informó la continuación de los trabajos de rehabilitación de tres plantas productores de fertilizantes en Veracruz, Michoacán y Baja California, que implicarán una inversión superior a los 300 millones de dólares.
Estos anuncios son estratégicos para Chiapas, en donde, de acuerdo con información de 2020 del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), una tercera parte de la población ocupada está integrada al sector primaria de la economía (agricultura, ganadería, pesca, etcétera), mientras que la superficie sembrada es superior a un millón 223 mil hectáreas, es decir, el 17% del territorio estatal. La vocación y tradición que guía a campesinos y productores agrícolas chiapanecos ha permitido que nuestra entidad ocupe el doceavo lugar a nivel nacional por el valor de su producción, con una participación estimada en 17.1 millones de pesos anuales, con cultivos destacadísimos a nivel internacional como el café, la caña de azúcar, el plátano, el mango y la papaya.
Ahora bien, es importante tener presente que el programa de Fertilizantes para el Bienestar consiste en la entrega de paquetes de fertilizantes de hasta 600 kilogramos por productor, dependiendo del cultivo, extensión sembrada y zona de atención, priorizando a territorios marginados y a grupos históricamente discriminados, como mujeres, personas indígenas y personas con discapacidad.
Abandonada a su suerte por gobiernos del pasado e incluso utilizada para perpetrar terribles negocios de corrupción, como el caso de la adquisición de la empresa Agronitrogenados al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto, hoy por hoy, la recuperación de la industria productora de fertilizantes avanza para convertirse en una columna esencial de la política agrícola de nuestro país y, con ello, garantizar el bienestar de todos quienes, día con día, entregan su esfuerzo y dedicación al campo mexicano.
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