Redacción / Ultimátum
Soconusco, Chiapas. – Siguiendo con los resultados del operativo antipandillas, cuatro integrantes más de la presunta banda denominada Barrio 18, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía Especializada y Municipal.
Tal como lo ha instruido el responsable de la seguridad en Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, se han fortalecido los operativos preventivos en municipios fronterizos, a fin de evitar la comisión de hechos delictuosos.
En ese marco, se realizan tareas de vigilancia en la colonia Cañaveral del municipio de Huixtla, donde uniformados estatales y municipales sorprendieron a un grupo de sujetos que intentaron evadir el convoy de la policía, internándose entre la maleza del lugar.
Ante tal hecho, fueron abordados para practicarles una inspección de persona de acuerdo al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrando entre sus pertenencias dos armas de fuego calibres 9 y 40 milímetros y 16 cartuchos útiles.
Dichas armas no contaban con el permiso correspondiente de la Secretaria de la Defensa Nacional, además de que una de ellas es de uso Exclusivo del Ejercito Armada y Fuerza Aérea.
En consecuencia, se aplicó el control preventivo de detención a Benjamín Uriel “N” de 19 años de edad, originario de El Salvador y los mexicanos, José Alexander “N” de 32 años, Javier “N” de 21 y Víctor Manuel “N” de 27 años de edad.
Cabe destacar, que los detenidos son integrantes de una banda delictiva dedicada presuntamente al asalto y robo en los municipios de Ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla y Mapastepec; además de presentan tatuajes alusivos a la pandilla Barrio 18.
De igual forma, los trabajos de inteligencia policial, señaló que una de las armas aseguradas fue utilizada en el intento de homicidio de una persona del sexo masculino el pasado 14 de julio del presente año, en el auto lavado denominado «Felipe», ubicado en este municipio de Huixtla.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentren bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
