Durante este año en Chiapas se han cometido 58 feminicidios, 79 tentativas por ese delito y se ha registrado la desaparición de 35 mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del estado (FGJE), denunciaron manifestantes al conmemorar el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
A estas cifras se añaden los cientos de violaciones sexuales y más de 200 muertes violentas, así que “la alerta de género no puede reducirse a los 23 municipios señalados por el gobierno federal”, agregaron.
Con una marcha en San Cristóbal de las Casas, las inconformes acusaron a los gobiernos federal y estatal de no cumplir con efectividad la Alerta de Violencia de Género, declarada el 18 de noviembre del año pasado.
Consideraron que desde la implementación de la la Alerta de Género se debieron establecer acciones emergentes y preventivas, de justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia.
Mediante un pronunciamiento sostuvieron que los índices de violencia en Chiapas, agresiones físicas, desaparición y secuestro de personas, sobre todo mujeres, trata, despojo, desplazamiento forzado, desalojos, abuso, violación sexual y feminicidios, entre otras, aumentaron de “manera alarmante” en los 122 municipios.
La marcha tuvo la presencia de algunos hombres que marcharon con las manifestantes del sur de esa ciudad a la Plaza Catedral, donde concluyeron con un acto políticoen el que se leyó el pronunciamiento elaborado durante los trabajos de la quinta asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, realizada el 23 y 24 de este mes.
“No más violencia en contra de las mujeres”, corearon las manifestantes que portaron globos morados e imágenes del presidente Enrique Peña Nieto; del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Acusaron que el presupuesto para Alerta de Violencia de Género es “un botín político de funcionarios corruptos que se roban el dinero del pueblo, como ocurre con los fondos para damnificados por el terremoto” del 7 de septiembre pasado.
Más aún en el rubro de Salud no se aplica en su totalidad la Norma 046 y se niega, eventualmente, la atención médica de urgencia por violencia familiar sexual y feminicida”.
En tanto, enfatizaron, el Sistema de Justicia no posee herramientas teórico-metodológicas básicas para atender la violencia que denuncian las agraviadas.
Por El Universal