Héctor Estrada/Ultimátum
TGZ
La denominada autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, prometida por el presidente Enrique Peña Nieto como parte de sus compromisos de campaña, es un pendiente prolongado que finalmente no podrá cumplirse. Así lo dejan de manifiesto las modificaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la ejecución del proyecto al que terminó recortándosele el ochenta por ciento de monto original. 
La autopista fue proyectada como la obra del sexenio. El anuncio formal se hizo el 12 de febrero de 2014 durante la inauguración de Aeropuerto de Palenque. Ahí, frente a Manuel Velasco Coello, legisladores, funcionarios federales e invitados especiales, Enrique Peña Nieto dio a conocer que el megaproyecto tendría un presupuesto asignado de 10 mil millones de pesos e iniciaría su construcción ese mismo año para concluirse antes de terminar su administración. Sin embargo, las cosas no salieron conforme lo planeado.
Inmediatamente después del anuncio, la avalancha de protestas emanadas de comunidades indígenas comenzaron a hacerse públicas. El 31 de agosto de ese mismo año alrededor de dos mil pobladores del municipio de Bachajón se manifestaron para mostrar su inconformidad contra el proyecto federal. A ellos le siguieron protestas en Ocosingo, Chilón y San Cristóbal de las Casas, que se intensificaron durante el 2015.
De acuerdo a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tan sólo durante el año 2014 el trazo carretero fue modificado cinco veces para evadir los puntos comunales de mayor conflicto. El paso por tierras o comunidades tzotziles se convirtió en la mayor dificultad para realizar los procesos de compra a propiedad federal.
No obstante, en diciembre de ese mismo año, el entonces secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en 2015 estarían liberados todos los derechos de vía en el tramo San Cristóbal-Palenque, y que “la resistencia de algunas comunidades” a la construcción de la carretera, expresada a través de marchas y peregrinaciones desde el año pasado, “no representaba ni el 8 por ciento de los pobladores involucrados”. 
Sostuvo que “el tramo Ocosingo-Palenque estaba completamente liberado y que la SCT podía comenzar con los trabajos”, aunque “la idea era empezar de San Cristóbal a Ocosingo”. Pero la realidad de 2015 fue distinta. Las obras no pudieron concretarse y el inicio de un juicio de amparo promovido por habitantes de la comunidad tzotzil de Los Llanos ante el Poder Judicial de la Federación complicó las cosas.
Según el Comisariado Ejidal de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, la obra original desplazaría a más de 860 personas de Los Llanos, con una extensión de 185 kilómetros que cruzarían los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Bachajón, Ocosingo, Chilón y Palenque. Consideraron que la obra carretera ponía en riesgo su soberanía alimentaria y vulnera sus derechos al territorio, autonomía, a la no discriminación y a la protección de su medio ambiente y recursos naturales.
“Son derechos previstos en la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y en los estándares de protección desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la observancia del Derecho a la Consulta obliga al Estado a tomar en cuenta a las comunidades desde el diseño de la medida que se pretende implementar”, precisaron.
Con esos argumentos jurídicos, finalmente el 6 de enero de 2014 la comunidad de Los Llanos inició un juicio de amparo en contra de cualquier permiso y licencia otorgada por autoridades a nivel federal, estatal y municipal, para la implementación dentro de su territorio de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, sin consulta libre, previa e informada de la comunidad.
El juicio de amparo fue admitido por el Juez Sexto de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 18 de enero de 2016, finalmente dicho juez de distrito concedió la suspensión de plano de todos los permisos y licencias que habían sido otorgados hasta esa fecha.
En la sentencia del amparo 16/2014 el juez ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas la cancelación del trazo en campo del proyecto de construcción o cualquier otro tendiente a la construcción de la autopista, en el kilometraje comprendido dentro de los municipios de San Cristóbal de Las Casas-Huixtán, en particular en las tierras de la comunidad.
En cumplimiento a las normas constitucionales e internacionales que se mencionan en la sentencia, las autoridades debían respetar el derecho de consulta libre de la comunidad, previa e informada a través de sus representantes y autoridades tradicionales, proporcionando de buena fe la información, incluyendo los posibles riesgos ambientales y de salubridad derivados de la construcción u operación del proyecto de autopista.
Desde ese momento la viabilidad del proyecto comenzó a complicarse más y el interés de las autoridades federales para concretarlo también se esfumó. De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante su plataforma virtual “Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, durante el mes de marzo de 2016 la obra recibió un importante recorte de siete mil millones de pesos al financiamiento total.
De un sólo movimiento se le recortó el 70 por ciento del presupuesto original. Según información de la misma SCT, la obra, con la clave presupuestaria 15096270004 en el Ramo de Comunicaciones y Transportes, debió haber iniciado durante los dos primeros años del actual sexenio para concluirse a finales de 2016 o 2017. No obstante, actualmente el proyecto de 182 kilómetros registra oficialmente nulo avance.
El proyecto pasó de ser una autopista con nuevo trazo a la “modernización” de la vieja carretera, bajo excusas de fomento al turismo para los municipios por donde actualmente pasa. La nueva “modernización”, ya muy lejana al proyecto inicial, quedó con un presupuesto total de tres mil millones de pesos, según consta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017
Sin embargo, el último golpe presupuestal fue aplicado durante el transcurso de este mismo año. La SCT informó que, durante 2017, en el proyecto sólo se ejecutarían 500 millones de pesos, con una cifra similar para el 2018; en el último año de la administraciones estatal y federal. El recorte, según la dependencia federal, respondió a una reasignación presupuestal para mover recursos a otros proyectos “importantes”. 
Así lo corroboró el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción en México, en su análisis a PEF 2017, que registró el mayor número de recortes presupuestales a proyectos de infraestructura, convirtiéndose -según palabras del organismo vinculado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)- en uno de los años más críticos para gremio que representa.
Es así como el gran proyecto carretero del sexenio se ha diluido en el tiempo y las promesas. Con un nuevo presupuesto de entre mil millones de pesos, las posibilidades de cumplirse se encuentran ya muy lejos de la realidad. La autopista San Cristóbal – Palenque se ha convertido hoy en el mayor fracaso del sexenio federal que concluye el próximo año, como una de las tantas promesas de campaña que sólo quedaron en proselitismo electoral.
