Mario Luis Altuzar Suárez /Ultimátum
Discutieron en secreto legisladores federales con el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, el director de la agencia espía gubernamental y el de Pemex, sobre espionaje a periodistas y activistas, los sobornos de la brasileña Odebrecht, y argumentan que por ley se guardan la información, en una abierta connivencia.
El espionaje a periodistas en que destacan el vocero oficioso presidencial y una empresaria outsourcing vinculada a un grupo que se dice de oposición y es cercano a los varones del dinero y a Carlos Salinas de Gortari, así como a activistas defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, preocupa a organismos supranacionales.
Con bombo y platillos, para atraer los reflectores mediáticos, diputados federales anunciaron la reunión con los encargados de la seguridad nacional, oficialmente los encargados, incluso del espionaje domestico a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Pemex, para exigir información sobre esos temas.
Se llegó el día. Este jueves 20 de julio, a las 12:30 horas del Centro, 17:30 horas TU, se encerraron en privado durante seis horas, el diputado federal perredista neoleonés Waldo Fernández González, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y sus 5 integrantes, con el el priista hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y abiertamente aspirante a la candidatura presidencial en las primarias.
También estuvieron: Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, los directores generales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, y de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, así como el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.
Y los contribuyentes y víctimas del espionaje denunciado por The New York Times, que observan la ONU, la OEA y la Unión Europea, solamente merecen la lectura de los temas que se abordaron sin mayor explicación, de parte del perredista neoleonés Waldo Fernández González.
En un comunicado el diputado Fernández González enfatizó que dicho encuentro “sirve para fortalecer las instituciones del Estado e incorporar la materia de ciberseguridad en el marco jurídico que rige la seguridad nacional, así como para fortalecer las atribuciones de la Comisión Bicameral como responsable del control y evaluación de las políticas en materia de seguridad nacional”.
En buen castellano, sirve para estrechar la connivencia entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para proteger sus intereses de grupo en una ingeniería similar a la del crimen organizado, en contra de los intereses de los contribuyentes que agudizan su indefensión ante el uso y abuso del poder por ese grupúsculo minoritario.
Se justificó en que por disposiciones legales, la Comisión Bicameral está acotada para dar a conocer información alguna sobre lo que se trató en la reunión que se llevó a cabo en el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Es decir, que las víctimas solamente pueden ejercer su derecho de resignarse a un sistema judicial exitoso en la fabricación de chivos expiatorios o en criminalizar a las víctimas para que los delincuentes gocen de cabal impunidad amparados por los hombres del poder que, como Osorio Chong, clama un dogma de fe en que están trabajando.
Y se burla el legislador perredista al querer victimizarse: “La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional deberá resguardar y proteger la información y documentación que se le proporcione evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida; en caso contrario se aplicarán las sanciones que la ley prescribe”.
En pocas palabras, hacen cómplices a los legisladores del sospechoso sistema de espiar a periodistas, dirigentes partidistas, sindicales y sociales, para usar esa información a favor del crimen organizado que conoce horas, hábitos y rutas de traslado, por lo que aumentó el número de ejecuciones caracterizadas por la impunidad de los criminales.
Finalmente, dijo que con la realización del encuentro de trabajo se levanta la sesión permanente que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sostenía desde el pasado 29 de junio, y cuyo fin era atender conocer lo relativo a la intervención de comunicaciones y robo de hidrocarburos.
Y si es cierto, como dice, que lo atendieron, ¿sirvió de algo para las víctimas? O ¿deberán exiliarse para salvaguardar sus vidas, así sean los de la tercerización en los medios de comunicación o voceros oficiosos galardonados por los buenos oficios de sus patrones?
Y para el registro de la historia, estos son los legisladores que se mofan de los votantes:
La Comisión Bicameral está integrada, además de su presidente, por los diputados Enrique Jackson Ramírez (PRI) y Jorge Ramos Hernández (PAN), y los senadores Ismael Alfredo Hernández Deras (PRI), María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) y Luis Humberto Fernández Fuentes (PT).
