Violencia contra las mujeres, es ofensa contra la humanidad
Víctor Fabián Rumaya Farrera/Ultimátum
La violencia contra las mujeres sigue estando presente como una de las grandes ofensas que llena de dolor a la sociedad, cubre de luto a familias enteras; y, reclama al mundo civilizado soluciones contundentes.
En las últimas décadas, los movimientos feministas y la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres se han instalado en el mundo occidental como una gran bandera de los derechos humanos. Es verdad que los avances de las mujeres en la sociedad actual son muy destacables, lo han hecho en la política, la economía, la educación, la ciencia y casi en todos los campos del quehacer humano.
Podríamos ir paso a paso analizando el avance y las resistencias que han tenido que enfrentar para que las mujeres sean admitidas, reconocidas, aceptadas y respetadas en cada campo de las diversas actividades humanas. Afortunadamente el trabajo de organización de muchas mujeres y algunos hombres ha posibilitado el avance, esto no significa que ya se ha alcanzado la paridad, ni la igualdad efectiva, aún existen muchos sectores que rechazan y combaten la idea de la igualdad de género. algunas se expresan de manera violenta o abusiva, llegando en casos lamentables a la muerte.
Los terribles hechos ocurridos en días recientes contra las mujeres que han sido quemadas vivas, Luz Raquel Padilla en Jalisco y Margarita Ceseña en Morelos; además de la niña de 11 años quemada en Tonalá Jalisco; así como los actos de agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, en Oaxaca, vienen a sumarse a una enorme lista de desapariciones y asesinatos que van desde las muertas de Juárez, o el emblemático caso de Debanhí Escobar hasta la desaparición de miles de mujeres, situación que llena de dolor el territorio nacional y dibuja de cuerpo entero el rostro de la sociedad en la que estamos viviendo.
Sociedades machistas que se resisten a cambiar, instituciones en procuración de justicia omisas o negligentes que ven como algo natural las agresiones a mujeres; discursos oficiales que se autoproclaman progresistas, pero descalifican los movimientos de mujeres porque les aterra la igualdad; hombres comunes que justifican la violencia como forma de vida; mujeres que justifican las agresiones atribuyendo la violencia a las conductas desviadas de la mujer agredida. Juntas o por separado, estas líneas de razonamiento generan un ambiente hostil a las mujeres y propicio para el agresor.
Se trata de hechos inconcebibles; inadmisibles y condenables en toda su expresión. Violencia que se hace cada vez más extrema en sus formas y que en sus números se ha incrementado en los últimos años. En efecto, del año 2015 al año 2021, los feminicidios en México han aumentado 137% cifra que revela entre otras cosas el malestar en ciertos sectores y personas por los avances y actitudes más participativa de las mujeres a las que se pretende frenar con acciones violentas más extremas. Lo que resulta paradójico del asunto, es que sólo el 2% de los casos de violencia hacia las mujeres es denunciado y sólo el 3% es castigado.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia contra las mujeres sigue una tendencia nacional ascendente en casi todos los delitos de alto impacto. Si se analiza el cuadro siguiente, podemos observar cómo los delitos culposos se mantienen en cifras equilibradas a través de los años, pero los delitos dolosos se van incrementando sustancialmente lo que implica actos premeditados y violentos contra las mujeres, una correlación que se observa en la misma tendencia con los actos de violencia familiar y los feminicidios.
Es decir, a mayor violencia familiar, se incrementan los actos dolosos y en mayor proporción los actos feminicidas. Por eso, no resulta sorprendente que muchos actos de homicidios dolosos y feminicidios fueron denunciados por las propias víctimas con anterioridad a las autoridades, sin embargo, no actuaron a tiempo ni correctamente.
Tan sólo en el año pasado de 2021, se registraron 978 feminicidios, en este primer semestre de 2022, ya suman 1,398 homicidios dolosos y 479 feminicidios. Lo que resulta aún más alarmante, es la escalada acelerada de la violencia. En el pasado mes de junio, se alcanzó el máximo histórico, al registrar 281 muertes violentas contra mujeres, de las cuales 109 se han considerado como feminicidio.
De los 90 meses que reporta el informe oficial del secretariado, los actos violentos contra las mujeres siempre presentan tendencias incrementales y los picos más altos se encuentren coincidentemente en los meses de mayo y junio de este año.
Por esto, me parece una muy buena iniciativa la que han presentado las senadoras, Olga Sánchez Cordero y Gabriela López Gómez para reformar el Código Penal Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para unificar el tipo penal como delito de feminicidio en todo el país, con lo que se pretende establecer criterios y parámetros de razonamiento argumentativo para investigar y sancionar este delito, ya que actualmente, la diferencia de criterios en los diversos códigos que tratan de manera diferente, conductas similares, posibilita el aumento de acciones de violencia y falta de sanciones correspondientes. En otras palabras, las autoridades atienden, investigan, integran los expedientes y eventualmente sancionan, de manera diferente la violencia contra las mujeres dependiendo de la entidad federativa en la que se haya realizado el acto. Lo ideal sería, que se homologue el tipo penal para facilitarle a las autoridades las acciones correspondientes.
Claro está que esta iniciativa debe ser completada con un sistema de atención a víctimas que le dé seguimiento puntual a cualquier síntoma de violencia intrafamiliar o de la comunidad; a esto, deben sumarse políticas públicas en educación por los derechos humanos, en todos los niveles educativos; combatir las estructuras y pensamientos jerarquizados machistas tan arraigados en la sociedad; aplicar procesos judiciales transparentes; ajustar la normatividad secundaria; capacitar a los cuerpos policiacos y de las fiscalías; además de capacitar a jueces para la impartición pronta y contundente de la justicia.
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