Lennyn Flores/Ultimátum
TGZ
Antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los órganos de fiscalización no podían inspeccionar los recursos públicos que se ejercían por parte de los estados y sus municipios en tiempo real, lo que impedía una acción eficaz de prevención o sanción en contra de los funcionarios públicos, explicó Alejandro Culebro Galván, titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE).
Explicó que anteriormente se perdía demasiado tiempo, ya que debían terminar las auditorias de los 122 municipios antes de enviar el informe al Congreso de la Unión, hasta el mes de septiembre; hoy, con el SNA, los entes fiscalizadores estatales tienen la obligación de rendir tres informes al año; la ventaja será la fiscalización en tiempo real.
“¿Por qué digo esto? imagínense que nosotros acabábamos de auditar un municipio en marzo, teníamos que esperar hasta septiembre para entregar el informe al Congreso, y una vez que lo entregábamos, corrían 45 días entre que el municipio tenía para solventar sus observaciones; entonces, digamos que era un procedimiento muy largo…”, abundó.
El Sistema Nacional Anticorrupción permitirá acortar dichos plazos, por lo que con las instancias encargadas de fiscalizar los recursos públicos podrán evitarse los atrasos como ocurre hoy en Chiapas, donde, de acuerdo con el auditor, existe un rezago de solvataciones y de expedientes de audiencia de ley, por dichos procedimientos largos.
Actualmente, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado evalúa el ejercicio de los recursos con la entrega de la cuenta pública trimestral. En este contexto, explicó que si los funcionarios municipales no entregan el primer trimestre, se hacen acreedores de una multa de 40 mil pesos, de pasar por alto el segundo trimestre, la sanción se duplica; la falta en el tercer trimestre se traduce en una denuncia penal.
“Ahorita hemos sancionado a más de 900 funcionarios municipales porque no han entregado su cuenta pública a tiempo; eso habla de presidentes municipales, síndicos, tesoreros, directores de obra y en algunos casos a regidores (…) Entonces, te podría decir que, de entrada, ya tenemos 14 municipios que no entregaron su cuenta publica anual de 2016”, informó.
No obstante, un documento al que Ultimátum tuvo acceso, da cuenta que son 17 alcaldes los que no entregaron su cuenta pública anual del ejercicio 2016: Neftalí del Toro Guzmán de Tapachula, Patricio Elí Matías de Acacoyagua, Olinda Flor Moreno Velázquez de Bellavista, Domingo Santis Gómez de Chamulla, Rosa Pérez Pérez de Chenalhó; Enrique Arreola Moguel de Cintalapa, Martín Díaz Gómez de El Bosque, Josué Maximiliano González Pérez de El Porvenir; Jorge Antonio Aguilar Lucas de Frontera Comalapa, María Sonia Tapia Pineda de Metapa de Domínguez, Víctor Lavalle Cuevas de Motozintla; María Gloria Sánchez Gómez de Oxchuc, Henry Córdova Gómez de El Parral, Juana López Santis de Santiago el Pinar; Leyver Ausel Roblero Ángel de Siltepec y Ángel Iván Hidalgo Morales de Simojovel.
En este sentido, Alejandro Culebro Galván explicó que: “Hay un proceso ahí de una confronta que se hace entre el Congreso del Estado y nosotros y, la última confronta que hicimos fue de 14 ayuntamientos porque el proceso es que nosotros validemos su cuenta publica (…) Podría ser que los otros tres municipios no han sido validados ante este órgano”.
Detalló que el 80 por ciento de las demarcaciones chiapanecas han sido multadas; en ese momento, aclaró que los colores partidistas no tienen nada que ver con el número de sanciones aplicadas, además de que el OFSCE es un ente apartidista dedicado únicamente a la fiscalización. 
“Estaríamos mal en meternos en asuntos que no son de nuestra competencia, pero hay personas que mediante el instrumento político intentan influir a través de sus “padrinos” pero nosotros no les damos entrada (…) El último factor que vemos es el partido, si es que lo vemos”.
Aunque la no entrega de la cuenta pública podría ser un impedimento para que los alcaldes puedan buscar la reelección, aclaró que el Órgano que representa no puede ser calificado como un instrumento o candado para dicho tema, y, aunque algunos procesos de ejecución de sanciones coincidirán con los procesos electorales del 2018, dijo que será eso nada más: una coincidencia.
“La entrega de la cuenta publica es una obligación de los presidentes municipales, y nosotros lo que debemos hacer es lo que dice la ley, que es multar porque el instrumento sancionador es el que tenemos a la mano…”
Culebro enfatizó que el Sistema Nacional Anticorrupción también logrará que las sanciones se ejecuten de forma rápida, por lo que no tendrán que esperar hasta tres años como ocurría anteriormente, cuando se notificaba a los ya “exfuncionarios” hasta tres años después de dejar el cargo.
Pero para ello, el OFSCE buscó el acercamiento con la Secretaría de Hacienda (SH) del estado, ya que es la dependencia encargada de notificar a los servidores públicos.
Asimismo, indicó que tuvieron que llevar a cabo un proceso de depuración de los procesos, pues habían muchas multas para regidores: “multas donde debían 70 mil pesos cada uno, cuando ellos ganaban 4 mil pesos y muchas veces el regidor no es el culpable de que el presidente no entregue la cuenta publica…”, en algunos casos, precisó que los regidores también serán sancionados.
Por otra parte, el auditor consideró que en un ejercicio de transparencia, los alcaldes deben contar con personas calificadas, principalmente en áreas como la tesorería municipal, obras públicas, así como en las empresas a las que se les adjudican las obras destinadas a sus municipios, para que los recursos sean ejercidos de manera transparente y correcta.
Ante ello, mencionó que eso también es parte del SNA: Los presidentes municipales piensan que el SNA no hace nada, pero no, ellos serán los más auditados, porque los funcionarios municipales que ocupen los principales cargos tienen que cumplir con los perfiles que se requieren para esos puestos. Nosotros junto con el Congreso estamos preparando una idea, que si un tesorero no entregó su cuenta publica, no puede ser tesorero en la siguiente administración, en ningún municipio…”
Al respecto, mencionó que se creará un padrón de servidores públicos municipales para saber quiénes estarán inhabilitados por no cumplir con el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y no puedan ejercer ningún cargo dentro de las administraciones municipales.
“Eso tiene que ser una ley y ya estamos trabajando en ello, igual con los servidores públicos y contratistas, porque si se le dio un dinero y se fue, no deben desempeñarse en ningún otro municipio”, agregó.
Finalmente, el funcionario estatal dijo que con el sistema nacional y estatal anticorrupción estarán dejando un mejor sabor de boca en cuanto al uso eficiente de los recursos.
