México ha tenido una tasa de crecimiento “decepcionante”, aún cuando ha llevado a cabo más reformas estructurales que otros países, sostuvo este martes Standard and Poor’s (S&P).
La firma anunció que redujo de estable a negativa la calificación sobre la posibilidad de impago de la deuda del gobierno mexicano y abrió la posibilidad de bajar la nota si no hay una reducción en los pasivos del sector público federal.
Dijo que la “percepción de corrupción” limita los beneficios de las reformas económicas impulsadas por el gobierno, en particular en la inversión.
S&P Global Ratings revisó a negativa de estable la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México, informó la calificadora.
Las calificaciones de deuda son un indicador de la probabilidad de impago de obligaciones por parte de gobiernos y empresas. A mejor calificación, es menor el costo del financiamiento que reciben. México tiene el llamado “grado de inversión” por parte de las principales calificadoras. Reducir a “negativa” la perspectiva indica que es más probable que baje la calificación
“La revisión de la perspectiva de las calificaciones en escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los choques adversos”, dijo la calificadora.
La deuda neta del gobierno general se ubicó en 42 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2015, y S&P espera que llegue a 45 por ciento del PIB en 2016 y se acerque a 47-48 por ciento en 2018-2019.
El índice de deuda ha aumentado de manera continua desde sólo 28 por ciento del PIB en 2005, lo que refleja el impacto de los constantes déficits fiscales moderados en un contexto de bajo crecimiento del PIB en este periodo. Aunque el nivel de deuda de México es moderado, el gobierno tiene menos margen de maniobra fiscal que el que tenía hace 10 años, consideró.
“México ha llevado a cabo más reformas estructurales en comparación con la mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos”, aseguró.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto “hizo notables reformas estructurales para modernizar la economía (en los sectores de energía, educación, telecomunicaciones, fiscal y financiero) en la primera parte de su periodo de administración de seis años (que comenzó en 2012) con el respaldo de otros partidos. Sin embargo, las debilidades en la gobernabilidad—que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción— limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión”.
La democracia mexicana ha seguido madurando a medida que los partidos comparten el poder en los niveles de gobierno nacional y local. La democracia ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno en México, pero no ha derivado en un dinamismo económico ni ha mejorado la seguridad pública. Consideramos que México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua y un desempeño económico limitado en el largo plazo, que un riesgo de hacer un cambio radical en sus políticas económicas, mencionó.
Es posible que la economía mexicana alcance un crecimiento del PIB ligeramente por encima de 2 por ciento en 2016 y en torno a 3 por ciento durante 2017-2019 (o sólo por debajo de 2 por ciento sobre una base per cápita), suponiendo un crecimiento constante y estable en Estados Unidos y un incremento gradual de la inversión privada en el sector de energía mexicano. El crecimiento del PIB real per cápita durante 2011-2015 promedió 1.7 por ciento, lo cual es lento para una economía emergente, aseguró.
“Esperamos que la continuidad de las políticas económicas en los próximos dos años, junto con el ajuste fiscal en curso compense los menores ingresos petroleros y contenga el nivel de deuda del gobierno. Esperamos que la implementación de las reformas económicas, especialmente en los sectores de energía y telecomunicaciones, mantengan el crecimiento del PIB en el largo plazo, pero no necesariamente incrementará la tasa de crecimiento, en ausencia de otras medidas”.
La calificadora añadió que podría bajar la calificación de la deuda emitida por el gobierno si la deuda pública o si la carga de intereses se deteriora más que lo que espera actualmente.
“El continuo bajo crecimiento del PIB, los bajos ingresos petroleros y el margen cada vez menor para reducir el gasto relacionado con proyectos de inversión, así como los costos de personal podrían dificultar que el gobierno estabilice su deuda como participación del PIB en los próximos dos años. El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente como resultado de los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda, y la probable ayuda financiera a las empresas no financieras del sector público.
La carga de intereses, actualmente en torno a 9 por ciento de los ingresos del gobierno general, podría aumentar, lo que reflejaría tanto una limitada base de ingresos como la necesidad de mantener tasas de interés consistentes con la dependencia que tiene el soberano de las entradas del portafolio de capital externo. Cualquiera de esos dos resultados elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos”, planteó.
Por otro lado, medidas para acelerar la inversión del sector privado, especialmente en el sector de energía, entre otras que aumenten la confianza de los inversionistas podrían derivar en un crecimiento moderadamente mayor del PIB. La efectiva implementación de las reformas energéticas, incluyendo cambios a Pemex y CFE reducirían los pasivos contingentes potenciales del soberano. Esto, junto con medidas para sustentar el reciente incremento a los ingresos fiscales no petroleros y contener el gasto, podría derivar en resultados fiscales que contribuyan a estabilizar la carga de la deuda pública. De tal manera, podríamos revisar la perspectiva a estable.
Por: La Jornada