1.-Antecedentes importantes:

a) En los primeros años del proceso de negociación en Chiapas (1995-1997), los trabajos de la Comisión de Concordia y Pacificación inician con la emisión de una Ley que obligó al diálogo en un plazo determinado (Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, 11 de marzo de 1995). Ello ocurrió luego de la ofensiva militar del presidente Zedillo, que dio como resultado un sinnúmero de presos (fuera de Chiapas) vinculados al EZLN.

Son determinantes, también. en la concreción de los primeros Acuerdos (Acuerdos de San Andrés) y en la posterior etapa de crisis del diálogo, que siguió al desconocimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno Federal.

La acción fundamental de aquella COCOPA -en un intento por remontar la crisis- fue la equilibrada elaboración de la “Iniciativa de Ley COCOPA”; iniciativa con la que el EZLN estuvo de acuerdo -aun haciendo concesiones-, y que pretendía concretar las Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena permitiendo, así, la continuidad del proceso de Diálogo y Negociación.

Los largos años siguientes se caracterizaron por el incumplimiento y el olvido de los gobiernos federales, por un lado, y por la actuación unilateral del EZLN, concentrada en la construcción de sus estructuras políticas de autonomía y sus distintas iniciativas políticas nacionales e internacionales, prósperas o inconclusas, por el otro.

b) Antes de iniciarse el proceso formal de Diálogo y Negociación (1), los esfuerzos y concursos tanto de la Delegación Gubernamental, la COCOPA, la Mediación, la Delegación Zapatista y todo el conjunto de Asesores de ambas partes, dieron como resultado (en no fácil ni corto proceso):

Después, el proceso de Diálogo y Negociación -que agotó la primera mesa e iniciaba, apenas, la segunda- entró en crisis.

No obstante, en toda la trayectoria de este accidentado proceso, la participación directa e indirecta de decenas de organizaciones sociales y representantes de pueblos indígenas del país, a través de foros, consultas, encuentros y logística, fue determinante.

Por tanto, los llamados “Acuerdos de San Andrés” son el fruto de un esfuerzo y participación de amplios sectores nacionales (principalmente pueblos indígenas) y no solo del EZLN, Gobierno Federal, Mediación y COCOPA.

Los “Acuerdo de San Andrés” son fruto de un esfuerzo nacional; sintetizan -en un fragmento de la historia reciente de México- la esperanza y posibilidad de la vía política del Diálogo y la Negociación; la discusión nacional y redescubrimiento de la problemática y derechos de los pueblos indígenas (como nunca había ocurrido); la existencia o no de alternativas a la vía armada; la capacidad o incapacidad del estado mexicano de frente a lo anterior.

Es ésta su importancia política.

2.-Hoy, el así llamado “conflicto” tiene características muy distintas:

a) El zapatismo se concentró -y se encuentra concentrado- en la profundización y fortalecimiento de sus procesos de autonomía, a través de las Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos.

Tales procesos, se expresan en todo un conjunto de construcciones:

-Ejercicio y estructuras de gobierno
-Administración de justicia
-Sistema de salud
-Sistema autónomo de educación
-Producción
-Administración agraria,
-Cultura,
-entre otros.

-El zapatismo no ha mostrado ni expresado interés alguno en retomar el proceso de Diálogo y Negociación.

-La demanda expresada públicamente a los gobiernos -particularmente al actual- es “Cumplan lo Acordado” (diciembre del 2012).

-El zapatismo, considera que desde el incumplimiento (y desde antes) existe una estrategia “contrainsurgente” de desgaste y exterminio de sus bases y su quehacer.

-Para el zapatismo, la vía del Diálogo y la Negociación está absolutamente desacreditada.

-El zapatismo hoy, no mantiene ni está interesado en tener interlocución o acercamiento alguno con ningún nivel de gobierno o poder. Se ha divorciado también con todo lo que tenga que ver con procesos electorales. Sus relaciones ocurren -como ellos dicen- “abajo, a la izquierda”.

-No obstante, el zapatismo hoy sigue “demandando” el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas.

b) A nivel nacional, han surgido nuevas y diferentes iniciativas de autodeterminación y autonomía, que se siguen sumando al reclamo de cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés” pero que, siendo realidades y problemáticas nuevas y complejas, demandan salidas novedosas y creativas que bien pueden encausarse con el cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés” o con la incorporación o armonización de nuevos y existentes instrumentos legales.

c) El alarmante caso de la Minería es un ejemplo y se vincula de manera determinante al asunto de los derechos de los pueblos indígenas.

d) Las nuevas realidades, y el alcance nacional mismo de los “Acuerdos de San Andrés”, permite y demanda el cumplimiento de estos.

3.-Qué toca hacer?

¿Ignorar todo lo anterior e ingenuamente pretender Forzar al Dialogo?

¿Pretender forzar un acercamiento con el EZLN antes de cumplir a cabalidad lo acordado?

¿Buscar una palabra de “anuencia” con sólo las aparentes señales existentes, que aún no aterrizan?

4.- Nos encontramos en el inicio de una nueva etapa.

Es necesario proceder con verdad y prudencia, y a la luz del diseño de una ruta y estrategia, midiendo con objetividad lo posible, lo necesario, y lo no posible frente al EZLN y, lo necesario, frente a la deuda con los pueblos indígenas de México.

5.-La actual situación plantea prioridades para el nuevo Congreso de la Unión:

-Contribuir a la Distensión en Chiapas y en los puntos neurálgicos del país, relacionados con la afectación de derechos de los pueblos indígenas.

-Abordar la necesidad política de cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés” -con su nombre y apellidos- como condición política imprescindible.

-Ampliar, armonizar y concretar las Reformas Constitucionales necesarias en materia de Derechos y Cultura Indígena sobre la base de: los “Acuerdos de San Andrés”, el “Convenio 169 de la OIT”, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el “Protocolo de Actuación de la SCJN” y la muy reciente recomendación emitida en el “Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU” donde se detalla la necesaria revisión del marco legal relativo a la Minería, Aguas, cuestiones Agrarias, etc., y la urgente necesidad de armonizar la Constitución con los derechos de los pueblos indígenas en México.

6. PROPUESTAS PARA UNA POSIBLE RUTA Y ESTRATEGIA

1.-Riesgos y algunas medidas prudentes:

-Es necesaria la Prudencia por parte del Gobierno Federal en el manejo público de todo lo que tenga que ver con “la continuidad del proceso de Diálogo y Negociación”, “acercamientos”, “puentes”, etc. Tal lenguaje junto con el lenguaje de “la paz” debiera posponerse hasta el momento en que, para ello, haya condiciones.

-Para el nuevo Gobierno son indispensables esfuerzos conjuntos y coordinados con el Congreso de la Unión, Gobierno Estatal, e instituciones involucradas directamente.

-El Gobierno Federal debe ubicarse frente al escenario de una deuda histórica con todos los pueblos indígenas de México; frente a la necesidad ya impostergable del reconocimiento Constitucional de sus Derechos y Cultura Indígena; frente a la urgente necesidad de que tales derechos estén garantizados plenamente en la Constitución, y de que haya una profunda y real reforma de las instituciones y programas que tienen que ver con los pueblos indígenas.

-Se debe ubicar también ante el hecho de que la vía del Diálogo y la Negociación como camino superior para la resolución de conflictos esta desacreditada y debe restituirse la credibilidad en ella.

El cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés” restituiría parte de esa credibilidad.

-Si desde sus primeras y siguientes declaraciones y posicionamientos públicos, del nuevo Gobierno es clara y objetiva en el estatus del “conflicto” y de las nuevas realidades; no dando una imagen pretenciosa ni politizando su labor, habrá de sentar bases y abrir posibilidades y caminos.

Si, al contrario, comienza forzando el estatus con declaraciones pretenciosas y no gratas a cualquiera de las partes (incluida la opinión pública-crítica), la etapa cerrará puertas.

-El Gobierno Federal tienen en sus manos el éxito o fracaso de la nueva etapa, pero, sobre todo, la oportunidad y posibilidad histórica de “pagar lo debido” trascendiendo políticamente, y adelantándose a la ofensiva de los pueblos que habrá de generar coyunturas imprevisibles buscando el cumplimiento de lo mismo. No puede convertirse -por errores u omisiones- en “parte del conflicto” sino en instrumento de salidas y perspectivas (como es su mandato).

-Toca también al nuevo Gobierno Estatal y al Federal dar continuidad y profundidad a sus señales y voluntades.

2.-Tarea pública inicial:

-Definición publica del status (realidad nacional; nueva realidad en Chiapas; postura y voluntad de “las partes”; lo que plantea y demanda el momento; importancia del cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés” -con su impacto y dimensión nacional-; énfasis en la cuestión indígena nacional y no en el “Diálogo” con el EZLN, y objetivos del nuevo Gobierno en la línea de la armonización y concreción de Reformas Constitucionales, institucionales y de programas, que garanticen y respeten los derechos de los pueblos indígenas de México.

3.-Interlocuciones convenientes (diversas, plurales):

-Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
-Secretaría de Gobernación
-Gobernador del estado de Chiapas
-Congreso Nacional Indígena
-Pueblos emblemáticos con problemática derivadas del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
-SERAPAZ

4.-Objetivos y tareas generales:

El objetivo principal del nuevo Gobierno debe ser que los “Acuerdos de San Andrés” se cumplan; que lo acordado y firmado entre el Gobierno Federal y el EZLN se cumpla a cabalidad.

Para tal objetivo la comisión debe definir la vía y los pasos concretos. Un camino y posibilidad es la presentación, al Congreso, por parte del Ejecutivo Federal, de la “Iniciativa de Ley Indígena”.

Otro camino es concretar la armonización del marco legal nacional sobre la base de los “Acuerdos de San Andrés”, el “Convenio 169 de la OIT”, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el “Protocolo de Actuación de la SCJN” y la muy reciente recomendación emitida en el “Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU” donde se detalla la necesaria revisión del marco legal relativo a la Minería, Aguas, Cuestiones Agrarias, etc., y la urgente necesidad de armonizar la Constitución con los derechos de los pueblos indígenas.

Tal armonización debe concretarse en las necesarias Reformas Constitucionales; las Reformas Institucionales y los cambios o innovación de Programas de Políticas Publicas que reflejen la garantía de Derechos y el respeto de estos. No olvidando, a la vez, el seguimiento y verificación del cumplimiento de las reformas y sus derivaciones nacionales y estatales.

Además, el nuevo Gobierno, establecer un plan y calendario de acciones de Distensión en el país -y particularmente en Chiapas- en tanto el cumplimiento de lo Acordado establece vías y canales de solución a las distintas problemáticas.

Por último:

La realidad toda que envuelve hoy el tema de los Derechos y Cultura Indígena es compleja e impredecible.

Son válidas e imprescindibles las voluntades gubernamentales, mas es necesario ya dar pasos mayores y concretos en orden a las Reformas Constitucionales, Institucionales y de Programas, que eviten agudizaciones políticas, y que reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos.

Es urgente poner un freno drástico al saqueo y destrucción por parte de la actividad minera y los megaproyectos; y un freno drástico a todas las realidades y acciones que operan en contra de los derechos de los pueblos.

El aporte y concurso de los pueblos indígenas es fundamental para el desarrollo del país: para la democracia, la identidad y el futuro de la nación.
La paz en México está directamente relacionada con el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

(1) El “Diálogo de La Catedral” fue previo y constituyó un primer intento, que igualmente entró en crisis, dada la simultánea ofensiva militar del Gobierno Federal.