Ante la posibilidad de regular el gasto en promoción oficial de funcionarios y gobernantes a nivel federal, los gobiernos de los estados cobran atención por ser los segundos más grandes usuarios de estos servicios vinculados a la rentabilidad electoral.

El sobre ejercicio del gasto en publicidad es evidente y va más allá de los límites legales. A pesar de los altos índices de pobreza y violencia en la entidad, sus autoridades han gastado cifras millonarias en promoción, lo que demuestra que estos temas no son prioritarios para el gobierno, así lo demuestra la comparación de datos cruzados de los informes elaborados por tres organismos civiles.

Esto trasciende en medio de la posibilidad de regular el gasto en promoción oficial de funcionarios y gobernantes que se baraja a nivel federal, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara que el Congreso de la Unión elabore una Ley que regule este ámbito que está innegablemente vinculado a la rentabilidad electoral, y por tanto, cobra importancia ante el año de comicios que se avecina.

SinEmbargo reveló en su reportaje, que retoma estos materiales, que la entidad está en el noveno sitio del “top ten” de aquellas que más dinero gastaron en ese rubro, al igual que Tamaulipas, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Campeche, Sinaloa y Oaxaca.

Asimismo, el portal advierte que hay discrecionalidad y poca transparencia en los manejos de los recursos: “Si a nivel federal se complica el acceso a información confiable y desagregada en esta materia, a nivel estatal sólo se cuenta con la información que los mismos gobiernos reportan y, aun así, el sobre ejercicio es evidente. Datos del Imco muestran que 17 entidades gastaron, en Comunicación Social, mucho más del doble de lo que tenían legalmente permitido”.

En el caso particular de Chiapas, explica que designó 427 millones 006 mil 078 pesos a publicidad; de esa cifra gastó 991 por ciento más de lo que debía, puesto que se le fijó un tope de gasto de 39 millones 119 mil 216 pesos. Mientras tanto, el 77.1 por ciento de sus habitantes viven en pobreza.

De manera general, dio a conocer que en 2016, los estados se gastaron 139 por ciento más de lo que podían gastar en Comunicación Social, es decir 5 mil 534 millones de pesos que no debieron destinarse a ese rubro.

“Los gobiernos estatales podían emplear 3 mil 994 millones 216 pesos, pero el gasto final fue de 9 mil 528 millones 760 mil pesos”.

Al respecto, el Imco aseveró que “los gobiernos estatales no sólo no gastan en lo que nos dicen que van a gastar, sino que gastan más”.

Además de ello, SinEmbargo halló que las entidades que más dinero gastaron en publicidad, son también los que tienen graves problemas de violencia y/o pobreza, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gastos reflejan prioridades

En entrevista para ese medio, el coordinador de Finanzas Públicas del Imco, Manuel Guadarrama explicó que los gastos de comunicación, en comparación con los de pobreza y violencia, terminan por reflejar las prioridades de cada gobierno.

Hace unos días, la SCJN avaló el amparo interpuesto por la organización internacional Artículo 19. Eso obliga al Congreso de la Unión a elaborar una Ley que regule la publicidad oficial; de ser así, los estados deberán armonizar sus legislaciones en concordancia con lo estipulado a nivel federal. No obstante, el portal de noticias sentencia que poco ayuda la Ley de Disciplina Financiera que se discute en la actualidad y que podría derivar en dar más espacios a este tipo de prácticas opacas en 2018, año electoral.

Guadarrama considera que la sentencia de la SCJN es relevante porque hace un reconocimiento de que la publicidad puede tener efectos perniciosos en la libertad de expresión y afectaciones en el gasto público.

Destacó también la importancia de que el Artículo 134 constitucional menciona que son los tres órdenes de gobierno, de todos los poderes y todos los entes públicos, los que deberán estar sujetos a esa futura ley en materia de comunicación social.

Refirió que hay que encender las alarmas ahora que se aproxima el año electoral porque en esa materia no existe una reglamentación subnacional obligatoria para todos los estados y municipios, que ponga un tope a este tipo de gasto.

“Más preocupante aún, es la Ley de Disciplina Financiera (ahora en el Congreso), para la aprobación de criterios más laxos en materia de disposición de ingresos excedentes. Esos ingresos son el mecanismo con el que están logrando desviar este tipo de recursos a gastos de comunicación social. Estados y municipios están subestimando los ingresos, dicen que van a recibir menos de lo recaudado para que, de esa forma, a lo largo del ejercicio fiscal recauden más o reciban más del Gobierno federal y pueda ser catalogado como ingreso excedente”, declaró el especialista para SinEmbargo.

“Así, al asignar esa categoría de ingreso excedente, el recurso puede ser asignado de forma ‘discrecional y arbitraria’ a gastos como comunicación”, concluye la investigación.

Por AQUÍNOTICIAS