La muerte ocurrió casi una semana después de que fuera declarada en la entidad la AVG; la joven enfermera fue la víctima 56 del año 2016. Su asesino continúa en libertad

Christian González/Ultimátum
TGZ
Una supuesta cena con dos amigos se convirtió para Yuri Lisset Méndez Trejo en su peor pesadilla: los batazos que recibió en la cabeza le arrebataron la vida la noche del miércoles 23 de noviembre del año 2016 en la carretera hacia el municipio de Ocozocoautla, poco más de una semana después de que se activara en Chiapas la Alerta Contra la Violencia de Género (AVG). Hasta la fecha, su feminicida, Iván Alonso Orantes, continúa en libertad.
La joven enfermera originaria del municipio de Huixtla, en ese entonces de 21 años de edad (1.50 metros de estatura), se convirtió en una cifra más de las estadísticas por homicidio en contra de mujeres: la muerta número 56 de ese año. Mientras tanto, la justicia no llega porque una “estela de corrupción” ha empañado el proceso.
Tras recordar a su hermana como una persona viajera, alegre, cariñosa y de corazón altruista, Itzel de María Molina Trejo rememora en entrevista que ese día Iván (de casi 1.80 metro de altura y quien hoy tendría cerca de 21 años) golpeó en la cabeza a Yuri, y cuando se sube al carro Milton Carlos Cazo Cobaxin le pregunta: “¿Y mi amiga Yuri?”, por lo que le respondió: “De lo que viste y oíste… no digas nada, porque te puedo matar a ti también”.
Está sabedora de que luchó por su vida, se defendió, e incluso Milton advirtió que Yuri le mordió un brazo a Iván: “Ella decía: ‘Ya no me pegues, te prometo que no diré nada’”. No obstante, las súplicas fueron en vano.
Se regresan a Tuxtla con Milton (hoy también de 21 años), quien vivía solo en una casa que le rentaban sus padres, se cambia la playera ensangrentada, limpian el Honda Civic rojo que contenía sangre de la víctima, y en una maleta meten el bate, el celular de Yuri y dicha prenda de vestir.
Cuando envían el mensaje a los familiares de la occisa para solicitar el dinero por el “supuesto rescate de secuestro”, es decir 3 millones de pesos, Milton le advierte a Iván (ambos estudiantes en ese entonces de Medicina (en la Universidad Pablo Guardado Chávez) que ya comenzó la búsqueda de la joven; “este último le dice que ya había ido a donde dejaron a Yuri, y le advierte que ya no estaba el cuerpo”.
El cadáver fue levantado un día después como al mediodía por el MP de Coita, y el viernes se difunde el hecho en los medios de comunicación. A partir de ahí, Milton le hace una serie de llamadas al asesino material, pero este último no le contesta.
“Siento que eso genera que el primero se vaya, al ver que le pesaba la muerte de su amiga, y al saber que nosotros sabíamos que con él salió a cenar con mi hermanita”, detalla la entrevistada, quien permanecía sentada en una de las bancas del Parque Jardín de la Marimba de esta ciudad.
Antes de emprender “la huida”, comenta que Milton acudió ante la FGE para declarar que Iván era el asesino material, “relata todo, que se dirigían alrededor del kilómetro 5+800 de Coita, e Iván detuvo el carro, discutió con ella en la parte de atrás, y cuando mi hermana se quiere subir al coche, la golpea en la cabeza, la cual quedó destrozada”.

EFÍMERA ESTADÍA POR EL RECLUSORIO

En enero de 2017, relata que declararon en compañía de su abogado y el 14 de febrero se celebró la reconstrucción de los hechos. Para marzo se solicita la orden de aprehensión en contra de Iván, quien es detenido el 21 de ese mes y presentado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 14, mejor conocido como “El Amate”.
El joven involucrado requiere 144 horas, por lo que está seis días encerrado; entonces el 27, día de la audiencia, el Juez de Control conocedor de la causa, no lo vincula a proceso, por lo que quedó libre; no obstante, la familia de la occisa tenía otra opción: impugnar la decisión de ese juez ante los magistrados de la entidad.
“Con mi mamá impugnamos, metemos nuestro recurso, nos vuelven a citar, Iván, su abogado y sus papás se presentan, y los magistrados, en menos de 5 minutos, vuelven a decir lo mismo: que el joven no sería vinculado”, lamenta Itzel, quien agrega que no les quedó de otra que acudir ante la instancia federal en Tuxtla e hicieron una marcha en esta misma capital.
Durante esa acción, solicitaron al juez federal que revisara de forma exhaustiva el expediente, “está Milton, que es un testigo presencial, aunque también se convierte en cómplice; pero la Fiscalía lo tiene como testigo del caso. Además tenemos la carta que ellos (Iván y Milton) elaboraron el 25 de noviembre (de 2016) donde se deslindaban del hecho, un abogado la lleva a esa instancia; también contamos con la geolocalización de los teléfonos celulares, están las placas del coche de entrada y salida, los horarios; sabemos que con una sola razón es suficiente para vincularlo”.

DILACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Sin embargo, el proceso se demoró poco más de un año, mientras se le daba entrada a la situación ante el juez federal, quien dio el fallo: “Primero se establece que a mi mamá no le pusieron un abogado; solo el MP nos representaba, cuando el Estado debió proporcionarlo o decirte tus derechos, asesorarte”.
Además, se repuso la audiencia a partir de la vinculación a proceso, por lo que su progenitora tenía que contar con un defensor; de nueva cuenta pasa con tres magistrados. El tráfico de influencias se empezó a “destapar” cuando se supo que el abogado del joven Iván era un ex juez de “El Amate” y cuñado de uno de estos últimos.
Según ella, fue la misma FGE la instancia que les sugirió no involucrar a nadie mientras se desarrollaban las investigaciones, “de hecho una MP me dijo que cualquier fuga de información sería nuestra responsabilidad, entonces para que la Fiscalía no buscara algún argumento para entorpecer la situación, u omitir todo, nos callamos”.
Con base en la ley, advierte que debieron ser tomadas en cuenta para la reconstrucción de los hechos, “lo que no sucedió; mi madre debió tener ese abogado, lo que tampoco sucedió”.
Asimismo, puntualiza que el mismo Fiscal General, Raciel López Salazar, les cerró las puertas, “nunca nos recibió, y para mí él es una persona cerrada, cuando debería de voltear a ver todo lo que pasa en el estado, salir un rato de su oficina y checar lo que pasa con sus MP’s y sus jueces… porque él sabe que ellos se venden”.
Ante todo el panorama adverso en la impartición de justicia, recuerda que lo único que logran es una orden de presentación, y ya en una audiencia se definiría esa vinculación a proceso.
Por el momento, condena que Iván continúe libre, en su casa y con su familia, en esta ciudad capital, “la licenciada de Atención a Víctimas nos dijo que el juez federal ordenó la reposición de audiencia para empezar de nuevo, pero nos dijo: ‘Como no lo van a vincular a proceso, volvemos a ampararnos otra vez’”.
Para evitar más “trabas”, comenta que están en la búsqueda de la opción de contar con un representante particular, “porque con esa declaración, ¿qué nos quiso dar a entender?”.
Ahora, a los familiares de Yuri no solo les “carcome” el asesinato, sino el burocratismo y otras “barreras” a las que se enfrentan en las instancias impartidoras de justicia. “Si nosotros no hablamos, o estamos atrás, o vamos al Juzgado, ellos no lo hacen”, exhibe.

LA BALANZA NO ESTÁ EQUILIBRADA

Por eso cree que no solo en este caso, sino en muchos, pareciera que tiene más respaldo el delincuente que la misma víctima, “con decirte que para que me entregaran el acta de defunción de mi hermana me llevó tres meses; decían que porque no tenían papel, que porque no tenían quién lo viniera a dejar al Registro Civil… muchas deficiencias de los procedimientos en las instituciones”.
Lo más lamentable, advierte, es que la autoridad no cataloga los feminicidios como tal, “porque no les conviene, y eso da pie a la impunidad, a la corrupción, al tráfico de influencias”.
A esto se le suma, externa, el tener que “toparse con el asesino” en la calle, “porque sí ha pasado, y lo que más nos duele es que él siga libre por las calles, es un peligro, y te preguntas: ¿de qué se trata la vida? Porque un juez, al dejar libre a una persona que mató a otra por dinero, es no tener conciencia”.
Por su parte, cuenta que Milton retornó a su tierra natal, Arriaga, en la región Costa de Chiapas, “ya no supimos más de él, y es más, cuando fue la no vinculación a proceso, el abogado de Iván se dedicó a desacreditar a Milton, a cuestionarlo, y que cómo era posible que a una persona que huyó se le diera crédito, que era un mentiroso; pero creemos que él se fue por temor”.
Aunque descarta amenazas, refiere que su mamá creó una página en la red social Facebook a nombre de Yuri, con el fin de “desahogar” todo el coraje por la falta de justicia; “solo recibió una llamada de Iván, quien le decía: ‘¡Señora ya, por favor!’ Pero no entendemos por qué la mató así”.
Lo más irónico, evidencia, es que el padre del presunto asesino se le acerca y les dice: “‘Vamos a dar con el asesino de su hija’. Pero de inmediato pensamos: ‘Si el asesino de mi hermana es su hijo, ¿cómo?’”.
Lo que sí han hecho, dice, es cumplir con todo lo que la autoridad requiere, “Iván siempre se presenta a las audiencias a las que es requerido, y lo acompañan su papá, su hermano y el abogado; han usado bien esa estrategia”.
Entre el 6 y 8 de agosto, afirma que meterán un documento en el que su mamá designará a su representante legal, y lo más seguro es que a mediados o a finales de este mes se lleve a efecto la audiencia de reposición de nueva cuenta en los tribunales en “El Amate”, por lo que solo esperarían la fecha y con qué juez pasarán.
“Esperemos que esta vez la vinculación a proceso sea a nuestro favor, porque mientras el asesino no esté vinculado, no podemos avanzar en el desahogo de pruebas, ni en la presentación del testigo, y ni saber por qué la mataron”, subraya.
“Lo peor es que sigue la ola de violencia, no para, y es contra todos, hombres, mujeres, contra la misma comunidad lésbico-gay (…) Estamos en un Estado de impunidad”, concluye.
A pesar de que Yuri, quien un día decidió seguir a su mamá a Tuxtla por cuestiones de trabajo, ya no podrá ocupar la plaza que le ofrecieron en la Jurisdicción Sanitaria I para cubrir las campañas de salud en las comunidades, su hermana Itzel solo espera que se haga justicia y que Iván reciba lo que se merece: la cárcel.

RESULTADOS GRISES

La AVG al parecer aún no ha funcionado como se esperaba. De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, de enero a la fecha se han registrado en la entidad 10 mil 294 denuncias por delitos por violencia de género contra las mujeres, lo que incluye violaciones sexuales, feminicidios, entre otros.
Según los datos recabados, en 2017 se registraron 220 muertes violentas de mujeres en la entidad. Mientras que, con base en las estadísticas del portal http://alertadegenerochiapas.org.mx, en los últimos seis meses (enero-junio 2018) hubo 7 mil 997 casos de violencia familiar, 784 violaciones, 564 incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, 363 casos de pederastía, 242 abusos sexuales. Asimismo, 70 casos de corrupción de menores e incapaces, 67 hostigamientos sexuales, 60 casos de trata de personas, 49 de estupro, 30 tentativas de homicidio, 35 feminicidios, 19 homicidios dolosos y 14 tentativas de feminicidios.
Lo más preocupante, advierte esa instancia, es que esa cifra solo es parte de los casos denunciados, y de los más de 10 mil, ni el 5 por ciento obtienen justicia por parte de las autoridades. Reina prácticamente la impunidad.