Justo en el año 2000, como una afortunada y libertaria premonición del naciente siglo XXI, la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, como parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
¿Si en los dos siglos más recientes se había consumado la gradual abolición de la esclavitud, por qué era necesario que, aun llamándola con otro nombre, la comunidad internacional se pronunciara para prevenirla y combatirla?
Por una paradoja de nuestro tiempo hoy oficialmente en ningún país hay esclavitud y, sin embargo, ninguno puede afirmar que está libre de trata.
Ya sea como lugar de origen, de tránsito o de destino de las víctimas, todas las naciones reportan la presencia de esta no tan nueva forma de esclavitud.
Incluso hay países, como México, en los que se dan todas las posibilidades: somos territorio de origen de víctimas, mexicanas y mexicanos que son explotados aquí o en el extranjero; somos territorio de tránsito para las víctimas que son reclutadas en otro país y llevadas a una tercera nación; y somos territorio de destino de víctimas, sobre todo mujeres, que son traídas de otros países para ser explotadas aquí.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que México está entre los 25 países con más víctimas de trata de personas, y el Índice de Esclavitud Mundial que ocupamos el lugar 20, con más víctimas de entre 167 naciones.
A 18 años de la Convención de Palermo no puede negarse que se ha avanzado y que hoy la mayoría de los países cuenta con una legislación para prevenir y combatir la trata de personas.
Pero tampoco puede negarse que la trata se ha expandido, que somete hoy a millones de vidas y que sus ganancias ascienden a montos inéditos de decenas de miles de millones de dólares al año.
En México, además de significativos pasos legislativos e institucionales, hemos avanzado en otros ámbitos, como la productiva participación de organizaciones de la sociedad civil en la conceptualización y el diagnóstico del delito, así como en la atención de las víctimas; la realización de operativos que han hecho posible rescatar a personas esclavizadas y sentenciar a tratantes; la cobertura mediática y la visibilización de este delito para sensibilizar a la sociedad acerca de la inaceptable explotación sexual y laboral de miles de víctimas.
Lo que se ha logrado, importante por sí mismo, palidece, sin embargo, ante lo que nos falta:
No contamos con un marco legal homogéneo.
No hemos dado suficiente capacitación especializada a jueces y agentes del Ministerio Público.
No hemos sido tan constates y eficaces en las campañas preventivas que se requieren.
No hemos protegido oportunamente a miles de personas, primero víctimas de exclusión y marginación, y luego víctimas de trata; tampoco hemos salvado de ésta a quienes, padeciendo condiciones de vulnerabilidad y carencias afectivas y emocionales, terminaron en las redes de tratantes
No hemos impedido que niñas y mujeres sigan siendo reclutadas para ser víctimas de la forma más vil de explotación.
No hemos protegido oportunamente a miles de personas, primero víctimas de exclusión y marginación, y luego víctimas de trata; tampoco hemos salvado de ésta a quienes, padeciendo condiciones de vulnerabilidad y carencias afectivas y emocionales, terminaron en las redes de tratantes.
No estamos siendo capaces de ofrecer suficientes oportunidades de empleo y educación a nuestros jóvenes.
No estamos proporcionando atención, protección y asistencia integral a todas las víctimas rescatadas, y muchas de ellas carecen de los necesarios apoyos para reconstruirse a sí mismas y a sus vidas.
No hemos impulsado una efectiva procuración de justicia ni una eficiente investigación y persecución del delito. En esta materia, como en otras, son altos los índices de impunidad.
No hemos logrado, a pesar de estar identificada su localización, reducir los índices de trata en las zonas fronterizas, los grandes centros urbanos y los núcleos turísticos.
Nos hace falta mayor compromiso social y político, más voluntad de defender la libertad de todos como defendemos la nuestra; más conciencia solidaria y más determinación para impedir la inimaginable tragedia de cada una de las víctimas.