De junio del año pasado a la fecha, el “Frayba” registra cerca de 50 quejas por violaciones a los derechos humanos basados en esa práctica ilegal

Christian González/Ultimátum
TGZ
La tortura en México, pero sobre todo en Chiapas, es una práctica común, es decir histórica y sistemática. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), de junio de 2017 a la fecha se han registrado 49 casos, la mayoría ejecutada por autoridades policiacas, ministerios públicos, agentes de investigación o del mismo Ejército Mexicano en contra, principalmente, de personas originarias de comunidades indígenas.
Con base en datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en un reporte presentado a finales del año pretérito, entre el 2015 y 2016 los Organismos Públicos de Derechos Humanos contabilizaron 16 mil 821 violaciones relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De hecho, en ese periodo, en la entidad chiapaneca se registraron dos mil 875 y dos mil 835 quejas por violaciones a los derechos humanos, respectivamente.
Al respecto, Jorge Hernández, integrante del Frayba, aclara que por desgracia la entidad cuenta con un registro “bastante doloroso” por casos de tortura, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Pichucalco y Comitán, “sabemos que existe un subregistro de personas que aún no se atreven a denunciar por lo que representa este tema, el cual es recurrente e histórico”.
Tanto así que, agregó, el Centro de Derechos Humanos ha acompañado a sobrevivientes de tortura desde hace al menos tres décadas, “pero no tiene que ser permitida bajo ninguna circunstancia, aunque debemos de aceptar que aún es un método de investigación policial”.
Aunque hace apenas un año se implementó la Ley General para Prevenirla y Sancionarla, es decir que obliga a los funcionarios públicos a denunciar estos hechos y a crear fiscalías especiales, lamenta que “no vemos una instancia capaz o con voluntad de erradicar el tema y, por el contrario, persiste la impunidad, porque tenemos una fiscalía que no es autónoma, sino más bien es cómplice”.
Por su lado, a Eliseo Trinidad Hernández, secretario académico del Centro de Estudios para la Conclusión de Ciudadanía y Seguridad (Cecocise), de la Unach, le preocupan dos situaciones: que la tortura sea un método policial privilegiado y que la sociedad cada vez muestre más insensibilidad al momento de “hacer pagar” por los supuestos daños a los delincuentes que capturan en flagrancia.
Basado en información de la misma ONU, revela que es sabido que el propio Estado, a través de ciertos estímulos, premia a la Policía Ministerial que le lleva al MP a sujetos implicados en conductas punitivas, o por el principio de presunción de inocencia, “el uniformado sabe que eso implica una ganancia económica, y por eso para él la legalidad es incómoda”.
Explica que la mayor parte de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estriban en el tema de tortura, lo que revela que es una práctica cotidiana y sistemática incentivada por el Estado, para conseguir confesiones a modo, lo que genera que haya “muchos delincuentes en la calle y muchos inocentes en la cárcel”.
Además, critica la pobre o nula actuación de órganos constitucionales autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con presidentes que “parecen empleados del mismo gobierno”. Por ello, reconoció que tratan de omitir declaraciones que no “laceren la imagen” de las instituciones gubernamentales, “es decir guardan silencio ante esta serie de vejaciones”.

CASO PACIENCIA

Uno de los casos más “sonados” de personas indígenas que sufrieron la tortura es el de Roberto Paciencia Cruz (originario de Majuntepentic, municipio de Chenalhó), detenido en el año 2013 en el municipio de Pantelhó, luego de ser acusado de secuestro. Durante y después de su captura, fue torturado física y sicológicamente por elementos policiacos en la ciudad capital de Chiapas. Lo más “doloroso”: era inocente. Tres años y cuatro meses después obtuvo su libertad.
Anita Pérez Morales, defensora legal del caso Paciencia y colaboradora del Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik”, lamenta que por esas transgresiones el proyecto de vida de una familia se venga abajo, “como le sucedió a Roberto, quien tiene que luchar contra el estigma social, porque no encuentra trabajo, e incluso se le murió una niña; no vio crecer a su bebé, y se truncó su proyecto de vida, dejó sus tierras, y su familia se desintegró”.
Para ella, no obstante que existen leyes para “accesar” a la justicia, el Estado no ha cumplido con sus deberes: prevenir, investigar y sancionar, “entonces como sociedad civil deberíamos unirnos más y presionarlo para que se modifiquen las políticas públicas, porque solo así combatiremos un delito que es de ‘lesa humanidad’”.
Lo más triste, dice, es que México sea experto en fabricar culpables, “no se busca quien la haga, sino quién la pague (sic); y es un secreto a voces que los judiciales reciban una cuota por poner a personas ante el MP, como ‘chivos expiatorios’; necesitan una confesión, por eso golpean a las personas, las torturan”.
Revela que ya preparan un documental del caso Paciencia, sobre todo el proceso “doloroso” que sufrió, hasta en la actualidad; “mostramos lugares en donde fue vejado, tenemos opiniones de expertos en el tema, de profesores de la Unach y cuando esté listo lo compartiremos”.
Aunque en el 2015 se inició una averiguación previa por el delito de tortura contra quienes resulten responsables, condena que alcanzar la justicia en México “es un proceso tormentoso, desgastante en todos los aspectos, porque le pedimos al Estado que investigue, pero no lo hace porque es quien comete esas vejaciones”.
En estos momentos el caso está en manos de la Fiscalía Especializada contra la Tortura; sin embargo, condena que esta instancia negara los expedientes para conocer más a fondo la situación de Roberto; “nos vimos en la necesidad de promover amparos, y estamos en espera de lo que seguirá”.

EL MÉXICO BÁRBARO

De nueva cuenta, Eliseo Trinidad estima que será complicado cambiar el panorama, sobre todo con lo relacionado a la cultura indígena, “es una cuestión de racismo, por así decirlo, porque no los vemos como personas, por eso creo que el decir que la tortura dejará de existir, se me hace demasiado bueno para ser verdad, porque hablamos de siglos”.
De hecho, reconoce que hemos regresado a la época medieval “porque queremos hasta despellejar a las personas vivas, destriparlas… hay una perversidad en el humano, que ha generado este problema; y no es una situación exclusiva de México, porque se tortura en Irak, en Guantánamo, en muchas partes del mundo”.
Entrevistado por aparte, Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante de la firma jurídica Abogared, también enfatiza en que será complicado erradicar esa práctica, “porque no solo hablamos de presión o violencia física, sino también de una violencia sicológica y emocional, a través de amenazas”.
Un “fenómeno” que se registra en la actualidad, advierte, es cuando alguien es detenido, “se le designa cualquier abogado que esté en ese momento en la Procuraduría, Fiscalía, lo que es una violación que se le da al procedimiento, porque a los dos minutos ya le toman la declaración”.
En estos casos, ilustra, la defensa legal, técnica y de conocimiento de causa debe de permitirle al defensor protestar el cargo, hablar con su representado con toda privacidad y tener acceso a la carpeta de investigación, y ya después la declaración ante el MP.
Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), existen en Chiapas alrededor de ocho mil indígenas encarcelados por diferentes delitos supuestamente cometidos. Al respecto, los entrevistados coinciden en que la mayoría, de seguro, fue torturado para aceptar un hecho ilícito que no cometieron, por lo que la cifra del “Frayba” podría ser superada por mucho.