Acteal, no deja de sangrar. 20 años de impunidad 

 Amet Samayoa Arce/Ultimátum

Acteal es una herida abierta. A nivel internacional es sinónimo vigente de impunidad e indignación contra los derechos humanos. Acteal es el herido permanente  que no encuentra  donador de sangre. 45 seres humanos fueron acribillados, de todas las edades, por la espalda y sin armas, muchos de ellos ni alcanzaron a dar un paso de huida. Pareciera que alguien hubiera dado la orden para que fuesen fusilados como prisioneros de guerra o delincuentes peligrosos que habría de extinguir. O como enviados al paredón por contradecir una orden del rey.  Ciento de balas de grueso calibre acabaron con la vida de modestos indígenas chiapanecos que portaban como “armas” instrumentos de trabajo: costales, pequeños palos, cubetas, machetes oxidados y lazos para recoger alguna siembra de maíz o frijol. Ni siquiera iban con pasamontañas o con rifles de palo o traían el rumbo para ir a una marcha protesta. Nadie vio nada. No hay testigos. Se los tragó la tierra. Aún se eriza la piel cuando se camina por ese pedazo de tierra donde quedaron los cuerpos hechos pedazos de hombres, mujeres y niños. Vuelve el olor a muerte. Se asegura que en ese lugar no hay paz en los corazones de los deudos. Parece obvio. ?Quién soporta el peso de la muerte así?. A nadie importó las viudas ni las familias de los muertos, bien muertos, porque los agresores se encargaron  de que nada que tuviera vida escapara del calor del fuego fulminante de las ráfagas de bala.

Nadie olvida ese 22 de diciembre de 1997

Fue una masacre real. Tan tangible como el Holocauto Nazi en Apolonia, Austria y Alemania. Tan tangible como la cruda guerra en Vietnam o Afganistán o la persecución militar de estudiantes en Tlatelolco.  Tantos años y parece que fue ayer. Y no se olvida y jamás se olvidará por el tamaño de impunidad que es tan grande como el Sol alumbrando en la espalda y en la cara de aquellos cuerpos caídos. Como un grito contenido (más bien hipócrita y descarado) los argumentos o versiones oficiales de aquellos días revelan la frivolidad y crueldad de tratar de darle “justificación” de aquella matanza.  Se esgrimía temas como rebelión de los habitantes de San Pedro Chenalhó. Se comentaba en las mesas políticas y los rincones intelectuales que había una política de Estado contra indígenas.  Se decía que el Consejo de Seguridad Pública Estatal, controlado por Mario Renán Castillo, habría articulado grupos paramilitares ordenados por Julio César Ruiz Ferro, usando los programas sociales para cooptar opositores.  Acaso se quería justificar una intervención armada en la zona porque “se sospechaba” de otra irrupción ligada al zapatismo de años atrás de 1997?.  La tesis de los intelectuales democráticos y las indagatorias de los medios de comunicación independientes, aseguraban que la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio. En aquellos años, el poder del Estado tricolor era aplastante desde los Pinos cuya cabeza visible era Carlos Salinas de Gortari. Desde alguna posición de poder alguien pensaba en voz alta que habría de crear guardias blancas para cuidar los ranchos de los pagudos de aquellos días y evitar la invasión indígena. Aquellos grupos de defensa cobraron nombre y apellido se llamaron paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares, según consta en el Libro Blanco de Acteal de la PGR.  Las investigaciones periodísticas tenían un sello característico: El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales.

Nadie ha desmentido de manera contundente esta versión. 

Información recabada revela que el gobierno federal alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar. El tema está documentado por varios organismos independientes de derechos humanos que textualmente decía que El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas. Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal. Los datos son crudos. El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva. En ese entonces el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad era Jorge Hernández Aguilar quien se escribió, habría borrado las huellas de la masacre de Acteal y quien habría encabezado múltiples ataques a pueblos zapatistas. Hay voracidad de vuelos que revelan que incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997.  De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.

Uso de programas oficiales 

El gobierno de Julio César Ruiz Ferro reforzó esta política para cooptar o desmantelar a las organizaciones opositoras. Los programas sociales de salud, educación, vivienda y servicios públicos se subordinaron al objetivo de ganar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas. Por ejemplo, el representante de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi) en el Consejo de Seguridad era Pedro de Meza, abogado del grupo paramilitar Los Chinchulines, del municipio de Chilón y brazo político del director de Seapi, Antonio Pérez Hernández, cacique de Chenalhó. Desde mayo de 1997, con la violencia en Yaxemel y los primeros refugiados, se inician el tráfico de armas y los campos de entrenamiento.  Entre septiembre y diciembre, los paramilitares lanzaron varios ataques armados contra simpatizantes zapatistas, que se defendieron en Majomut y Chimix.  Curiosamente, la policía estableció campamentos en esos pueblos después de los ataques. Tras la violencia en Chimix, en octubre, donde quemaron y saquearon casas, una partida militar detuvo a los priístas con rifles AK-47 en la mano; el capitán Germán Parra los liberó por ser del PRI. El consejo, inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional presentaban informes, diagnósticos y propuestas sobre las distintas regiones de la zona de conflicto. Coincidentemente, surge el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), una especie de federación de grupos paramilitares que operan en varias regiones del estado con la anuencia de funcionarios y militares. En la región de los Altos, la Seapi se encargó de promover la contrainsurgencia. Su programa de construcción de vivienda sirvió para elaborar listas en las comunidades y marcar las viviendas, antes de los ataques paramilitares. A partir de noviembre de ese año, se intensifican las labores de inteligencia por medio de los comités de seguridad, que coordinan todos los apoyos a las comunidades, mediante Seapi.  En esa dependencia se reunían frecuentemente los jefes paramilitares con Hernández Aguilar, Uriel Jarquín, un coronel del Cisen y otros oficiales de inteligencia militar.

La responsabilidad del gobierno

La CNDH recomendó sancionar a 17 funcionarios del gobierno estatal por su actuación en Acteal. Cuatro de ellos fueron consignados, 11 más fueron inhabilitados, entre ellos el gobernador. En los expedientes de la PGR se involucra al capitán primero Germán Parra en la protección de los paramilitares. También se aportan elementos sobre el papel del Batallón 38 de Infantería. Algunos de sus integrantes o ex integrantes como Mariano Arias Pérez, Pablo Hernández Pérez y Antonio Santiz López fueron acusados de entrenar y vender las armas utilizadas en Acteal. Santiz López, considerado el jefe de los paramilitares, fue liberado pese a las pruebas en su contra. Las declaraciones de los policías estatales detenidos confirman que las fuerzas de seguridad protegieron, armaron y apoyaron a los paramilitares, incluso transportaron las armas homicidas en vehículos de la policía de Seguridad Pública y participaron en los robos cometidos por civiles armados. José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública, hoy prófugo de la justicia, declaró que “tenía conocimiento de que un miembro del Ejército, el capitán Germán Parra, les devolvió a unos indígenas amigos un cuerno de chivo y un R-15” (Exp. 27/98 Tomo II. p.770). Oficiales del Ejército y autoridades estatales y federales apoyaron las operaciones de los autores de la masacre de Acteal. Así lo afirmó Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público estatal detenido por la PGR. El funcionario señaló que los integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Chenalhó, a cargo del Ejército Mexicano, protegían a los grupos civiles armados. Arcos denunció a los oficiales del Ejército y funcionarios estatales: el capitán Parra Salgado, del Batallón 38; Eduardo Tamez, oficial de la PGR en Chiapas; Carlos Vidal, oficial de la policía judicial estatal, y el comandante policiaco Misael López, de la BOM de Pantelhó. Roberto Arcos denunció que en una ocasión sorprendieron a priístas armados en La Esperanza, pero que el capitán Parra dio la orden de liberarlos. “Le dije al capitán Parra que teníamos que consignar a esas personas; me respondió en tono amenazante que no reportara nada, que ellos sabían cómo se iba a solucionar ese problema; que me callara, o de lo contrario me daría una calentadita o me iba a desaparecer”. Según las investigaciones de la PGR, al menos tres oficiales del Ejército Mexicano brindaron protección y posible entrenamiento a los autores materiales de la matanza. Todos fueron trasladados a la región militar de Veracruz y la Procuraduría de Justicia Militar congeló las indagatorias. Los policías encarcelados y Arcos Jiménez afirmaron haber recibido instrucciones de proteger a los grupos armados de Jorge Gamboa Solís, José Luis Rodríguez Orozco, jefes de la policía de Seguridad Pública, y de Jorge Hernández Aguilar. Estos elementos son apenas una parte de las evidencias que llevan a concluir que la matanza de Acteal es un crimen de Estado.  Hace falta una investigación a fondo que haga justicia y juzgue el papel de los gobiernos federal y estatal. La herida aún es lamida por los familiares sobrevivientes. En la víspera del próximo 22 de diciembre, 20 años después, el ambiente sigue tenso pero más allá de la balas mortales que aún hacen eco entre las montañas de Chenalhó, lo que no se puede ocultar es el titánico barco de impunidad que se nota de acá hasta Asia.

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