Maniobras sospechosas en la indemnización de terrenos

Amet Samayoa Arce/Ultimátum

La planeación y ejecución de algunas obras del Gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), que si bien es cierto son causa de utilidad pública, terminan en su construcción favoreciendo a unos cuantos y afectando de manera directa e indirecta a otros, particularmente si en el proyecto se tiene que expropiar e indemnizar bienes. Recordemos que para la construcción del Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, fue necesario que el gobierno comprara terrenos ejidales y propiedades en el municipio de Chiapa de Corzo, operación que enriqueció a los “negociadores” como es el caso de Edmundo Lazos Álvarez, sin que se dude que los portafolios de dinero en efectivo llegaron también a manos del “Nazareno” Pablo Abner Salazar Mendiguchía, gobernador del estado en ese entonces.
Aflora el nombre de Oscar Muñoz Barrera
Al cierre de esta administración, ocurrió algo similar con la construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. Para nadie es un secreto que se llevaron buena “tajada” funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, pasando por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, por la Comisión Intersecretarial de Avalúos del gobierno estatal hasta el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobierno, donde finge Vicente Pérez Cruz y funge Oscar Francisco Muñoz Barrera y, sobre todo funge cuando de hacer negocios se trata. Se imagina usted a cuánto ascendió el “botín” si el gobierno indemnizó desde 570 hasta 775 pesos el metro cuadrado en una longitud 34.5 kilómetros. Pero ¿qué le parece además que negociaron la compra de terrenos con dirigentes de Antorcha Campesina, mismos que el gobierno les había regalado . Eso huele a caño.

“COCHUPOS” DE SERVIDORES PÚBLICOS

El acuerdo expropiatorio del Ejecutivo del Estado fue publicado en el Diario Oficial en el tomo III de fecha miércoles, 14 de junio de 2017, número 299, publicación No. 1934-A-2017. Se refiere a la apertura y construcción del libramiento sur (liberación del derecho de vía, tramo III y entronques, con una longitud de 34.5 kilómetros, que tiene como objeto disminuir el tiempo de traslado hacia municipios ubicados al sureste del Estado, incrementado y reforzando los lazos socioeconómicos para lo cual es necesario la adquisición de diversas fracciones de terrenos localizadas en los municipios de Ocozocoautla, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. Como decíamos, esta obra dio pauta para “cochupos” y “enjuagues” en los que servidores públicos lucraron hasta ahora impunemente.

SE LES QUIERE PASAR LA MANO

Pero existe un caso específico, en el que de plano se les pasó la mano. El señor Fidencio García Carranco, en oficio dirigido al subsecretario de asuntos jurídicos, José Ramón Cancino Ibarra, le hace de su conocimiento que desde 1986 adquirió una propiedad de aproximadamente 18 hectáreas de terreno, mismas que ha cultivado y vivido toda vez que su casa está justo en la colonia El Carmen. Resulta que fue enterado de que con el paso del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, le fue disminuido de su patrimonio 4, 927.427 metros cuadrados como se puede constatar en las páginas 27 y 28 del Periódico Oficial del Estado No. 299 4ª. Sección y también en la página 42 sexto y séptimo párrafo. Su propiedad la acredita con la escritura número 35, 725 de fecha 29 de mayo de 2008 y con el plano de fusión de las parcelas 18, 17, 16 y fracción de 30X50. En su reclamo el señor Fidencio García Carranco, sostiene que le parece “extraño y fuera de la realidad” que el delegado del Registro Público de la Propiedad le haya dicho que no encontró nombres de los propietarios correspondientes a partir de la información proporcionada. Se denota una maniobra soterrada y sospechosa que pretende dejarlo sin el pago de indemnización. Se produjo un vaivén de documentos, por ejemplo el de fecha 13 de septiembre de 2017, que el subsecretario de Asuntos Jurídicos, José Ramón Cancino Ibarra envió al Consejero Jurídico del Gobernador, Dr. Vicente Pérez Cruz pidiéndole que ordene lo necesario ante la Dirección de Catastro Urbano y Rural del Estado y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para determinar si el bien inmueble al cual se refiere el peticionario ( Fidencio García Carranco) existe la superficie que se afecta y el valor que le corresponde; “hecho que sea agradeceré remita la información recabada, para estar en aptitud de convocar a la Comisión Intersecretarial de Avalúos para resolver respecto del pago indemnizatorio.
Por lo anterior, García Carranco se amparó ante la autoridad correspondiente derivado de la ilegal expropiación de su terreno, y ha quedado en espera de la justicia frente a la evidente y oscura maniobra de los funcionarios antes señalados.

“GATO ENCERRADO” PARA QUEDARSE CON EL PAGO

El tema por demás manoseado por los funcionarios del Gobierno en sus distintas áreas, sigue con el cruce de documentos. El último oficio (SSAJ/DEPOA/0144/2018 de fecha 23 de julio del 2018, firmado por el director de expropiaciones y procedimientos administrativos, José Martín Rincón Cervantes hace del conocimiento que se turnó al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal el seguimiento del caso. Llama la atención primero, porque estamos a casi un año (lo haría el primero de septiembre) desde que el señor García reclama el pago de la indemnización de su bien expropiado y, segundo que a todos los demás afectados –incluso a los líderes de Antorcha Campesina – ya se les realizó el pago indemnizatorio. Vale la pena precisar que existe una relación de personas afectadas por la obra del libramiento sur para ser indemnizados, en la que en el número 21 aparece el señor Fidencio García Carranco de la colonia El Carmen, precedido por el señor Emilio Néstor González Fernández del rancho Las Quintas y seguido por los hermanos Frey Macos y Leticia Marroquín Pérez de la propiedad denominado El Triunfo; a todos ya les pagaron menos al señor García. Como decimos popularmente: “aquí hay gato encerrado”. Y es que “danzan” cerca de 4 millones de pesos por el pago de la indemnización. Le daremos puntual seguimiento.

DE TAROT Y ADIVINANZA

El Arquitecto Daniel Flores Navarro tomó en serio de que llegó a la titularidad de la SOPyC en el “Año de Hidalgo”. No pierde ocasión para hacerse de dinero fácil “exprimiendo” a los constructores que en este sexenio no les fue nada bien. “Vox populi”: cobra 5 mil pesos para firmar un certificado de factibilidad; 10 mil pesos para firmar estimaciones y el 10 por ciento del monto del contrato para la firma del pago de los finiquitos de la obra. ¿Se imagina el monto acumulado?. Muchos empresarios del gremio han caído en el sablazo, no obstante a que ya fueron obligados a entregar entre el 10 y 14 por ciento cuando firmaron el contrato. No les queda de otra, de lo contrario corren el riesgo de que no les liquiden. ¿Qué le parece? … servidos.

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