Continuando con los temas relevantes de la Cuarta Transformación que ha ido proponiendo Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se encuentra la disminución de salarios de los servidores públicos.
El presidente electo se ha propuesto un salario de $ 108,000.00, mensuales.
El presidente de la República conforme al Presupuesto de Egresos vigente tiene un ingreso mensual con sueldo y salarios de $ 207,591, que se ve adicionado por $ 52,042 mensuales por pago de riesgo y potenciación del seguro de vida, resultando un total mensual de $ 259,633.
Existen otros conceptos que el presidente electo ha manifestado va a desaparecer, como es el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado y el Seguro de Vida Institucional, los que no contabilizamos en el párrafo anterior.
En el caso de los ministros de la Suprema Corte, éstos tienen un ingreso anual neto de $ 4’715,583, de acuerdo al Presupuesto.
Existe una disposición en nuestra Constitución en su artículo 94, donde se establece que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros, los magistrados, los jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Dicha disposición los protege de una reducción en el PEF de 2019, aunque se podría pensar que los que ingresen en sustitución de los actuales, se les podría bajar, pero podrían argumentar otra disposición laboral que señala que a trabajo igual, salario igual.
En el caso del presidente el artículo 127 Constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para él y también se señala que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que tenga varios empleos públicos o derive de condiciones generales de trabajo, por un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no podrá exceder la mitad de la remuneración del presidente.
Las remuneraciones de los servidores públicos no han sido homogéneas en monto y conceptos, no obstante ello, se ha avanzado en transparencia, lo que se requiere es una revisión integral, donde se haga una evaluación de sus funciones, que se comparen con el mercado nacional e internacional, que se analice también las pensiones que obtienen, se establezcan bonos de productividad sujetos a evaluación y bonos de riesgo para actividades como las de la policía y los militares entre otros.
Este análisis deberá reflejarse en la futura Ley de Remuneraciones y en el Presupuesto, para determinar salarios justos.