En Chiapas existen más de 126 mil personas con algún problema motriz; solo 11 mil 900 cuentan con credencial de elector. Estrategias institucionales son mínimas o nulas, advierte Rosemberg Román

Christian González/Ultimátum
TGZ
En la geografía chiapaneca, de las 126 mil personas que sufren alguna discapacidad (cerca del 90% son mayores de edad), solo 11 mil 900 son electores, lo que significa menos del 10 por ciento de la cifra total. Sin embargo, hay dos “lastres” o factores que inhiben su participación: la familia, que no considera útil su sufragio, y las instituciones, que no promueven más la participación de ese sector.
Para Rosemberg Román, presidente de la Fundación “Soy incluyente” de esta ciudad capital, se registran avances administrativos o técnicos que ya incluyen a las personas con discapacidad en el tema, el primero de ellos como sujetos votantes. No obstante, asegura que algo a lo que se enfrentan es que por lo regular la mayoría de las casillas no están instaladas en lugares que cuenten con una infraestructura accesible.
De hecho, afirma que esos “avances” se “palpan” aún más en el Norte del país, aunque en la entidad chiapaneca, agrega, nunca se ha visto a un titular de alguna secretaría o de un puesto de elección popular con discapacidad, cuando en el Congreso de la Unión o dependencias ya se observa la presencia de ese sector.
El Instituto Nacional Electoral (INE), por disposición institucional, cuenta con normativas que tienen que ponderar o facilitar que esto se haga de la mejor manera o que una casilla tenga una altura más baja, que haya un apoyo de personas que son parte de la misma casilla o que se permita, en su momento, que quien no pueda utilizar sus manos sea respaldado por un familiar para ejercer su sufragio.
Al respecto, Román lamenta que la mayor parte de quienes están encargados de una casilla (escrutadores, por ejemplo) desconozcan esas disposiciones o no las ejerzan, es decir “ya en la práctica siempre te ponen trabas bajo el discurso que el voto es libre y secreto y que nadie debe de votar por ti”.
Además, asevera que no siempre hay una casilla que esté a la altura adecuada, y casi nunca están en lugares accesibles, “tampoco tengo muy definido si hay boletas en Braille, para personas ciegas, y esas son como las barreras a las que comúnmente nos enfrentamos”.
La poca o casi nula participación de las personas con discapacidad en Chiapas, advierte, se debe también a que en gran parte de las áreas rurales son sujetos anulados, es decir que carecen de voz y voto, “y que no participan ni en sus decisiones personales, ni de la comunidad”.
Por lo tanto, asevera que la familia por lo regular cuestiona el porqué tramitar la credencial de elector “si su voto no cuenta. Es un principio básico de un prejuicio social que tiene que cambiar. Pero aun con la identificación, no hay las condiciones para que ese individuo vaya y vote”.
Otra de las cuestiones preocupantes, puntualiza, es que sus mismos parientes los utilizan para obtener beneficios, “y ese es otro problema, porque eso provoca que no haya una cifra más cercana de cuántas personas tienen discapacidad en nuestro estado. Si no hay un beneficio social, no te conceden la información, o no participan en los programas de encuestas o de seguimiento, pero es parte de la cultura, de la discriminación”.

Chiapas, entre las entidades que registran más incidentes

La mayor parte de incidencias en contra de los ciudadanos con alguna discapacidad al momento de ejercer su derecho al voto se registran, por lo regular, en los estados del Sureste de la República Mexicana, sobre todo en la parte de la Sierra, advierte la organización “Los Dos Méxicos AC”.

Refiere que en las ciudades no hay tanto problema, pues su infraestructura muchas de las veces está diseñada para brindarle las facilidades a ese sector, “pero existen sitios donde no hay puentes y la gente no puede cruzar y por eso no vota; o necesita atravesar un río, y eso dificulta su participación”.
A partir de ahora, enfatiza, procurarán que los métodos efectivos utilizados en otros países en beneficio de quienes sufren algún problema físico, se repliquen en territorio mexicano, principalmente en la zona rural, pues -agrega- aún hace falta mucha cultura en la materia en favor de cerca del 10 por ciento de la población a nivel nacional que tiene algún grado de discapacidad.
Reconoce que como observadores electorales y además miembros de organizaciones civiles que apoyan a grupos vulnerables, les interesa el respeto a los derechos políticos-electorales de ese sector, para que puedan votar y ser votados.
Además, dice, vigilan que en el momento de una votación cuenten con las casillas especiales, una rampa, material necesario y el respaldo de funcionarios de casilla para que ejerzan su derecho al sufragio, “y no sólo ellos sino las personas de la tercera edad, un gran porcentaje de la población en México”.
Resalta que en la legislación actual se contempla la capacitación a los funcionarios de casilla para que sepan atender a quienes padecen una discapacidad.
Si son invidentes, puntualizó el especialista, deberán contar con material Braille y de esa manera votar, “y si requieren del apoyo de alguna persona, por ejemplo un funcionario de casilla, se puede pero ésta no puede alterar la voluntad de algún votante”.
Por ley, especifica por último, cada urna debe contener cierta cantidad de boletas Braille, “acción que desde el año 2006 se empezó a implementar, pero se supone que desde el 2012 el 100 por ciento las debió contemplar”.

FALTAN ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

De nueva cuenta, Rosemberg Román advierte que en realidad se perciben pocos avances, pues para él son necesarias más estrategias institucionales del mismo INE o del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que promuevan el voto de las personas con discapacidad.
Lo más lamentable, externa, es que esto solo demuestra que es un colectivo que no representa un interés para la institución, “se tienen que generar esas estrategias de difusión, que permitan acercar la credencial de elector a quien sufre discapacidad, y de ahí promoverlos como sujetos activos, como sujetos de participación política”.
En su momento, como él mismo lo intentó, ser sujetos de participación política para ser elegidos, en cualquiera de los puestos de elección popular, “estar en los puestos de tomas de decisiones”, menciona quien ya compitió por la vía independiente para ocupar una curul a nivel local.
Tras dejar en claro que pocos ciudadanos con discapacidad han buscado incidir en ese tipo de puestos, cuestiona cómo utilizan ese problema físico para convertirse en actores sociales, “así como hay mujeres que no promueven el género, u homosexuales que no promueven la tolerancia y el respeto, así hay discapacitados que no promueven la inclusión”.

POLÍTICOS NO SON INCLUYENTES

“Cuando hablamos de discapacidad tenemos que referirnos a la inclusión… cuando hablamos de homofobia, tenemos que hablar de tolerancia… y esto no es un tema de agenda en la política. Muchos creen en el discurso típico, prejuicioso, que es donar aparatos auditivos, muletas, ayudas o su donativo, y no es así, pues es un tópico transversal que tiene que dirigirse mediante políticas públicas y de instrumento legal, como las leyes para discapacidad, de derechos humanos, entre otras”, subraya por su parte David Alanís Fuentes, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones Civiles De y Para Personas con Discapacidad de Chiapas AC.
En política en Chiapas, advierte, se observa un atraso en cuanto a ser un tópico de agenda pública institucional y de los candidatos a los puestos de elección popular, “siguen en ese prejuicio, pero no hay una visión integral que promueva el empleo, la salud, el bienestar y el desarrollo”.
Invita a quienes buscan un cargo en las próximas elecciones, a tomar en cuenta la inclusión como parte de la agenda pública, porque está consciente de que no se pueden construir sociedades igualitarias si no se inmiscuye a las personas con discapacidad como sujetos activos.
“Exhortarlos a cambiar la visión asistencialista que se tiene sobre nuestro sector, y empezarla a transformar de una manera más integral, incluyente y por supuesto, transversal, en donde se tome en cuenta desde cómo la persona pueda acceder a educación, seguridad pública, salud, empleo y desarrollo profesional y personal”, detalla de nueva cuenta Rosemberg Román.
Lo peor o más triste del caso, asevera, es que el Congreso local, el órgano que emite y aprueba las leyes y encargado de que se cumplan, “no es un Congreso accesible, porque no tenemos un lugar ahí”.
Prueba de ello, ejemplifica, es la ley que se echó andar el año pasado en la materia, la cual para él solo está de ornato, “no se ejerce en lo absoluto, y hasta hoy no conozco a un solo beneficiario que goce de los frutos de lo que dictamine o instruya la ley”.
A pesar de todas las vicisitudes, confía en que la mejor “arma” es que personas con y sin discapacidad se unan en un solo frente y de esa forma exigirles a las autoridades mayores políticas públicas sobre inclusión.
Como ciudadano chiapaneco, advierte que en este nuevo proceso electoral se observan las mismas prácticas “sucias” de los personajes inmersos en la materia, desde descalificaciones, chantaje, coacción, de la búsqueda del poder por el poder, y no, lamenta, por llevar un bienestar social o por ser incluyentes con la ciudadanía, menos por aportar o favorecer el crecimiento del estado.
Luego de dejar en claro que un discapacitado no es garantía de inclusión, afirma: “No necesitamos personas que sean diputados o senadores por una cualidad, sino que queremos personas que, dentro de esa cualidad, tengan las características para ser buenos gobernantes”.