Hizo bien el Senado de la República en detener el despropósito de suprimir el fuero constitucional pues este protege a las instituciones y no a las personas, independientemente de que en algunos casos pueda haberse desvirtuado. Los diputados deberían ser los primeros en cuidar la estructura constitucional y no estar dispuestos a ceder a una presión pública sin verdadero sustento para obtener un aplauso fácil aunque esto ponga en peligro a las instituciones. Tal conducta constituye un populismo de la peor especie.
Igualmente irresponsable resulta pretender someter al Presidente de la República a juicio político. Es absurdo que pudiera iniciarse un procedimiento para destituir al presidente “cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”; ¿cómo se concreta una expresión tan vaga? Ni siquiera se precisan las posibles causales de tan severo procedimiento.
Ya contamos con un marco jurídico que permite enjuiciar al presidente por motivos verdaderamente graves con un procedimiento que salvaguarda la función presidencial, como lo hacen muchos países para evitar que los enemigos políticos del ejecutivo lo sometan a presiones injustificadas, pero ahora se propone introducir lo peor del parlamentarismo sin ninguna de sus ventajas, ya que el presidente quedaría sujeto a la posibilidad de ser perseguido por un legislativo adverso. Para hacerlo se prevé una mayoría “calificada” sin precisar la proporción de votos requerida. Tal laguna se llenaría en una ley que podría ubicarla apenas por arriba de más de la mitad de los presentes. Algunos mal pensados creen que el propósito es poner una Espada de Damocles sobre AMLO que se perfila como futuro presidente.
Muchos legisladores desconocen los peligros de retirar el fuero e ignoran el riesgo de un procedimiento parlamentario que genera una enorme desestabilización. Es fácil ponerse de acuerdo para destituir a un gobernante, pero muy difícil alcanzar el consenso para sustituirlo. Los alemanes vieron ascender a Hitler por no prever ese problema y ahora exigen que una moción de censura para destituir al gobierno requiera que previamente haya un acuerdo sobre la elección del Canciller. El texto aprobado por los diputados abre la puerta a una absoluta falta de estabilidad en la presidencia dejando a su titular a merced de cualquier presión política.
Las protecciones que rodean a los jefes de Estado y de gobierno así como la inmunidad relativa que el fuero representa, se diseñaron para combatir el uso de la procuración de justicia en contra de los adversarios, asunto por cierto del que Anaya se ha quejado. Se trata de evitar persecuciones políticas a través de acusaciones penales y preservar la división de poderes: que el ejecutivo no persiga a los miembros de los otros, ni viceversa.
El fuero no tiene por qué ser sinónimo de impunidad; se puede levantar y no es eterno pues solo dura en tanto se ejerce la función. La premisa para pretender desaparecerlo es que la clase política lo usa para proteger a sus propios miembros que han cometido delitos. Que exista esa percepción popular por los casos —reducidos por cierto, pero muy publicitados— en que se ha empleado con ese fin es comprensible, pero no que los propios políticos admitan ser un conjunto de truhanes y mafiosos que deshonran los cargos públicos. Empero, si se parte de la base de que se hace mal uso del fuero; peor empleo podrá darse a la desprotección de los cargos al permitir que la lucha política se desarrolle a través de persecuciones penales. La falta de ética que da lugar a que políticos deshonestos se escuden en el fuero, sería el motor para perseguir injustamente a enemigos políticos, así, por evitar que el fuero proteja a los malos, abriremos la puerta para que esos malos se dediquen a perseguir a los buenos, despojados de la protección a la función que desempeñan.
La Fiscalía Autónoma no garantiza nada, empezando porque el propio fiscal carecería de protección y si el presidente lo somete a su influencia —lo cual no es imposible— podrá emplearlo indiscriminadamente contra quien se le oponga, incluidos los ministros de la Corte. Se dice que el Ejecutivo influyó sobre los magistrados del Tribunal Electoral en alguna resolución. No sé si sea cierto, pero imagínense un Ejecutivo que pueda amenazarlos con una persecución penal, así como a congresistas que se le opongan; pero si el Fiscal “autónomo” surge de las fuerzas opositoras, tendrá como rehenes al presidente y a sus inmediatos colaboradores. En medio de la descomposición política existente hasta podría suceder que un fiscal inferior fuera inducido a acusar un Fiscal General que estuviera afectando algún interés poderoso.
La cuestión es que los riesgos de inestabilidad y uso político del aparato de justicia son más graves que los males que se pretende remediar.