De acuerdo al auditor estatal del OFSCE, Alejandro Culebro Galván, el tema penal corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de fincar responsabilidades

Dagoberto Zambrano / Ultimátum
TGZ
De 2001 a la fecha, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) ha emitido mil 812 expedientes de presuntos fraudes fiscales, lo que equivale a más de dos mil 606 millones de pesos, “sin embargo la cuota recuperada no representa ni el 20 por ciento de esa cantidad”, informó Alejandro Guillén Mandujano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano.
En el mismo sentido existen muchas dificultades, dado que, “los peces gordos no son tontos, cuando la Secretaría de Hacienda pretende lograr el cobro de estos créditos a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, normalmente ha protegido su patrimonio, es decir, llegan los ejecutores de Hacienda y ya no localizan bienes susceptibles de embargo”, explicó.
Por otro lado, Alejandro Culebro Galván, auditor estatal del OFSCE, mencionó que en tema penal le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) fincar responsabilidades, asimismo, el OFSCE tiene que asumirse como un órgano que empieza a sancionar cada vez mas al área contratista y, que empieza a recuperar el dinero.
Aludió que hay muchas empresas que cobran el anticipo y se van, y luego, las mismas están en otros municipios haciendo obra, porque no hay un registro único estatal a nivel municipal de empresas de contratistas.
“Ahorita lo que hacemos con el Congreso del Estado es que haya un registro como lo hay a nivel estatal que, tienes que pedir tu tarjetón, hacerlo a nivel municipal, también tenemos que sancionar e inhabilitar a los contratistas para que no lo vuelvan hacer”.
Sin embargo -dijo- en muchos casos, o en la mayoría de contratación de obras, para que haya corrupción tienen que haber dos partes: público y privado. donde el órgano de fiscalización hasta antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción tenía la facultad sancionadora a través de un procedimiento de fincamiento de responsabilidades establecido en el articulo 44 de la ley.
“Después de esto, el OFSCE perdió dicha facultad porque se crearon los tribunales de justicia administrativa a nivel federal y estatal, quienes ahora son los responsables directos”