Líderes cobran “derecho de piso” a negocios, cuotas para brindar “protección”, violan derechos y aún así exigen justicia. El gobierno no ha podido hacer nada para frenarlos

Yadira Ángel/Ultimátum
Comitán de Domínguez
Uno de los principales retos del Gobierno Federal en las últimas dos administraciones ha sido combatir o sobrellevar las bandas del crimen organizado que comúnmente “operan” en los estados del norte del país, situación que ha dejado miles de muertos, y provocado la migración de pueblos completos que buscan vivir en paz.

Este tipo de grupos se han “refugiado” principalmente en los estados del norte por la cercanía con Estado Unidos, que es catalogado como el mercado más grande de drogas, toda vez que es ahí donde se consume la mayor cantidad y tipos de drogas de América.
El negocio de las drogas ha llevado a la formación de diferentes grupos delictivos que se han apoderado de pueblos completos, cobrando cuotas, obligando a empresarios y comerciantes a pagar derecho de piso, permisos para tener una propiedad, entre otras muchas otras violaciones.
Actualmente, este “ejemplo” lo han adoptado grupos del sur del país que dicen llamarse sociales, de lucha; escudados bajo el nombre de un líder que históricamente luchó en contra del gobierno.
En Chiapas por ejemplo, desde el gobierno de Juan Sabines, surgieron grupos organizados que en la primera oportunidad que tenían protestaban para exigir el cumplimiento de diferentes demandas, situación que se convirtió en una práctica común para dichos grupos.
De manera concreta en Comitán, estas organizaciones, que en su mayoría llevan el nombre de Zapata, son una amenaza para sociedad, toda vez que se han apoderados de mercados, plazas y hasta la vía pública.
Su forma de operar es similar a la del crimen organizado del norte, cobrando cuotas para brindar “seguridad”, derechos de piso, evadiendo a las autoridades y convirtiéndose en “el dolor de cabeza” de los gobernantes.
Las mismas corporaciones policíacas tienen instrucciones precisas de sus superiores de no tocar a ninguno que sea militantes de una organización, dado que esto podría generar un conflicto social que “ensuciaría” la imagen del gobierno.
Estos grupos son fáciles de identificar, toda vez que portan una calcomanía alusiva a la organización a la que pertenecen para que no les hagan nada, incluso ha liberado a delincuentes que son capturados y que están en proceso de enjuiciamiento.
Tráfico de mercancía preveniente de Guatemala, tala inmoderada de árboles, control de vendedores ambulantes irregulares, son algunos de los delitos que se comente a diario en esta región, de los cuales las autoridades, de los tres niveles de gobierno tienen conocimiento.
Esta situación ha generado el hartazgo de la gente, el repudio, principalmente cuando son víctimas de estas organizaciones que por todo lo anterior, viven en la impunidad y se han convertido en la delincuencia organizada del sur.
A mitad del 2017, el gobierno de Chiapas lanzó una advertencia a todos los líderes y militantes de las diferentes organizaciones, recalcando que aplicaría el Estado de Derecho, pero esto solo quedó en el discurso.
Estados como Oaxaca y Tabasco sufren las mismas condiciones, donde las mismas autoridades consideran que las organizaciones sociales “son igual que la delincuencia organizada”.