El caso del ombudsman en Chiapas no solo es de pena general, sino de vergüenza y dignidad personal. Sí porque un funcionario de tal nivel, debe ser un personaje intachable, incuestionable, que llene los requisitos exigidos por la ley para merecer tan honroso nombramiento, si no los llena estaremos frente a un caso refutable y estulto. Frente a un sujeto en entredicho que, como voraz empresario, nada tiene que ver en la defensa de los derechos humanos.
El señor Juan José Zepeda Bermúdez no reunía los requisitos cuando fue nombrado por el Congreso del Estado presidente de la Comisión Estatal Derechos Humanos, por haber desempeñado el cargo de secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno en el año anterior a su elección.
Fue por esto que el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Tuxtla Gutiérrez, Mauro Dávila Rangel, al declarar ilegal ese nombramiento, resolvió que el Congreso estatal violó la ley de la CEDH al designar en marzo pasado, para un período de cinco años, a quien fue titular de una Secretaría estatal en el lapso 2015-2017.
El nombramiento desde el momento de emitirse causó general reprobación en la sociedad que bien sabía que Zepeda Bermúdez, estaba tan distante de conocer sus funciones, ni siquiera superficialmente, como puede estarlo la tierra del sol. Se impuso por el tráfico de influencias, a dos ameritadas personas que llenaban de sobra los requisitos exigidos por la ley.
Sin duda el Congreso, que se le identifica como la casa de la ley, también lo sabía, pero no solamente lo avaló sino que cabildeó con los diputados integrantes de la Comisión Permanente para que también aprobaran la abierta ilegalidad y así el señor Zepeda, cínico e inverecundo, asistió a rendir la protesta de ley en un escenario previamente preparado. La opinión pública se resistió a dar crédito a la indigna farsa y así todo quedó consumado.
El Congreso con el fallo del juez federal, tenía la oportunidad de salir del atolladero procediendo a la reposición el procedimiento, pero lejos de acatar el fallo decidió recurrirlo en una abierta manera de protección a quien no merece ser el defensor de los derechos humanos de los chiapanecos.
Uno de los que impugnaron el nombramiento de Zepeda Bermúdez, fue el abogado Diego Cadenas Gordillo, un verdadero defensor de los derechos humanos con un historial profesional relevante formado en el Centro Defensor de los Derechos Humanos “Fray Bartolomé las Casas”, creado por don Samuel Ruiz.
Diego Cadenas, aceptó formar parte de la terna para la elección, creyendo que se elegiría a quien tuviera los créditos suficientes para ser, respaldado por contar con una carrera digna y esforzada.
También integró la terna una valiosa mujer, Delia Estrada Sánchez, psicóloga, abogada, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y doctora en educación. Una preparación idónea que junto a la valía de Diego Cadenas, nada tenía que hacer Zepeda Bermúez. Por esto, por llenar a satisfacción el perfil requerido para el cargo,  se daba por descontado que cualquiera de los dos sería el elegido.
Estamos frente a un funcionario inelegible que no obstante serlo, el Congreso luchará a brazo partid para que la ilegalidad siga imperando.
Se reclama en Chiapas todos los días la vigencia del estado de Derecho y el Congreso es el primero en anularlo. Que jodidos estamos.