El sistema tendrá que certificar a las empresas mediante la integridad de las mismas para que puedan participar en las licitaciones públicas de los tres órdenes de gobierno

Patricia Sánchez/Ultimátum
TGZ
La Ley General de Responsabilidades Administrativas que se puso en vigor a mediados del 2017 forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (S.N.A.) y establece las bases y principios para la coordinación entre las autoridades de la materia en los tres niveles de gobierno.
El objetivo de esta ley que se aplica de manera general en todos los estados es aunar a la lucha contra la corrupción que se da en los ámbitos públicos y privados donde intervienen funcionarios y servidores públicos de gobierno.
Al respecto el abogado Jesús Ruíz Gómez, presidente de Abogared nos explica más detalle cómo funciona esta ley y las sanciones a las que pueden ser acreedores aquellos que incurran en delitos de corrupción de cualquier tipo.

“Cualquier servidor público que tenga acceso a recursos públicos será sujeto de esta ley. Ahora se les obliga a tener que cuidar los recursos de la nación, respetando los protocolos de actuación ya que todas las personas, empresas morales o físicas tienen que estar registradas en el Sistema Nacional Anticorrupción”, menciono.
Este sistema tendrá que certificar a las empresas mediante la integridad de las mismas para que puedan participar en las licitaciones públicas de los tres ordenes de gobierno, ayudando a que se acaben los contratos por compadrazgos o palancas de parte de cualquier funcionario público.
Ahora los servidores tendrán que cuidar los protocolos normativos jurídicos para poder asignar los recursos a terceros, cuidando que las empresas que concursan para licitaciones de obras cuenten con todos los requisitos necesarios, si la empresa no esta documentada ni registrada ante el S.N.A. ni tiene la integridad necesaria se metería en una grave sanción por estos actos.
Esta ley alcanza en sanciones de responsabilidades penales a los servidores públicos y personas físicas y morales con el pago de daños hasta por dos veces del monto recibido en cuanto a daños a la nación.
Esta será aplicada de manera general a todos los servidores públicos sin importar que cargo tengan o que dependencia tengan. “Todos serán medidos con esta ley, la ley los alcanza”, aseveró el abogado.
Dice también que toda persona que allá sido afectada por terceros puede acudir a los tribunales para fincar las responsabilidades correspondientes en base a esta ley.
Esta ley aplica en los casos que se han dado por licitaciones de obra que se dan en muchos casos por compadrazgos o a cambio de diezmos del presupuesto asignada para ellas, en donde las obras no se realizan o quedan a medio hacer.
Esto también aplica a los constructores o empresarios que no cumplan con la obra dispuesta, por lo que los funcionarios también podrán hacer las denuncias correspondientes a quien resulte responsable de los hechos.
“Viene a barrer todo acto de corrupción, de cohecho, de extorsión ya que este tipo de acciones van en contra de los empresarios al momento de realizar las licitaciones independientemente del giro de que se trate”, afirmó el abogado.
Esto es de gran importancia para la sociedad, para los órganos de fiscalización, para el S.N.A. y el Órgano Nacional de la Contraloría. A la sociedad le da la certeza jurídica de que los recursos sean bien aplicados.
La sanciones para quien incurra en estos actos primero se dan como amonestaciones, seguidas de la suspensión del cargo público que se ostente y la reparación económica de los daños hasta por el doble del recurso asignado.
“Si en un momento dado la persona moral le causo un deterioro a la nación por una obra social que no se concluyó, el Estado le puede fincar un procedimiento judicial en la cual se solicite la extensión de la empresa o la sociedad para que no siga causando prejuicios a la sociedad”, aclaró.
Esta ley es reciente y aún no se tiene conocimiento de ella en los ámbitos públicos pero es importante que la sociedad sepa de ella ya que los derechos de la sociedad están representados en ella.
Todas las personas que incurran en delitos donde se tenga manejo de recursos públicos serán sujetos a esta ley y alcanza a todos los niveles y profesionales que se sustenten cómo servidores públicos incluso a los parientes sanguíneos, civiles, cónyuges con los que los funcionarios o empresarios tengan sociedades profesionales o de negocios.
El abogado comentó que esta ley es muy favorable para la sociedad y por ello es importante que se de a conocer para que todas las personas puedan apropiarse de ella y hacerla valer.