Las jóvenes y niñas seguramente no lo recuerdan, pero hace no muchas décadas, a nuestras abuelas les tocó vivir una época en la que las mujeres no podían votar y mucho menos participar en la política. Su papel estaba limitado al hogar por ser consideradas menos que un hombre.
Después de años de lucha, hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos y hoy día los partidos políticos tienen la obligación de postular a mujeres en la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular.
Estas medidas implementadas desde hace apenas un par de procesos electorales han permitido que el 48% de la Cámara de Diputados y el 49% de la de Senadores sean mujeres.
Se trata de un proceso de empoderamiento gradual motivado por diversos acontecimientos lamentables, como aquél coloquialmente llamado “Las Juanitas” en el que mujeres se postulaban a cargos de elección popular para después renunciar y dejar el espacio a hombres, esto provocó que en la actualidad el suplente de cualquier candidato deba ser del mismo género.
Sin embargo, por increíble que parezca, en pleno siglo XXI sigue existiendo violencia política contra las mujeres que obstaculiza el acceso a nuestros derechos. Ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente en Chiapas, donde cerca de 40 mujeres fueron obligadas a renunciar a sus cargos en el Congreso Local y ayuntamientos, pese a haber ganado el pasado 1 de julio, para que sus lugares sean ocupados por hombres.
Esto demuestra que las políticas públicas orientadas a alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no están siendo lo suficientemente sólidas como para asegurar que sucesos como este no ocurran, ya que constituyen una regresión en el terreno ganado.
El hecho de que esto suceda en una de las entidades con mayor rezago social nos muestra la importancia de generar condiciones para que las mujeres se empoderen, estudien y sean un factor preponderante en el desarrollo económico de sus municipios.
Estas circunstancias no pueden justificarse al amparo de los usos y costumbres, ya que hasta el último rincón del país debe ser parte de la transformación de nuestra patria en un Estado de derechos en el que hombres y mujeres podamos ejercer con libertad nuestra ciudadanía.
Las mujeres estamos cada vez mejor preparadas y representamos un sector de la sociedad competitivo para abonar al desarrollo social, económico y político del país, no podemos permitir que esto siga ocurriendo, debemos generar mecanismos en la ley que castiguen la violencia política y que garanticen el pleno acceso a nuestros derechos.