El caso de detención de tres personas en el Paseo de la Reforma de la CDMX la semana pasada es ilustrativo de la desinformación que existe al respecto de la política de drogas en México. Ello se debe de manera fundamental a que no existe tal cosa como una “política de drogas en México”.
Lo más cercano a ello es una serie de documentos relacionados a la atención penal o médica de la posesión y el consumo de drogas consideradas ilegales. El desorden legal se traduce en consecuencia al poder legislativo, donde existe una esquizofrenia absoluta. Una mano del Estado reprime mientras la otra, que debería ser la más activa, se mal viaja con cada pequeño avance de la ciencia.
Ahí tienen a Peña Nieto que desde el 2016 dijo en la ONU que la guerra contra las drogas no funciona, y que el fenómeno se debe abordar desde la salud pública. Mientras tanto, el delito sigue vigente y son las autoridades de seguridad la primera cara del gobierno ante las personas que consumen drogas. Es decir, en México la política de drogas promete que nadie debe ir preso por esa actividad pero mantiene tipificado el delito y activa la persecución policial.
Luego tienen a las añejas instituciones del gobierno que en teoría atienden el tema, dirigidas por militares y sin un plan de trabajo claro. No es coincidencia que la mal diseñada Encuesta Nacional de Adicciones del Inegi reporte, edición tras edición, que la situación empeora constantemente.
Después de todo, tenemos instituciones con un marco legal contradictorio, sin estadísticas bien hechas, sin planes de trabajo inteligentes y sin presupuesto – ¡hasta el nombre de la institución parece un viaje a 1960!
En ese contexto se ha venido confirmando una tesis central del órgano supremo del poder judicial de México: criminalizar la posesión y el consumo de drogas no sólo es desproporcionado, es inconstitucional pues viola los derechos a la libertad, a la salud, a la libre expresión, a la privacidad. La valiente defensa de los derechos, impulsada por ciudadanos mexicanos con muy diversos antecedentes se presenta como una luz al final del túnel.
Una oportunidad para terminar con una guerra sinsentido impulsada por intereses extranjeros y políticos sin escrúpulos.
Mientras ese debate se desarrolla con incertidumbre sobre la próxima dirección de la política de drogas, las personas a quienes más nos debería interesar proteger son quienes más sufren. Mujeres con penas desproporcionadas y jóvenes indígenas y de bajo ingreso hacinan nuestras prisiones. Médicos y pacientes ven sus posibilidades de tratamiento limitadas, obligándoles a sufrir innecesariamente. Medios de comunicación que buscan acercar información a la gente son perseguidos por ir en contra “de la moral y las buenas costumbres”.