Organizaciones, como el Mocri, despojan a chiapanecos de patrimonios, e incluso han utilizado la violencia de forma constante, afirman presidentes de las uniones de Pequeños Propietarios y de la Ganadera Local

Christian González/Ultimátum
TGZ
Aunque las invasiones aumentaron de forma severa con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nación (EZLN), en el año de 1994, en este último sexenio la problemática empeoró. De acuerdo con la Unión de Pequeños Propietarios, en este momento se calculan cerca de 35 mil hectáreas invadidas en la mayor parte del estado, pero con más alta incidencia en municipios como Berriozábal, Ocozocoautla, Chicomuselo, Jiquipilas, entre otros. Lo peor del caso, advierte, es que en estas acciones se ejerce la violencia.
No obstante, la situación es más grave de lo que parece. Según Ernestino Mazariegos Zenteno, presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, los grupos de “paracaidistas”, sobre todo quienes pertenecen al Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), han despojado no solo del patrimonio a cientos de familias, sino de su misma producción de ganado.
Destaca que se habla de alrededor de cinco mil ejemplares “robados” por esas personas que se amparan en organizaciones sociales, aunque refirió que la cifra no es tan preocupante, “porque es una mínima parte de todo el inventario que tenemos (2 millones y medio en todo el estado); lo que sí ocupa, es que los invasores se apropian de tierras que son fértiles, es decir reducen en gran medida la producción”.
Sin embargo, advierte que a raíz del surgimiento zapatista dicho padrón se redujo de forma severa: es decir había 4 millones de vacas, e incluso el precio del ganado se desplomó de forma drástica, lo que provocó que cientos de productores dejaran la actividad por considerarla poco redituable.
En el caso específico de Berriozábal, en donde la situación se recrudeció, sabe de al menos 35 propietarios afectados; sin embargo, los propios dueños presentan cifras más “oscuras”: casi un centenar, algunos de los cuales con grandes extensiones de tierras y ganado, como el caso de Hernán Montesinos.
Al respecto, Mazariegos recuenta que a este último lo despojaron de 500 animales en su rancho, “y nosotros de forma directa, como Unión Ganadera, recuperamos como 150 ejemplares, en una negociación directa con el Mocri, pero es una labor que debió hacer la autoridad”, critica.

EL MIEDO SE PERCIBE

Diario Ultimátum se acercó a al menos cuatro personas afectadas por esta situación. Quienes prefirieron el anonimato porque están amenazadas de muerte o temen repercusiones, platicaron a detalle el miedo que aún sienten por las constantes amenazas que provienen –advierten- de los líderes del Mocri, mismos que les han arrebatado todo: lotes de 10 por 20 o hasta cientos o miles de hectáreas; otros bienes inmuebles, además de ropa, aparatos eléctricos, camas, colchones, cableado, puertas, autos y lo peor: su tranquilidad.

Externan que en este “cáncer” están involucrados desde el funcionario menor del Ayuntamiento, hasta altas esferas del gobierno. De hecho, aseguran que hay policías municipales que pertenecen al Mocri, lo que les genera más incertidumbre.
Una de las últimas afectadas es la periodista Tania Selvas Ruiz, a quien le invadieron 4 mil metros cuadrados en la zona conocida como El Calichal, carretera hacia la localidad Efraín Gutiérrez, delante de la central camionera de ese municipio ubicado a 10 minutos de la capital chiapaneca.
Detalla que los invasores, al parecer liderados por Marcos Antonio Solís Ramírez, representante de la agrupación “paracaidista” Unión de Colonias Populares de San Marcos, se apoderaron de su predio el domingo 11 de marzo de este año.
Cuando ella y su madre llegaron a su propiedad, el sábado 17 de ese mismo mes, al menos 20 personas las rodearon y no solo las amenazaban con palabras, sino que les enseñaron palos, machetes y armas blancas. “Solo nos percatamos de que habían quemado el terreno, que nos largáramos, y que a mí ya me tenían identificada”.
Ese mismo día, especifica que acudieron a la Fiscalía de Distrito en esa ciudad, y se abrió el número de carpeta de investigación 0096-012-0403-2018. Lo más lamentable, añade, es que Alfredo de la Cruz, funcionario de esa instancia, le argumentó que no podría realizar los peritajes topográficos porque tenía miedo, “que en otras ocasiones ya lo habían golpeado y amarrado los de esa organización”.
“Nos pidió que si nosotras conseguíamos las fotos de los cuatro puntos cardinales del terreno para tener las medidas y hacer el reporte, pero imagínate: ¿¡Si ellos son las autoridades, en quién confiamos!?”, externa.
Otro de los informantes, a quien le quitaron cerca de 100 hectáreas, detalla, con notorio temor, cómo incluso varios sujetos del Mocri llegaron a su negocio y lo amedrentaron; “me pidieron que no hablara, porque si no me iría mal, y pues tengo miedo, por eso mejor se las regalo (en referencia a sus tierras); no quiero problemas, y más porque vi cómo uno de sus líderes, al que mataron hace poco (Andrés Jiménez Pablo), casi casi se daba hasta un beso con el ex secretario general de Gobierno (sic), y mejor ahí la dejé”.
De manera pausada, pues siente miedo de que alguien escuche la conversación, recuerda cómo le acabaron su patrimonio, “ya no quiero ni recordarlo, me pongo tembloroso, me da miedo, y esta situación no se ve que tenga una solución”.
Uno más de los “ciudadanos golpeados” prácticamente “elaboró una radiografía” de los hechos. En septiembre de 2015, su esposa e hijo fueron golpeados y sacados de su propiedad; esa ocasión, rememora, se llevaron televisores, camas, ropa, y otras cosas de valor, por lo que acudieron ante las autoridades para levantar su denuncia.
A más de tres años, evidencia, el caso no ha prosperado. A él y a su familia lo despojaron de más de 10 hectáreas y una vivienda. “Además que golpearon con palos a mi esposa, se llevaron mis herramientas de trabajo, hasta el tinaco, y demás pertenencias, y nos dijeron que nos fuéramos”, recrea el entrevistado, quien advierte que las violaciones sexuales y otros ilícitos también son una realidad.
De pronto se detiene, abre una carpeta y enseña documentos sellados por la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otras instancias, y luego saca una serie de fotografías impresas en hojas de papel bond. “Mira a mi mujer (aparece con la frente sangrada) y a mi hijo (con golpes en la espalda; al parecer rayones provocados por arma blanca)… ¡esto es terrible!”.
“Nos destrozaron la vida, yo ya no encuentro trabajo, por mi edad; ¿quién me regresará lo que me quitaron? Son más de 2 millones de pesos”, lamenta.
El terror aún lo persigue. A pesar de que ya vive fuera de Berriozábal, los invasores llegaron a la casa donde renta, y le dijeron que “le bajara de huevos”, que no difundiera nada de lo que le ocurrió porque la que “pagaría los platos rotos” es su familia. Y se desanima, dice, porque el mismo fiscal Raciel López Salazar “solapa” a los saqueadores y ecocidas.
Está convencido, asevera, que “esos delincuentes” (no descarta que entre ellos existan centroamericanos) también están respaldados por el presidente municipal Reynaldo David Mancilla, “es un bandido, y se quiere reelegir, por eso beneficia y permite que los del Mocri hagan y deshagan, porque no solo le generan votos, sino recursos; es su grupo de choque”. Tanta fue su desesperación que, afirma, envió cartas al presidente de la República., pero la respuesta fue estéril.
Solo de la zona donde tenía su patrimonio, en el barrio El Mirador, se tiene documentado que hay otras 12 personas más afectadas, con base en un documento que recibió esta casa editorial donde se presenta una relación de los “despojados” de allí.
Según los entrevistados, entre los líderes invasores aparecen no solo el nombre de Marcos Antonio Solís, sino Aristeo Gómez Cruz y Enrique de la Cruz Sánchez, “cabezas” del Mocri, entre otros.

PREVÉN DERRAMAMIENTO DE SANGRE

En entrevista, Eduardo Castañón, comisario ejidal de Berriozábal, advierte que la situación en el poblado es grave, tanto así que los grupos de “paracaidistas” han atentado contra las propiedades ejidales, “pero les hablamos, les dijimos que no se metieran, que habría enfrentamiento, pero es lo que menos queremos nosotros”.
Incluso, especifica que sabe de al menos 30 propiedades invadidas, solo en la parte alta del pueblo, además de otras localidades como Cárdenas y San Marcos, pero aclara que ya dialogaron con Marcos Antonio Solís.
Lo más preocupante, refiere, es que dicha persona enseña documentos de las tierras o casas, “eso lo hace como un contrato ante un notario, pero no porque el mismo dueño me dijo que le habían arrebatado ese predio; esa gente solo engaña a las personas”.
En su caso, advierte, colocó una manta a las afueras de la Casa Ejidal en la cual advierte: “Todo aquel que compre un pedazo de tierra ejidal, que se acerque a la oficina y se les otorga asesoría gratuita, y de esa forma no se dejen engañar”.
Lo mismo ocurre, alerta, con quienes manejan los contratos privados de compra-venta, debido a que ha habido problemas porque el mismo predio tiene hasta dos o tres documentos, “pero implementé un desmantelamiento de esto, es decir que si no tienen regularizado su pago predial, tiene que colocar en su terreno una leyenda que indique que esta propiedad es de fulano de tal, números de teléfono”.
De esa manera, agrega, han “desenmascarado” a varios “vividores”, es decir al menos alrededor de 15 casos de irregularidades, “y lo que hago es que llamo a ambas partes, checamos quién acredita, y se le da al dueño real; si no es muy claro, enviamos la situación al Tribunal Agrario”.
Para él, Berriozábal se ha convertido en un pueblo conflictivo, “antier (pasado martes) a un compadre lo asaltaron en la puerta de su vivienda, es joyero; le quitaron lo poquito de trabajo que tenía; entonces hablamos no solo de invasiones, sino de un alza de la inseguridad”.
Asegura que durante la administración de Reynaldo David Mancilla, hoy con licencia porque busca reelegirse como alcalde (en su lugar quedó como interino Genaro Pérez), las invasiones con lujo de violencia se han agravado.
Por su lado, Ernesto León, presidente de la Unión de Pequeños Propietarios, se cuestiona: “No acabamos de comprender que la seguridad en la tenencia de la tierra es un patrimonio que debemos de cuidar. Nosotros formamos una familia pero también luchamos para formar un bien, y también para dejarles a nuestras futuras generaciones algo cierto, no incierto”.
Por ello, insiste en que en la entidad debe haber certeza en el campo, en las carreteras, en las inversiones y en la economía, “pero para eso se requiere de orden y legalidad, porque es una problemática que arrastramos desde hace varios años”.
Al respecto, recordó que en 1997 se firmó un Convenio General que estableció el dotar a varias organizaciones, que demandaban tierras, de 235 mil hectáreas, “y se pactó el compromiso de no más invasiones, pero no funcionó, y en este sexenio se han intensificado”.
De nueva cuenta, Ernestino Mazariegos Zenteno apunta que la situación sería peor si ellos, como sociedad organizada, no hubieran “metido las manos” para frenar un poco las acciones ilícitas de esas agrupaciones, “y hemos batallado de cuatro años para acá, y sí hay voluntad de la autoridad, pero no hay avances”.