Al año recibe alrededor de 10 millones de pesos para operar; el titular de la dependencia devenga un salario de 50 mil pesos mensuales por firmar convenios

Christian González/Ultimátum
TGZ
Para especialistas y otros actores de la sociedad, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas, el IAIP, ha sido una especie de “elefante blanco” que solo está a las órdenes del gobierno en turno, por lo que, se dice, no cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es decir, dista mucho de lo que en realidad debería de ser y para lo que fue creado, “un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, operación y decisión, así como con la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna”.
Lo más criticable, para muchos, es que con base en el Presupuesto de Egresos de este año, el IAIP “se embolsó” alrededor de 9 millones 346 mil 593.85 pesos, de los casi 1 mil 900 millones que fueron distribuidos entre los órganos autónomos de la entidad.
Mientras que en gasto corriente, las erogaciones mensuales para los cerca de 80 cargos, desde el chofer hasta el actual comisionado presidente Hugo Alejandro Villar Pinto, alcanzan el millón 669 mil 651.61 pesos, lo que se consideraría excesivo si se toma en cuenta que en resultados han sido “opacos”.
Quien disfrutó de las “mieles” de cobrar al mes más de 50 mil pesos por firmar convenios y otras acciones que sin lugar a dudas no cumplían con las expectativas deseadas por la sociedad fue Ana Elisa López Coello, tía del gobernador en turno.
Durante casi todo este sexenio la funcionaria ostentó el cargo de comisionada presidente de ese organismo “autónomo”, por lo que en números redondos percibió, como salario neto en un ejemplo de un lustro, poco más de 3 millones. Incluso, en una ocasión, se atrevió a declarar ante algunos medios de comunicación que si ganaban bien era porque puestos como el que ella tenía deberían contar con el suficiente recurso para vestirse adecuadamente, “estar presentables”.
Sin embargo, el presupuesto del IAIP ha tenido años más bondadosos, como el pretérito, cuando el Congreso del Estado le autorizó un techo financiero de 9 millones 350 mil 405.50 pesos, sin embargo, la propia Secretaría de Hacienda del estado lo modificó, es decir se lo aumentó a casi 14 millones.
No obstante, se insiste en que aún queda a deber, sobre todo en el Artículo 1 del segundo párrafo de dicha ley de transparencia, el cual establece: “Tiene por objeto proveer lo necesario para garantizar plenamente la transparencia y el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado”.
Al parecer, esta crisis no solo se percibe en Chiapas. Según el “Artículo 19”, organización independiente que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, el 81 por ciento de los órganos inherentes están reprobados en la materia.
Además, advierte que de los 120 comisionados, solo 40 poseen experiencia previa en derecho de acceso a la información, e incluso revela que no hay sanciones en contra de funcionarios, ni registro de actividades de los órganos garantes.
Con base en el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), elaborado en el año 2016, Chiapas aparecía en el lugar 28 de las 32 entidades federativas del país, en materia de transparencia y acceso a la información pública, con una calificación de 38.96, cuando el promedio general era de 49.52.

NO FUNCIONA, ADVIERTE EDGAR HERNÁNDEZ

Entrevistado al respecto, Edgar Hernández Ramírez, analista político chiapaneco, considera que hay mucho por hacer en ese instituto, “pues veo que se firman muchos convenios con instituciones, con el fin de promover el uso del acceso a la información para que haya transparencia en el ejercicio del gobierno, pero en los hechos no funciona”.
Un ejemplo, dice, es lo que sucede con una gran cantidad de municipios de la geografía chiapaneca, los cuales carecen de una página web donde suban la información que por ley deben poner abierta al público, lo que para él anula todo el esfuerzo que aparentemente se hace en firmar dichos convenios.
“Se habla de capacitación, de orientación de cómo construir estos espacios en internet para que el público acceda a esa información básica como: salarios de funcionarios, programas, licitaciones, gastos, la cuenta pública; y si en realidad no existen esas páginas, no sirve de nada, porque se mantiene esa opacidad”, cuestiona.
No obstante que las instituciones dejaron de hacer su parte, advierte que también la gente por lo mismo no usa ese derecho en la forma en que debiera, “quizá por ignorancia, por desidia, pero también está esa parte de que sabe que es muy complicado tener el acceso a una información relevante”.
En su caso, cuenta que ya intentó en varias ocasiones obtener información en diferentes dependencias, “pero me doy cuenta de que es casi seguro de que hay que llevar ya elaborado el oficio de revisión, porque en el primer intento casi siempre te lo niegan: te dicen que no existe esa información, que no es ahí, o se tardan en contestar, o te contestan lo que no pides, como tratando de evadir o dilatar una respuesta”.
En concreto, advierte que no hay mucho avance por parte de las instituciones, de los sujetos obligados, del mismo IAIP que no les exige para que cumplan con la ley, y en parte el poco o nulo interés de la sociedad.
Lo más lamentable, refiere, es que las designaciones de quienes ocupan la titularidad del IAIP provienen directamente del gobernador, “se vuelven a modo, como pago de favores, cuotas de poder, y además no tienen el perfil de verdaderos activistas que busquen con decisión que se avance con transparencia en el ejercicio del gobierno”.
Mientras no haya una persona idónea y sin compromisos políticos, argumenta que esa situación siempre será la misma, “no creo que se avance mucho en la transparencia, la cual está en estos momentos solo en el papel, y no como un derecho que se cumpla, que se haga valer”.
Sugiere al Congreso local que revise la ley en la materia y que se modifiquen las sanciones para aquellas instituciones que no cumplan con esa ley, “es decir que se endurezcan aún más, y hasta para ellos mismos”.
Con la llegada del nuevo gobierno, supone que dentro de su estrategia general se buscará el cambio, sobre todo en esa lucha contra la corrupción, “por eso pienso que debe avecinarse un debate, una discusión, una reforma de las leyes de acceso a la información para que se cumpla ese derecho”.

MEDIOCRE Y GRIS

Para Isaín Mandujano Camacho, ese órgano de transparencia sigue siendo una entidad “con un papel gris, mediocre, cuando debería de ser más activo, y dejar de ser menos pasivo, y si tiene problemas con el presupuesto, que pida más para fomentar la cultura del acceso a la información pública”.
Estima que la transparencia no se da por decreto, “o por tener una ley, o un órgano de la materia, sino que se logra en la medida en que se fomente esa cultura del ciudadano de acceder a la información pública, porque no la hay; el IAIP debe exigirle al sujeto obligado que cumpla con lo que le solicitan”.
Por experiencia, advierte que poco sabe del trabajo del IAIP, “y eso que soy un periodista informado, ahora imagínate el ciudadano común… si hacemos un sondeo en la sociedad, y preguntáramos si saben qué es ese Instituto, para qué sirve, creo que muchos te dirán que ni saben qué es, cuál es su papel”.
Coincide con la postura de Edgar Hernández, al afirmar que desde su creación ese órgano no ha sido diáfano, “para empezar los comisionados son electos casi de dedazo por el Ejecutivo, es decir que el nombramiento se disfraza de democracia, cuando en realidad no lo es… se simula pues un proceso; por eso digo que el IAIP no es, para iniciar, un órgano autónomo, y solo algunos han sido los comprometidos”.
Deja en claro que el IAIP no es la instancia encargada de otorgar la información deseada por el solicitante, sino que media entre el sujeto obligado, el gobierno, y entre el sujeto de derecho que es el ciudadano, “y por eso esa instancia debería estar más a favor del ciudadano para que la dependencia cumpla con soltar la información”.
En su experiencia, Mandujano evidencia que los trámites ante el IAIP sean “muy burocráticos, prácticamente son desgastantes para el ciudadano común, y lo peor es que el órgano garante no presiona, por lo que tiene que ser más efectivo”.
De hecho, opina que ese órgano se ha dado más a la tarea de trabajar del lado gubernamental, cuando es más urgente y necesario que se realice una labor con la sociedad civil, “ahí es donde hace falta enfocarse más”.

IAIP Y SU LABOR EN EL 2017

De acuerdo con el reporte de la misma institución, en el ejercicio 2017 los sujetos obligados del estado recibieron un total de 9 mil 234 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se atendieron 8 mil 016, quedando en proceso de respuesta mil 218, mismas que fueron presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Del total de solicitudes recibidas, se informa que 4 mil 924 correspondieron a los tres poderes del estado en su conjunto, mil 276 a los organismos autónomos, 2 mil 721 a los ayuntamientos de los municipios del estado y sus organismos públicos, 137 a partidos políticos, 76 a fideicomisos y fondos públicos, 40 a sindicatos y 60 a personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos del erario estatal.
Detalla que el Ejecutivo, a través de las dependencias y entidades que lo integran, fue el poder más requerido con un total de 4 mil 006 solicitudes recibidas; mientras que los dos órganos del Poder Legislativo, que son el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, recibieron conjuntamente un total de 298 solicitudes (243 el Congreso y 55 el OFSCE), los tres órganos del Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justicia – Consejo de la Judicatura y Tribunal del Trabajo Burocrático) 620 y el resto de los sujetos obligados (organismos u órganos autónomos, ayuntamientos y sus organismos públicos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos), 4 mil 310 en su conjunto.
En relación a los organismos autónomos del estado, éstos recibieron un total de mil 271 solicitudes, de las cuales 328 eran dirigidas al IAIP. Asimismo, se informa que durante el ejercicio de 2017 se presentaron 462 recursos de revisión ante este Instituto, lo cuales fueron estudiados y analizados por los integrantes del Pleno de este organismo garante local para determinar el sentido de la resolución de los mismos.
También llevó a efecto 39 sesiones, 22 ordinarias y 17 extraordinarias, además se realizaron 46 acciones en materia de capacitación, inherentes al Programa Anual de Capacitación del IAIP Chiapas.
En el 2017 y con el propósito de comunicar objetivamente a los chiapanecos sobre las diversas actividades que este organismo garante realiza, se generaron 82 publicaciones en medios impresos estatales, además de que se realizaron nuevos spots de radio y televisión, difundiendo este derecho humano y fundamental con el objeto de promoverlo con los pueblos originarios, dichos spots fueron traducidos a las lenguas tsotsil y tseltal. Por otra parte, se realizaron cuatro ruedas de prensa. En las redes sociales como Facebook difundieron un total de mil 880 publicaciones en el ejercicio 2017.
Pero los señalamientos no cesan en contra de ese organismo y de quienes lo representan. Según algunas fuentes extraoficiales, se indica que el ahora titular del IAIP Chiapas, Villar Pinto, no presenta un historial tan positivo: como catedrático de la Facultad de Humanidades, en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, es de todos sabido que se ausenta de las aulas por largos periodos de tiempo, e incluso “deja tirados a los grupos” con el pretexto de estar enfermo, entre otras situaciones.
Además, por ofrecer sus conocimientos a las nuevas generaciones en la máxima casa de estudios, se embolsa cerca de 36 mil pesos mensuales líquidos, pues posee la categoría más alta: profesor de tiempo completo titular C. Empero, el sustituto de Ana Elisa Coello tendría que rendir cuentas ante la ley, debido a que no puede ostentar dos puestos al mismo tiempo, como en la actualidad ocurre: uno en la Unach y otro en el IAIP, lo que pone en entredicho su labor en este último órgano “autónomo”.