Pablo Salazar fue el recuento de nunca acabar

Roberto Domínguez Cortés/ImpactoRevista/Ultimátum

Persecuciones, represión y venganzas personales

Cuando Pablo Salazar Mendiguchía estaba en campaña como candidato a la gubernatura del estado, el 20 de junio de 2000, el periódico Cuarto Poder de Chiapas le publicó que su título y cédula profesional eran falsos.
Así lo había certificado el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger Guerrero, el abogado general Lauro Castillo Sánchez y la contadora Martha Pelayo Velázquez, jefa del Departamento de Exámenes Profesionales.
Pablo Salazar se ostentaba con el título de abogado, notario y actuario, con la cédula profesional 745078 perteneciente a la licenciada en psicología María Leticia Altúzar Coello, egresada de la Universidad Autónoma de Morelos.
Protegido por el presidente Ernesto Zedillo, el procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar y el gobernador Roberto Albores Guillén, Salazar Mendiguchía, en vez de ser procesado y encarcelado, resultó electo gobernador mediante un descomunal fraude electoral.
La forma y las condiciones de cómo llegó al poder auguraban autoritarismo, represión y venganzas personales. Nada escapó en Chiapas al sometimiento de poderes e instituciones y persecución a todo intento de crítica y disidencia.
Si México fuera un país de leyes e instituciones, Pablo Salazar, en vez de ser hoy candidato a senador independiente, apenas estaría saliendo de la cárcel por los delitos descubiertos durante su campaña a gobernador y los cometidos bajo el régimen de terror que representó durante seis años “la Esperanza para el 2000”.
El 24 de marzo de 2001 ordenó el asalto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para impedir que el magistrado Jorge Clemente Pérez asumiera como titular del Poder Judicial, por el solo hecho de que el candidato de Pablo Salazar no tenía la menor posibilidad de ocupar la titularidad de ese poder supuestamente autónomo.
Como respuesta a la modificación hecha al Presupuesto de Egresos y no permitirle excesos en el manejo de los recursos públicos, ordenó poner en estado de sitio al Congreso local, en donde sujetos alcoholizados manoseaban a cuanta mujer pasaba o salía de las instalaciones de la representación estatal.
Los atentados en contra del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, al grado de intentar matarlo, fueron recurrentes por el solo hecho de que el ombudsman se negaba a hacer del conocimiento anticipado de Salazar Mendiguchía las recomendaciones en contra del procurador Mariano Herrán y de los secretarios de Seguridad Pública del estado, Mauricio Gándara Gallardo y Horacio Schroeder Bejarano.
Si ni las instituciones, los otros dos Poderes y el organismo protector de derechos humanos se salvaron de la represión, es evidente que los ciudadanos quedaron en estado de indefensión durante seis años de persecuciones y abusos del pabliato.
La represión de Pablo Salazar Mendiguchía también se enderezó en contra de Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, propietarios del periódico Cuarto Poder, por el delito de haber exhibido al entonces candidato a la gubernatura, como usurpador de profesión, falsificador de título y cédula profesional e inclusive la cartilla del Servicio Militar Nacional.
La represión fiscal se dio en contra del rotativo para evitar continuar con las publicaciones que lo exhibían como un delincuente en ejercicio de un poder autoritario y represivo.
Para tratar de encontrar una solución a tan artero proceder, el dos veces Premio Nacional de Periodismo, Mario Ruiz Redondo, conminó al gobernador Salazar a terminar con agresiones y amenazas.
En respuesta Salazar Mendiguchía vaticinó a Ruiz Redondo: “De ninguna manera Mario. En unos días más le daré a Conrado a donde más le duele”.
El 25 de abril de 2002, Conrado de la Cruz Morales, hijo de los propietarios del periódico Cuarto Poder, fue detenido bajo los cargos de evasión fiscal, corrupción de menores y asociación delictuosa entre otros delitos.
De la Cruz Morales permaneció en prisión -con todas las vejaciones violatorias de sus derechos humanos que después daremos a conocer- durante tres años y ocho meses, y salió absolutamente absuelto, después de haber ganado una veintena de amparos ante los juzgados federales y tribunales colegiados de circuito.
Las instituciones de educación superior también fueron objeto de persecución política y policial.
Maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas fueron perseguidos y encarcelados por el desacato de exigir maestros con mejor preparación académica, investigadores de primer nivel y materiales de mejor calidad que los entregados como limosna a la institución de educación superior.
La violación a la autonomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas fue otro de los enormes agravios en contra de las instituciones educativas legalmente constituidas.
Pablo Salazar obligó al entonces rector, Cuauhtémoc López Sánchez, a renunciar, en venganza porque el gobernador Patrocinio González Garrido estuvo a punto de encarcelarlo por malos manejos en los dineros destinados al equipo Estudiantes de Chiapas que dirigía Salazar Mendiguchía.
López Sánchez había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia con el ex mandatario González Garrido.
La escuela normal rural Mactumatzá también fue objeto de agresiones físicas y jurídicas en su intento legítimo por obtener mayor número de plazas de sus estudiantes egresados. Ahí están las versiones videograbadas que sustentan este aserto. En el exceso, el gobierno de Pablo Salazar llegó al asesinato.
Entre otras escuelas normales rurales del país, llegó a Chiapas un contingente de la escuela normal rural del Estado de México en apoyo a la Mactumatzá.
Cuando el autobús en el que transportaba a sus estudiantes, circulaba por una de las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, desde un vehículo en paralelo fue asesinado el chofer de la institución mexiquense.
La versión oficial del pabliato fue que el chofer había sido ultimado desde dentro del propio vehículo. Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, ordenó una pericial, con la cual concluyó el perito, Fermín Archila Córdova, que los disparos habían sido hechos desde el exterior, versión que jamás pudo ser refutada.
os colaboradores del gobierno de su antecesor, Roberto Albores Guillén, también fueron absueltos de todas las imputaciones y persecución del gobierno de Pablo Salazar.
El secretario de Agricultura, Librado de la Torre González, ganó 27 amparos, de los que sobresale un resolutivo del juez federal en el que textualmente ordena: “El quejoso Librado de la Torre González jamás podrá volver a ser acusado de asociación delictuosa y prevéngase al juez del fuero común para que no incurra otra vez en tal desacato”.
Lo mismo ocurrió con el ex procurador Eduardo Montoya Liévano y el ex director de la Comisión Estatal de Caminos, Arturo López, quienes obtuvieron la protección absoluta de la justicia federal en contra de los delitos inventados por órdenes del hoy “impoluto” candidato a senador independiente: el represor autoritario Pablo Salazar Mendiguchía.
Pero el mayor crimen que Pablo Salazar cometió fue el haber dejado como su sucesor al bandido irresponsable de Juan Sabines que destrozó al estado y canceló el futuro de varias generaciones, aunque en entrevista con el diario Ultimátum se diga inocente de ese inmenso agravio a los chiapanecos.
Ya se le demostrará que es otra de las tantas mentiras de Salazar Mendiguchía. Basta con señalar que heredó al vicioso de Juan Sabines a Jorge Antonio Morales Messner como secretario de Gobierno, Mariano Herrán Salvatti, fiscal general del Estado, y Horacio Shoroeder Bejarano, secretario de Seguridad Pública.
Y este es el que quiere convertirse en senador para sacrificarse por Chiapas. No lo logrará. Al tiempo. Ampliaremos…

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