Iniciará demanda por daño ambiental en contra de varios funcionarios: desde Juan Sabines Guerrero hasta Fernando Castellanos

Christian González/Ultimátum
TGZ
Más de una década de desgaste tanto económico como físico es la que ha vivido Héctor Montesinos Cano, quien venció, en un primer round, a lo que parecía un “Goliat”: la empresa española “Proactiva”, cuyos lixiviados o “jugo de basura” han provocado serios estragos en las aguas del afluente que atraviesa el predio denominado San Martín Mujular, al poniente sur de esta ciudad capital.
Convencido de que no ha sido una lucha entre particulares, como en su momento lo externó Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde con licencia por Tuxtla, advierte que en breve iniciará la “estocada final”: una serie de demandas por daño ambiental en contra de todos los funcionarios que estuvieron inmiscuidos en esta “batalla” contra una compañía que comete ecocidio en complicidad con ellos.
Nombres como el de Juan José Sabines Guerrero, Yassir Vázquez, Rosario Pariente Gavito, Jaime Valls Esponda, Felipe Granda, Samuel Toledo Córdova Toledo y Fernando Castellanos, serán parte de esa lista de personajes que tendrán que rendir cuentas ante la instancia correspondiente. No obstante, dice que están en la fase de análisis para saber a ciencia cierta a cuáles instancias acudir y por cuáles delitos demandar.
Por el momento, recuerda que Alejandro Mendoza, Amet Halil Gómez Choel, secretarios del Medio Ambiente y de Servicios Municipales, respectivamente, además del propio Fernando Castellanos, están demandados por daño ambiental cuando crearon tiraderos clandestinos a inmediaciones de Casas Geo y en el patio de Servicios Municipales de la colonia Terán, “pero de esto tampoco ha habido respuesta, a pesar de que se interpuso desde hace dos años; la Profepa se ha hecho pato”.

RECORRIDO POR SAN MARTÍN MUJULAR

En una caminata de al menos 700 metros cuesta arriba en el predio, don Héctor de forma constante se lamenta de las condiciones en las que “Proactiva” (en la actualidad “Veolia”) ha operado durante varios trienios. Le entristece ver cómo un arroyo de lixiviados emerge de un ojo de agua que incluso ya produce biogás por el alto contenido de contaminantes.
Sin embargo, no todo es tristeza: está feliz porque la demanda por daño moral que le interpuso “Proactiva” por más de 600 millones de pesos, ya es una prueba superada. Él no mintió y la ley y los juzgados lo amparan. Aunque ahora tendrá que continuar en la lucha hasta que los responsables directos e indirectos de este “crimen” al medio ambiente, paguen lo que tengan que pagar.
Como sacado de una escena bíblica del libro de Samuel, don Héctor, el David que derrotó a Goliat, sabe que esta vez tiene que dar un “golpe” más certero, a una empresa que parecía un gigante, pero que con esfuerzo le dio su primera sacudida.
Don Héctor, sin embargo las afectaciones son irreversibles… -se le comenta mientras él observa cómo un color ámbar emerge del subsuelo y fluye en forma de arroyo entre la naturaleza.
Se detiene, respira profundo y externa: “La verdad está difícil que el daño ambiental sea reparado. Ni porque pasen cinco décadas lo detendremos, pero al menos podemos frenar a esa empresa para que no siga contaminando de esta manera”.
De pronto, el entrevistado comienza a señalar, con su dedo índice de la mano derecha, varios árboles secos, tirados. “Eso es producto de los lixiviados”, responde sin titubear y prosigue: “Es increíble que Fernando (Castellanos) haya dicho que esto es un problema entre particulares”.
Y se le viene el recuerdo de inmediato: “Él mismo, cuando fue diputado local, acudió con un grupo de gente y se manifestó frente a ‘Proactiva’ y prometió tumbarla, pero no pasó nada. Fue cómplice todo el tiempo, nos engañó a todos; y no puede decir otra cosa, porque el daño ya le pega a otros sitios, como Copoya y al mismo Río Pacú, en Suchiapa”.
Para él, la empresa no operó como se estableció en el contrato porque de por medio se originó una estela de corrupción, en la que están metidos varios personajes tuxtlecos. Incluso, compara el relleno sanitario que opera Proactiva en Mérida, Yucatán.
“Es otra cosa, ni comparación, en serio. Es de primer nivel, y todavía está ubicado al lado del aeropuerto… no hay malos olores, ni escurrimientos, ni zopilotes, ni basura antes de llegar al mismo, como sí ocurre aquí; eso es un verdadero relleno, tuve la oportunidad de conocerlo”, advierte quien tiene las pruebas en mano de que la razón le ha asistido siempre.
Su “discurso regresa” a Tuxtla, y critica a quienes han estado inmersos en el tópico. Avala lo que hicieron algunos regidores, como Victoria Rincón Carrillo o Beatriz Tovilla, pero al final de cuentas califica que su labor siempre fue tibia, “a medias tintas”.
“Hubo algunos que alzaron la voz, pero no quisieron meterse en problemas; solo quisieron pasar su administración, cobrar la quincena e irse; es decir cumplir con su ambición política, porque su compromiso social no lo han tenido, y si acabamos, te puedo decir que de todos esos regidores no se hace uno”, critíca.
En la mayor parte del tiempo, comenta que se ha sentido solo, y no únicamente eso: tras recibir amenazas de muerte, y sobre todo en contra de su hijo, “tuve que tomar otras medidas: a mi chavo lo mandé a estudiar fuera de Chiapas, ya son casi cinco años, y así sigue, pero gracias a Dios no pasó a más”.
El hostigamiento no paraba. Sus hijas también fueron utilizadas como una especie de “carne de cañón” para que él, por temor, desistiera de su lucha legal. “Las típicas llamadas telefónicas de que me iban a matar, de que me tirarían en mi predio, y esas amenazas, pero gracias a Dios no ha sucedido nada”.

LAS “TRABAS”

Otro de los obstáculos que tiene que doblegar, advierte, es la ignorancia de las autoridades en el tema ambiental, “mi abogado tuvo que joderse estudiando y estudiando para defender el caso, y se lo reconozco, no fue fácil, ahora qué te digo de los jueces…”.
Prueba de ello, recuerda, es que en su contrademanda incluyó el daño ambiental, pero la juez segundo del Juzgado Civil no se la reconoció como tal, lo que lo orilló a acudir a la segunda instancia: el Supremo Tribunal de Justicia del estado, en ese entonces a cargo de Arturo Cal y Mayor Franco.
“Pero fue lo mismo, porque hicieron el ‘copia y pega’ la sentencia, me inconformo y nos vamos al Tribunal Federal, instancia que ratifica de igual manera que no hay daño moral, pero no toca la parte ambiental, según porque no fui yo quien demandó por daño ambiental; algo complicado que se pudo resolver en un juicio”, explica.
Aunque en todo el proceso ha desembolsado cerca de 8 millones de pesos, entre trámites, estudios de la calidad del agua, entre otros, Héctor Montesinos manifiesta que no se rendirá y esperará, el tiempo que sea necesario, hasta ver que se aplica la ley como debe de ser, “creo que nos llevaremos otros dos años más, pero no importa”.

Si se hace justicia, detalla que de forma inmediata, antes de que se le rescinda el contrato a “Proactiva”, ésta tendría que “componer” todas las afectaciones ecológicas al predio “y al agua de todos los tuxtlecos, porque recordemos que más debajo de mi predio está el arroyo Sabinalito, que conecta al Pacú, luego a Suchiapa, al Santo Domingo y todo lo demás”.
Por ello, insiste en que esa compañía se tiene que ir, como lo que sucede en la actualidad en la Ciudad de México.
Anhela un día recuperar al San Martín Mujular de antaño, cuando los mismos lugareños del ejido Copoya llegaban al mismo para aprovechar el agua cristalina, lo que ahora no sucede porque los lixiviados la tiñeron de ámbar.
Sobre la demanda que emprenderá, deja en claro que no se tiene que olvidar que en la misma deberán estar también los legisladores chiapanecos que simularon trabajar al respecto “y, a la tercera visita de las mesas de trabajo que según establecieron, me corrieron”.
Asimismo pone su fe en el nuevo gobierno no solo estatal sino federal, que estará a cargo de Andrés Manuel López Obrador, “no soy de los que prejuzga, y sus discursos han sido en el sentido de la protección al medio ambiente, y están dando la muestra”.
Al respecto, dice que algunos personajes relacionados con el nuevo mandatario mexicano y con el partido Morena han dado la muestra, como sucedió con un alcalde de Xalapa, Veracruz que prescindió del contrato de “Proactiva”, o lo que también pasa con Claudia Sheinbaum y César Cravioto, quienes están a punto de echar para atrás un asunto de “Veolia” en la Ciudad de México.
En concordancia, refiere que tiene las esperanzas de que los diputados electos de la ciudad tuxtleca continúen en esa línea de protección al ambiente y de la lucha contra “el cáncer que es ‘Proactiva’”.
Hasta donde se sabe, a través del abogado de Castellanos Cal y Mayor en el caso de esta compañía, Mauricio Gándara, se avanzó en el pago del adeudo por tratamiento y recolección con 35 millones, pero se actualizó una tasa más elevada por el costo de la basura.
Ante este panorama, Montesinos lamenta que “se le siga pagando a esta empresa que no hace bien su trabajo (son cerca de 11 millones mensuales), porque vemos un tiradero a cielo abierto que nos ha contaminado”.
No obstante, lo que más le agrada –asevera- es que una vez que demande a “Proactiva” por daño ambiental, ésta tendrá que comprobar que no ha contaminado, “y la verdad no tiene cómo librarla, y prueba de ello es que el Colegio Nacional de Geofísicos que contraté en su momento, le desbarató su tesis sobre que ella no dañaba el agua de San Martín Mujular”.
Propone, en caso de “echar de la ciudad ‘Proactiva’”, remunicipalizar el servicio de recolección de desperdicios, “porque de esa manera tienes el control de todo el manejo de los mismos, y de la basura que se recicle pueden generarse recursos, y verla como una aliada y no como una enemiga”.