Afirma el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que la impunidad con que actúan grupos armados armados de los Altos de Chiapas, agudiza la crisis por desplazamiento forzado en comunidades tzotziles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
Recuérdese que este Centro, de sólido prestigio internacional, fue fundado y dirigido por el obispo emérito don Samuel Ruiz y a su muerte lo sucedió el obispo de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, otro denodado defensor de los derechos humanos.
Lo grave de la denuncia es cuando el Frayba y sus dirigentes agregan: que “estos grupos armados de corte paramilitar están vinculados con redes del crimen organizado y atacan a las comunidades con la permisividad y protección del gobierno de Chiapas, además de que viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes”.
Lo que se ve no se juzga y si bien se habla de la injerencia del crimen organizado en esos hechos de desplazamiento, es porque algo debieron observar las víctimas al respecto, con esa percepción muy propia de ellos sobre todo cuando en estas comunidades la delincuencia hace de las suyas, con la seguridad de que va a actuar en la impunidad.
La delincuencia organizada se desenvuelve en territorios de poca o nula vigilancia y en pueblos donde le es fácil cooptar la colaboración de los ciudadanos aprovechándose de su ignorancia y necesidades. En un México con una cuota de 54 millones de pobres, estos pactan la colaboración o el silencio ante los requerimientos del hambre o de otras ingentes necesidades.
Si se habla de la permisividad o protección del gobierno del estado para que los delincuentes hagan de las suyas, no significa que el gobernador o los altos funcionarios otorguen su anuencia para atacar, matar y agredir, lo que ocurre es que un indígena tzotzil identifica como gobierno al policía, al soldado o a quien porte un uniforme representativo de una autoridad.
Estas personas pueden, en un momento de debilidad, de necesidad o de temor, pactar con la delincuencia sin molestias e interferencias. Estos pactos se llegan a concertar con las víctimas, la autoridad y la misma Iglesia que prefieren la paz y la conciliación y no el dolor y la muerte que produce la violencia.
Allí está el caso del obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, que tuvo que hablar con un líder del narco en la montaña para que se respetara la vida de los candidatos a un cargo de elección popular. Fue un diálogo franco y abierto del que se esperan buenos resultados ya que el gobernador de ese estado jamás ha hecho algo para amainar la violencia existente y si no garantizar la vida los ciudadanos que gobierna como es su deber, la jerarquía eclesiástica busca por otros medios esa seguridad.
Lo que sucedió en Aldama es un hecho doloroso, un padre de familia tzotzil y sus dos hijos en la plenitud de su vida uno de 17 años y el otro de 11, fueron asesinados a balazos cuando se dirigían a cultivar su parcela. Aquí sí el gobierno tiene que hacer lo máximo posible para hacer justicia y llevar ante los tribunales a los asesinos, para que las especulaciones no alcancen elevados tonos.
El obispo Vera López dijo en enérgica crítica: “durante marzo estas acciones violentas provocaron el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Kokó y 185 de Cotzilman. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha toma medidas para atender y proteger a más de 747personas desplazadas, la mayoría mujeres y niños que se suman a las siete familias desplazadas desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor”.
Cruzar los brazos ante tan inicuos acontecimientos tampoco es válido. Mucho se debe hacer en favor de esas mujeres y niños desplazados que deben sufrir lo indecible, cuando no sienten el menor respaldo de la justicia.