Conagua tiene que explicar cuántos títulos de concesión están vencidos en Chiapas, demanda el investigador Antonio García

Christian González/Ultimátum
TGZ
El rechazo a los 10 decretos de reserva de agua firmados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 5 de junio pretérito y publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación, especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, se tradujo ya en una cascada de amparos.
De acuerdo con un estudio efectuado por organizaciones chiapanecas, en el caso de las cuencas hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de veda corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales; construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país.
Además, se establece que se busca apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1 millón 121 mil 911 hectáreas concesionadas a medio siglo a empresas internacionales, principalmente; suministrar agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509 mil 023 hectáreas de la región Norte; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en la próxima década.
Según las mismas y lo que provocó la cascada de amparos, fue que en estos decretos se modificó el estatus de veda ─prohibición para la concesión del líquido─ que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. De hecho, “consideramos que éstos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno federal de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial”.
En sí, los 10 decretos establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en casi 200 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial.
Por ello las agrupaciones, entre éstas Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (Cepazdh), Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático, refieren que es la única salida que han encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional, tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora ─tanto la “Korenfeld” en 2015 como el “Borrador Pichardo” en abril 2018, las cuales fueron detenidas gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana─.
Entrevistado en esta ciudad, Antonio García García, doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, asevera que ante este panorama, ahora le toca a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicar cuántos títulos de concesión de agua aún siguen vigentes (otorgados de 1995 a la fecha), “porque si hay vencidos, son los que pueden perder el agua con esos decretos, y es ahí donde se derivan los amparos”.
Ejemplifica: “Si yo tenía un manantial y cuento con una concesión para regar cinco hectáreas, y a mí no me avisó la Conagua hace cinco meses sobre esos decretos y actualizar mis títulos para evitar problemas, pues ahí viene el problema, porque no lo hizo, sino que dejó correr el tiempo y que se vencieran esos títulos, y así quitar los títulos”.
Aunque deja en claro que todas las aguas subterráneas y superficiales son aguas nacionales y el que tiene la facultad para otorgar esos títulos de concesión es la Conagua, cuestiona la forma en la que actuó; “otro ejemplo: tú tienes un permiso del SMAPA de Tuxtla, pero ya venció, y llega un vecino a pedirme el agua de esa persona, y yo como el SMAPA se la doy, pues de igual forma actuará la Conagua con los títulos de concesión”.
El también investigador en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo, con sede en San Cristóbal de Las Casas, insiste en que la Comisión aclare cuántos títulos de concesión están vencidos en Chiapas, “¿cuántos están vencidos a la fecha del 6 de junio? Porque todas esas personas se quedan en el aire porque les quitarán el agua”.
Lo más lamentable, externa, es que detrás de los decretos se mueve una serie de megaproyectos a nivel nacional, lo que también repercute en Chiapas, “y por obviedad se necesita mucha agua para echarlos a andar, y solo veamos lo que sucede con la minería, o ahorita está el problema de la hidroeléctrica que pretenden establecer en el Río Santo Domingo, en el centro ecoturístico Las Nubes”.
Solo para ejecutar un proyecto de esa índole, dice, se requiere también de grandes cantidades de electricidad y de agua, “y hoy estamos hablando de 98 hidroeléctricas más en la entidad, entre las medianas y las grandes; ya hicieron cuatro de la CFE, y para ello se apoderaron de tierras muy fértiles, es decir que esas tierras agrícolas y ganaderas quedaron bajo el agua”.
Todos estos proyectos, externa, solo forman parte de un despojo de propiedades, “porque todos están concesionados a 50 años, ¡imagínate! Solo para sacar petróleo, gas, con esa técnica de ‘fracking’, se requieren millones de litros de agua; por eso decimos que los decretos no están claros”.
Sin embargo, reitera que no están dispuestos a permitir la entrada de leyes “asesinas”, como lo intentaron hacer con la “Korenfeld” en el 2015, “(las autoridades) no pudieron porque hubo una movilización nacional importante, e incluso yo participé en la misma”.
En enero de este año, rememora que el diputado José Ignacio Pichardo intentó lanzar una iniciativa en el mismo sentido, “pero era la misma de 2015 que quiso meter el exdirector de la Conagua a nivel nacional, Korenfeld, y como no pudieron meterla, Enrique Peña Nieto, utilizando a la WWF y justificando una mejor conservación del agua, bajó decretos presidenciales y ahí meten el 55% del agua en México”.
En el caso de Chiapas, recuerda que había una veda para el Río Grijalva desde 1977, es decir que no se podía utilizar más para el uso doméstico, “eso amparaba que la Conagua no diera a diestra y siniestra esas concesiones, y que se detuviera”.
No obstante, en el Artículo 7 del Decreto Presidencial se establece: “Los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación”.
En ese sentido, el investigador explicó: “Se advierte ahí que un 35% del agua es para la conservación del ecosistema de la cuenca, y yo digo: ‘Bueno, hasta ahí vamos perfecto’, pero también nos dicen que se garantizará un volumen de agua para la población, y de igual forma opino que todo bien”.
Empero, agrega, la duda comienza cuando en dicho artículo se asegura que el sobrante lo podrá concesionar la Conagua, lo que para él es una burla porque se habla de más de los 60 puntos porcentuales, “y dejemos algo en claro: la cuenca Grijalva-Usumacinta tiene 149 kilómetros cúbicos de captación de agua”.
De esa cantidad, establece que solo se utilizan y evaporan alrededor de 3 kilómetros cúbicos, “te quedan 146, pero yo digo: bajo los decretos y la justificación que hay que garantizar el agua para la población, en 50 años que usemos otros 3 km cúbicos, entonces me pregunto: si de 143 km le dejamos 43 al ecosistema, aún nos quedan 100, lo que es un montón de agua, es decir el 25% de toda el agua en el país”.
Evidencia que entonces todo ese “resto” planean concesionárselo a la CFE, a las mineras, a las empresas mineras internacionales, sobre todo de China y Canadá, “y ese es el fondo de los decretos”.
Solo desde la creación de la Ley General de Aguas, en 1992, estima que en algunos apartados de la misma son privatizadores del agua, “y en ese año el gobierno federal, con Carlos Salinas de Gortari, echar a andar varias leyes privatizadoras, como lo que sucedió con las tierras ejidales, y por eso se dieron las leyes Minera, Forestal y Agraria de ese mismo año, en ese contexto del neoliberalismo para fortalecer la iniciativa privada”.
Otra de las cuestiones que se pregunta es: “¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una técnica expertise para dar una buena opinión? Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan”.
Asimismo, comenta que la Conagua no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. “Se viola, para el caso de pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que el gobierno mexicano ha firmado y se ha comprometido” al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

CONAGUA DIO SU POSTURA

De forma casi inmediata a la publicación de los decretos y al revuelo que generaron los mismos, la Conagua estableció que la emisión de los decretos de reservar cuencas en el país “no cambia la naturaleza del agua como un bien nacional, como lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución y la propia Ley de Aguas Nacionales, por lo tanto el agua no se privatiza con estos decretos de reserva de agua”.
El propio titular de esa dependencia, Roberto Ramírez de la Parra lo aclaró: “Hemos decidido convocar a los medios de comunicación, derivado de las mentiras que se han dicho a través de actores cuyo único objetivo es buscar desorientar a la población y obtener un beneficio de carácter político-electoral en estas épocas que estamos viviendo en nuestro país”.
“Lo dijimos claramente, y lo reitero: el gobierno de la República no presentará ningún tipo de iniciativa de Ley General de Aguas que busque de ninguna manera privatizar el agua, así como tampoco se hizo a través de la emisión de estos decretos de reserva de agua”, afirmó.
Según el Artículo 41 de esa ley, “el Ejecutivo federal podrá declarar o levantar mediante decreto, la reserva total o parcial de las aguas nacionales para los siguientes propósitos: Uso doméstico y uso público urbano. Generación de energía eléctrica, para servicio público. Garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de esquemas vitales. La autoridad del agua tomará las previsiones necesarias para incorporar las reservas a la protección hídrica regional y nacional”.
Con ello, mencionó que la ley solamente le permite, al Ejecutivo federal, decretar reservas de agua para estos tres fines, “en este caso en particular, se decretó para dos fines: el abastecimiento de la población, el uso público urbano y doméstico y, número dos, para la protección ecológica, para la parte medio ambiental correspondiente”, dijo en su momento el funcionario.

HUBO OMISIÓN INSTITUCIONAL

Para Froilán Esquinca Cano, reconocido biólogo chiapaneco y en la actualidad senador del país, hubo una omisión institucional principalmente por parte de la “cabeza” de sector, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que debió presentar en los 10 decretos los resultados del estudio del Fondo del Agua, que se llevó a efecto en el Consejo de Cuenca del Grijalva-Usumacinta.
Por ese medio, especifica que se determinó el flujo del caudal que representa casi la importancia de mantener conservada o restaurada esa parte, “es decir que el 93 ó 95% del agua corra de forma normal sin obstrucciones; ese análisis se validó y se presentó en pleno”.
Es decir, refiere que esto es importante porque se habla de cómo tener una reserva de conservación de agua, “cuando se hacen los 10 decretos, con más de 270 cuencas involucradas, creo que es importante lo siguiente: si se revisan bien cada uno de ellos, tenemos que analizarlos de esa fuente de información, y sería para saber el caudal ambiental que debe de guardar cada río para ejercer su vida como ecosistema”.
Además, especifica que es importante la cuestión de la seguridad hídrica, para lo que sería esa parte de la seguridad de garantizar el agua al ser humano, y “algo que no se menciona mucho, pero está en función del flujo del agua para el aprovechamiento energético”.
Entonces, manifiesta que sí hay un tema asociado a otro, que se basa en el ordenamiento de la cuenca, “y creo que es la parte más importante, como mencioné, que no se presentó cuando se dieron a conocer los 10 decretos”.
Por ello, subraya que la importancia de que la Semarnat, además de la Conagua, la misma WWF y la Conanp, debieran analizar todos esos puntos, “y al hablar de un paquete institucional, también debe estar presente la Conafor (…) Por eso digo que hubo una omisión al momento de la presentación de los documentos de los decretos, y que también debe presentarse como un tópico que tiene subtemas, como la parte del reordenamiento del territorio, y eso nos lleva a trabajar con Sedatu y con otras instancias como Sedesol y Sagarpa, más cuando se habla de zonas de influencia con presencia de grupos indígenas y de hablantes de lenguas madre”.
En ese sentido, especifica que se debe hacer la consulta para ese tipo de trabajos, con respecto a su participación como grupos nativos u originarios, “y eso nos lleva a entender el artículo 169 de la OIT, y esos son temas asociados a todo un análisis que tenemos que hacer como país”.
Para no tergiversar la situación y se piense que se habla de una privatización, Froilán Esquinca insiste en que se tienen que interpretar bien esos decretos, “pero también tienen que explicitarse bien, y al mismo tiempo cómo someterlo a consultas públicas, y que nunca quede en duda la parte de la privatización como una expectativa de lo que sería el bien común del agua y sobre todo las cuencas, y sobre todo de Chiapas, que posee dos de los ríos más importantes del país, el Grijalva y el Usumacinta”.
Sobre los amparos, remata: “Qué bueno que sucedan este tipo de respuestas jurídicas-administrativas, pero también deben de ser de la sociedad, es decir debemos de encontrar un punto de equilibrio con los ecosistemas y las cuencas; y que el sector ambiental trabaje coordinadamente, porque no puede decir la Conagua una cosa, y aparece Semarnat con otra, más cuando se habla de un desarrollo sustentable y una gestión de territorio con responsabilidad ambiental, ¿no?”.