“La ignorancia no exime de responsabilidades. Si alguien comete una falta tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, opinó Víctor Raúl Flota Zúñiga, de la Fiscalía de Delitos Electorales en Chiapas

Dagoberto Zambrano / Ultimátum
TGZ
Existen dos mil 631 posibilidades de cometer un delito electoral.
“Ya sea por travesura, el calor electoral o por desconocimiento de la ley. La ignorancia de la misma no exime de responsabilidades. Si alguien comete una falta tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, opinó Víctor Raúl Flota Zúñiga, jefe del departamento de capacitación de la Fiscalía de Delitos Electorales en Chiapas.
Un delito electoral es una conducta de acción o de omisión, cuando este atente contra las características fundamentales del sufragio y se ponga en riesgo el adecuado desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas.
Asimismo existen infracciones fuera del proceso que son de posibilidad permanente de cometerse: las que tienen que ver con la integridad del registro federal de electores y las credenciales para votar.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General del Estado (FGE) son las instancias indicadas para atender este tipo de delitos; mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) atienden cuestiones administrativas entorno a la elección, por ejemplo, gastos de los partidos políticos e inconformidades de sus integrantes y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEE) es el encargado de resolver las impugnaciones dentro del proceso electoral.
Las características del sufragio están contenidas en el artículo séptimo de la ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales; el voto es: universal, libre, secreto, directo, funcional e intransferente; “cuando se vulnera una de estas características estamos ante un delito electoral”.
Los requisitos para votar en México son: contar con una credencial propia, ser mayor de edad, tener la condición de mexicano y un modo honesto de vivir, es decir, “No estar siendo procesado y tras las rejas por un delito que amerita esa pena corporal, hasta esta elección las circunstancias señalaban que todo aquel que estaba siendo procesado sus derechos políticos eran interrumpidos, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 2015 indica que solamente se interrumpen los derechos políticos ciudadanos si alguien está en prisión, de ahí en fuera, si alguien enfrenta un proceso pero el libertad sus derechos políticos ciudadanos están a salvo: puede votar y ser votado”.